El diputado bonaerense modificó su declaración jurada ante la OA mientras la Justicia revisa su patrimonio, su casa en City Bell y un crédito hipotecario.
Francisco Adorni incorporó una herencia de $21 millones en su declaración jurada después de quedar bajo investigación judicial. El diputado provincial bonaerense, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, rectificó la información patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción. El cambio aparece dentro de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La nueva presentación ubica ese monto como “dinero efectivo en el país”, aunque no detalla el origen de los fondos. La información difundida señala que no hubo respuesta del entorno del legislador sobre si la suma corresponde a una herencia recibida tras la muerte de su padre, Jorge Adorni, ocurrida en 2012. Esa falta de precisión quedó incorporada como un punto sensible dentro del análisis patrimonial.
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La causa está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán y del juez Daniel Rafecas. El expediente corre por una vía separada de la investigación que involucra a Manuel Adorni, tramitada por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. En el caso de Francisco Adorni, la Justicia ya ordenó medidas como el levantamiento del secreto fiscal y bancario.
La rectificación no se limitó a la herencia declarada. El legislador también modificó la valuación de su casa ubicada en City Bell, un dúplex de 162 metros cuadrados del que posee el 50%. En la declaración anterior había informado un valor de $38.790.000, mientras que ahora consignó $67.500.000.
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Ese inmueble aparece conectado con otro punto central del expediente: un crédito hipotecario con el Banco Provincia. La denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano señaló que Adorni habría cancelado en 12 cuotas un préstamo de $60 millones, un monto que, según esa acusación, no podría justificar con sus ingresos. En la actualización, el imputado indicó que todavía debe $57 millones y que al inicio de 2025 debía $45 millones.
La Justicia espera información bancaria para reconstruir cómo se movió esa deuda. El fiscal pidió un “detalle completo del cronograma original de amortización”, junto con plazos, saldos adeudados y pagos imputados a la cancelación del crédito durante 2024, 2025 y 2026. También solicitó documentación sobre eventuales refinanciaciones y respaldo del origen de los fondos utilizados.
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El recorrido laboral de Francisco Adorni también forma parte de las medidas de prueba. Antes de ocupar una banca provincial, ingresó a la función pública durante la gestión libertaria como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. Luego fue promovido, en junio de 2025, al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares.
El Juzgado Federal N° 6, subrogado por Rafecas, ordenó un procedimiento en el Ministerio de Defensa. El objetivo es obtener documentación vinculada con el ingreso de Adorni al IAF y con sus recibos de sueldo. Esa información permitirá contrastar ingresos declarados, patrimonio, deuda hipotecaria y movimientos financieros bajo análisis.
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También se encuentran en proceso informes de Migraciones, Banco Central, organismos tributarios, Inspección General de Justicia, Unidad de Información Financiera y distintas entidades públicas y privadas. Esas respuestas pueden ampliar el cuadro patrimonial del legislador y aportar datos sobre operaciones, sociedades, movimientos o registros vinculados a la investigación. La incorporación formal de la última declaración jurada al expediente aparece como otro paso pendiente.
El caso mantiene una derivación política por el vínculo familiar con el jefe de Gabinete. Manuel Adorni todavía no presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y tiene plazo hasta el 31 de julio. La investigación sobre Francisco Adorni continuará centrada en la consistencia de sus bienes declarados, el origen de los $21 millones, la evolución de la casa en City Bell y el detalle real del crédito hipotecario.
Fuente. Infobae
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