Rechazan abrir las cuentas de Cristian Graf por el crimen de Diego Fernández Lima
Policiales21/05/2026
REDACCIÓNMientras la fiscalía busca rastrear conductas económicas posteriores al asesinato de 1984, los abogados del dueño de la casa aceptan excavar el patio.
La pugna en los tribunales por el asesinato de Diego Fernández Lima sumó un inesperado conflicto centrado en el rastreo del patrimonio de los involucrados. El abogado del actual propietario de la vivienda bajo inspección rechazó de manera tajante el requerimiento fiscal orientado a levantar el secreto financiero de su cliente. Esta postura defensiva instaló una fuerte línea de discusión técnica sobre la utilidad real de examinar transacciones bancarias históricas en una causa penal reactivada cuatro décadas después de la desaparición del adolescente.
Los representantes legales del sospechoso basan su estrategia en trazar una línea divisoria estricta entre la recolección de evidencia física y el control de los movimientos de fondos. El letrado Martín Díaz cuestionó formalmente esta medida patrimonial ante Noticias Argentinas al asegurar que “no tiene sentido” porque a su criterio “no tiene nada que ver con el hecho que se está investigando, un homicidio que ocurrió hace 42 años atrás”. Para la defensa, este intento por revisar la contabilidad de largo plazo carece de sustento típico en un expediente de sangre y “atenta contra el decoro, es como si espiaran la correspondencia o los mail de una persona”.
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Los abogados del titular del inmueble adoptaron una posición opuesta respecto de las inminentes tareas de remoción de tierra dictadas por la justicia en el barrio porteño de Coghlan. La defensa confirmó que “no hay objeción” frente a la nueva inspección terrestre que ejecutará el personal de criminalística en el jardín de la avenida Congreso al 3700. La decisión judicial de intervenir el suelo se sustenta directamente en un informe técnico de la División Prospección Geofísica de Gendarmería Nacional, cuyos operarios detectaron una preocupante anomalía en una franja adyacente a la medianera derecha del terreno.
El impulso definitivo para profundizar estas búsquedas materiales responde a una fuerte corrección procesal dictada por los tribunales superiores de apelación. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dejó sin efecto un sobreseimiento previo que beneficiaba al principal investigado por considerarlo una medida totalmente prematura. A partir de este vuelco en el expediente, el fiscal Martín López Perrando, titular de la Fiscalía N°61, ordenó utilizar tecnología de última generación para evitar el desgaste de realizar excavaciones a ciegas en el patio residencial.
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La reconstrucción judicial busca subsanar una larga cadena de desidias institucionales que comenzó el 26 de julio de 1984, el día exacto en que el menor de edad fue visto por última vez con vida en Villa Urquiza. La familia radicó la denuncia penal de manera inmediata tras perderle el rastro, pero la policía de la época prefirió encasillar el episodio bajo la carátula burocrática de “fuga de hogar”. Ese diagnóstico inicial defectuoso paralizó cualquier posibilidad de recolectar testimonios frescos y mantuvo el caso congelado en los archivos estatales durante más de cuarenta años.
El misterio comenzó a develarse de manera trágica el 20 de mayo de 2025 a raíz de un desmoronamiento de tierra accidental provocado por una obra en la finca lindera a la casa de Congreso 3742. El desprendimiento del jardín sacó a la superficie los fragmentos óseos del chico y obligó a convocar de urgencia al prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense. Los antropólogos forenses se encargaron de realizar los análisis de laboratorio pertinentes y lograron confirmar la identidad de la víctima mediante un cotejo genético directo con las muestras biológicas de su madre.
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Los estudios forenses posteriores determinaron de manera concluyente que el adolescente falleció a causa de una puñalada certera en el tórax que dejó una lesión ósea nítida en la cuarta costilla derecha. La autopsia científica también constató que los autores del crimen perpetraron un intento de desmembramiento antes de ocultar el cadáver en el patio trasero. Los restos humanos terminaron depositados de manera precaria en una fosa improvisada excavada a unos 60 centímetros de profundidad respecto de la superficie del jardín.
Los investigadores policiales recolectaron junto a la osamenta una serie de elementos cotidianos que permitieron fijar con exactitud el marco temporal del violento episodio. Entre la tierra removida del chalet de Coghlan aparecieron una corbata escolar, las llaves de la víctima, un llavero de la época y una misteriosa moneda japonesa. La presencia de un reloj calculadora, un accesorio tecnológico característico de la primera mitad de la década del ochenta, sirvió para ratificar que el ocultamiento coincidió con los días posteriores a la desaparición.
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La nueva etapa de excavaciones controladas intentará determinar si el subsuelo de la propiedad todavía resguarda piezas óseas faltantes u otras evidencias físicas determinantes para la imputación. La justicia metropolitana busca precisar el nivel de participación criminal del propietario actual y reconstruir las conductas ejecutadas para garantizar la impunidad del homicidio. El éxito de esta pesquisa tardía dependerá tanto de los hallazgos materiales ocultos bajo la medianera como de la resolución de la disputa financiera que mantiene paralizado el acceso a los registros bancarios.
Fuente: NA.
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