El Gobierno consiguió aprobar la derogación de más de 70 normas, pero la discusión seguirá en el Senado y la sesión también incluyó zona fría.
La Cámara de Diputados le dio al oficialismo una victoria legislativa con un margen amplio, aunque lejos de cerrar la discusión política. La llamada Ley Hojarasca obtuvo 138 votos positivos, 96 negativos y nueve abstenciones. El texto pasó al Senado, donde el Gobierno buscará la sanción definitiva para completar la derogación de más de 70 normas consideradas obsoletas.
La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. Su objetivo declarado es depurar el digesto jurídico mediante la eliminación de leyes que el oficialismo considera inútiles, superadas o incompatibles con su programa de reducción regulatoria. La media sanción llegó en una sesión cargada de otros temas sensibles, entre ellos el proyecto que redefine el alcance geográfico del régimen de subsidios al gas por zona fría.
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El resultado expuso una mayoría favorable al planteo desregulador del Gobierno, pero también mostró una oposición numerosa que cuestionó el sentido político del proyecto. La votación dejó a La Libertad Avanza con una señal parlamentaria fuerte para sostener su agenda de reformas. Sin embargo, el trámite legislativo todavía depende de lo que ocurra en la Cámara alta.
El diputado nacional Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió el proyecto con un discurso centrado en la libertad individual y la reducción de regulaciones. El legislador libertario cuestionó a la política tradicional por acumular normas que, según su mirada, complican la vida cotidiana del ciudadano. “Creen que estamos para guiar, para controlar, para auditar, para monitorear, para intervenir, y para agravar cada paso del ciudadano haciéndole la vida absolutamente imposible”, afirmó.
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Benegas Lynch sostuvo que la calidad institucional no puede medirse por la cantidad de leyes aprobadas. En ese tramo, apuntó contra lo que definió como una carrera legislativa para acumular proyectos sin aplicación real. “Medir la calidad legislativa por la cantidad legislativa es lo que he observado en estos dos años y medio”, señaló, antes de calificar esa práctica como “francamente patética”.
La defensa oficialista también incluyó una lectura doctrinaria sobre el rol del Estado. Benegas Lynch afirmó que “los gobiernos no nos otorgan derechos sino que nos reconocen derechos” y remarcó que las normas deben proteger la vida, la propiedad y el derecho. En su exposición, presentó la Ley Hojarasca como una salida al “laberinto regulatorio” que, según dijo, afecta al “laburante argentino de bien”.
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El diputado Nicolás Mayoraz, también de La Libertad Avanza, detalló los criterios usados para seleccionar las normas a derogar. Mencionó leyes superadas por regulaciones posteriores, normas obsoletas por cambios tecnológicos, organismos inexistentes y procedimientos imposibles de aplicar. Entre los ejemplos citó la ley de Azotes, la ley de microfilmación y la ley de mochileros, a las que ubicó dentro de un paquete normativo sin utilidad actual.
Mayoraz planteó que esta Ley Hojarasca sería la primera de una serie de iniciativas con el mismo propósito. También cuestionó normas que, según explicó, tenían un carácter meramente declamatorio y no producían efectos concretos. “El punto central de la Ley Hojarasca es el paradigma de la libertad”, resumió al defender el proyecto como parte de la batalla cultural planteada por el Presidente.
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La oposición rechazó la iniciativa con argumentos ligados al deterioro del Estado y a la falta de claridad sobre sus consecuencias. El diputado de Unión por la Patria Nicolás Trotta sostuvo que “detrás de esta cortina de humo pretenden seguir destruyendo al Estado”. Su crítica ubicó el debate más allá de la técnica legislativa y lo leyó como una pieza del programa político del oficialismo.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman también cuestionó con dureza la aprobación. La legisladora advirtió que “hay que ser muy termo para votar una ley como ésta” y puso en duda que la mayoría de los diputados conociera el contenido concreto del texto. Además, rechazó la idea de que se tratara de una norma inocua, uno de los puntos usados por el oficialismo para defender la depuración legal.
Fuente: N A
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