Un juez federal intima al Gobierno a pagar los tratamientos de discapacidad congelados por el ajuste
Actualidad19/05/2026
REDACCIÓNLa Justicia de Córdoba dio un plazo de 72 horas a PAMI y al Ministerio de Salud para normalizar las transferencias a los centros asistenciales asfixiados.
El Pequeño Cottolengo Don Orione acumuló una deuda punitoria de 41 millones de pesos en intereses ante ARCA por cargas sociales y contribuciones patronales no pagadas durante el transcurso de 2026. Esta asfixia financiera se originó de forma directa en el congelamiento de las remesas que el propio Estado nacional debe liquidar a los centros de internación asistencial. Los directivos de la entidad socio-sanitaria debieron priorizar la compra de insumos básicos y el desembolso de los salarios del personal, postergando las obligaciones impositivas ante la falta de pago de las prestaciones oficiales.
La parálisis de los fondos destinados a las coberturas especiales coincide con el freno total que el Poder Ejecutivo aplicó sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. El Gobierno promulgó la normativa votada el año pasado en el Congreso de la Nación, pero resolvió suspender su ejecución presupuestaria efectiva argumentando la falta de partidas líquidas asignadas. Esta decisión económica provocó que las organizaciones y las familias damnificadas marcharan masivamente hacia las puertas del Ministerio de Economía para exigir el cese del ahogo financiero que destruye al sector.
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El juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, dictó una medida de fuerte impacto político que expone las severas deficiencias del programa general de contención social. El magistrado evaluó las planillas de deuda y las justificaciones presentadas por las carteras gubernamentales encargadas de la cobertura médica de los beneficiarios vulnerables. En su resolución, el letrado dictaminó de manera taxativa que el Estado nacional intentó “evadir o dilatar sus obligaciones constitucionales de protección integral” para justificar el recorte discrecional de los fondos de salud.
Las consecuencias biológicas de este bache financiero impactan directamente sobre el entorno familiar que absorbe los costos ocultos de la crisis de las obras sociales. Las autoridades del Centro Educativo Mi Lugar y de la organización Apadim denunciaron que la discontinuidad en los pagos dinamita la estructura de costos de los tratamientos diarios. El dictamen de la justicia federal recogió estas alarmas al advertir que “la falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado mediante la intervención terapéutica, y el esfuerzo aplicado en sostener esos espacios por parte de los grupos familiares y personas responsables del cuidado de las personas con discapacidad” en las provincias.
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La respuesta de los tribunales llegó a través de una fuerte intimación que otorga un plazo perentorio de 72 horas para regularizar los pagos y la provisión de remedios básicos. La orden obliga de forma simultánea al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación, mediante el programa Incluir Salud, a restablecer la cadena de pagos del sector. La resolución busca neutralizar de forma urgente la inminente suspensión de servicios esenciales para miles de ciudadanos que dependen exclusivamente de las pensiones no contributivas y del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La presentación jurídica que destrabó este veredicto de emergencia consistió en un amparo colectivo impulsado por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba. La letrada unificó los reclamos de los institutos de enseñanza especial y de los pacientes particulares para demostrar el daño sistémico que provoca la mora administrativa estatal. El tribunal cordobés validó la personería de los demandantes, priorizando la tutela efectiva de los derechos a la vida por encima de las discusiones contables habituales de las oficinas públicas.
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El fallo judicial estipula una vigencia obligatoria de seis meses o hasta que se resuelva la sentencia definitiva sobre el fondo del amparo colectivo presentado por las entidades de Córdoba. Esta extensión del plazo administrativo busca garantizar un paraguas de protección legal continua para que los prestadores médicos operen sin la amenaza latente de nuevos cortes de suministro de los laboratorios. Los organismos nacionales imputados quedaron bajo apercibimiento de ley, una figura jurídica que faculta al tribunal a aplicar sanciones directas si los funcionarios desacatan la intimación.
Los profesionales médicos que atienden los pabellones de internación sostienen que las demoras crónicas en la entrega de remedios configuran un peligro inminente para la estabilidad psicofísica de los pacientes. La regularidad de las terapias cognitivas requiere un seguimiento continuo y apoyos sostenidos que no admiten las dilaciones propias de la burocracia de la Jefatura de Gabinete. La falta de insumos farmacéuticos básicos desorganiza la estructura de los hogares y provoca un deterioro acelerado en personas que carecen de autonomía biológica para sobrevivir.
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La sustentabilidad económica de los institutos de rehabilitación depende ahora de la velocidad real con la que la Tesorería de la Nación acate la manda judicial. Los administradores necesitan certezas financieras urgentes para afrontar el pago de salarios de los especialistas y renegociar las deudas acumuladas con los proveedores de alimentos de los centros de salud. El sector asistencial mantiene sus alarmas encendidas ante la posibilidad de que los laberintos burocráticos federales impidan que los fondos frescos lleguen a los cajeros antes de que se produzca el colapso permanente del sistema de atención.
Fuente: LA NACION.
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