Compra de tierras por extranjeros: la decisión será de las provincias
Política21/05/2026
Sergio BustosEl Gobierno dio otro paso en el Senado para avanzar con una reforma que podría cambiar de manera profunda las reglas sobre la compra de tierras rurales en la Argentina. El oficialismo logró dictamen para un proyecto que elimina los límites actuales para la adquisición de terrenos por parte de extranjeros y transfiere a las provincias la potestad de autorizar esas operaciones.
La iniciativa todavía no llegará al recinto de inmediato. La Libertad Avanza decidió postergar el debate hasta la primera semana de junio con el objetivo de negociar apoyos con sectores dialoguistas y con el bloque peronista Convicción Federal, alineado con gobernadores aliados.
El despacho obtuvo respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Provincias Unidas y Despierta Chubut. Según explicaron fuentes parlamentarias, el oficialismo busca aprovechar las próximas dos semanas para intentar ampliar la mayoría y evitar sobresaltos en la votación definitiva.
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Uno de los puntos centrales del proyecto elimina los topes vigentes para la compra de tierras por parte de empresarios extranjeros. Sin embargo, el nuevo esquema establece que cada provincia tendrá la facultad de regular o restringir esas operaciones de acuerdo con sus propios criterios y necesidades territoriales.
La senadora Patricia Bullrich defendió la iniciativa y aseguró que apunta a “fortalecer el federalismo”. Según sostuvo, el objetivo es abandonar una lógica centralizada y permitir que las provincias administren sus recursos y definan políticas específicas sobre tierras rurales y recursos naturales.
El proyecto igualmente mantiene algunas prohibiciones. No podrán adquirir tierras estados extranjeros ni empresas controladas parcial o mayoritariamente por gobiernos de otros países. Tampoco podrán participar fondos fiduciarios integrados principalmente con recursos estatales extranjeros.
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La reforma también incorpora cambios sobre desalojos y conflictos habitacionales. El texto establece un procedimiento de “desalojo exprés” únicamente para casos de usurpación, mientras que para situaciones vinculadas a incumplimientos de alquileres se mantendrán plazos de intimación previos antes de avanzar judicialmente.
Uno de los cambios negociados durante el debate amplió de cinco a diez días el plazo para intimar el pago de alquileres atrasados. Además, se definió que las notificaciones podrán enviarse tanto a domicilios físicos como electrónicos declarados en el contrato.
Durante el tratamiento en comisión, el peronismo cuestionó la velocidad del trámite parlamentario y reclamó más tiempo para revisar las modificaciones incorporadas al proyecto. La senadora Jimena López advirtió que el oficialismo pretendía avanzar “sin tiempo para poder analizarlo” y pidió una nueva reunión antes de emitir dictamen.
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También hubo objeciones sobre los cambios vinculados al manejo del fuego y el impacto ambiental. El ex gobernador Jorge Capitanich sostuvo que las modificaciones deberían pasar previamente por audiencias públicas y remarcó que deben ser compatibles con la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
Desde la UCR, en cambio, respaldaron la iniciativa y celebraron varias de las modificaciones incorporadas durante la negociación parlamentaria. El senador Eduardo Vischi señaló que resulta lógico que las provincias definan regulaciones específicas sobre la compra de tierras rurales por extranjeros, ya que son las responsables directas de administrar sus recursos naturales.
La discusión abre un nuevo frente político dentro del Congreso en torno a la propiedad de la tierra, la autonomía provincial y el alcance de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. Mientras tanto, el oficialismo trabaja para llegar al recinto con un número más sólido y evitar que el proyecto quede trabado en el Senado.
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