La Corte Suprema cerró un juicio de veinte años contra las petroleras de Vaca Muerta

El máximo tribunal rechazó la demanda de ASSUPA por falta de rigor técnico. Las organizaciones civiles deberán presentar peritajes previos antes de litigar.

Las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la ecología enfrentan un fuerte obstáculo procesal para litigar ante los tribunales de la Nación. El máximo tribunal del país estableció pautas sumamente rigurosas que impiden tramitar denuncias genéricas sobre la contaminación de extensas regiones productivas. A partir de esta resolución, cualquier entidad civil que pretenda cuestionar el impacto ambiental de la actividad industrial deberá incorporar estudios técnicos exhaustivos y delimitaciones geográficas milimétricas antes de activar la competencia de los magistrados federales.

La parálisis definitiva del expediente promovido por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) desnudó la fragilidad metodológica de los reclamos colectivos históricos. La entidad pretendía responsabilizar de manera global a las corporaciones energéticas por supuestas alteraciones en los suelos, el agua y el aire de la Cuenca Neuquina. Sin embargo, los ministros de la justicia federal consideraron inviable la continuidad del trámite tras constatar que la presentación exhibía una alarmante vaguedad que imposibilitaba ligar de forma directa los hechos denunciados con un perjuicio territorial concreto.

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El veredicto adverso para la organización civil llevó las firmas del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, junto a los conjueces Silvina Andalaf Casiello, Rocío Alcalá y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas. Los magistrados utilizaron términos sumamente severos para describir las falencias estructurales de una presentación que acumuló más de dos décadas de inercia burocrática en los casilleros judiciales. En los considerandos principales del escrito, los firmantes sentenciaron que “la prueba ofrecida por la actora no persigue la corroboración de circunstancias fácticas, sino que pretende una investigación sobre las conjeturas formuladas en la demanda”.

La resolución judicial benefició de forma directa a un conglomerado de operadoras de gran envergadura económica que extraen hidrocarburos no convencionales en la región patagónica. Firmas como YPF, Pampa Energía, Chevron San Jorge, Pluspetrol, Pan American Energy, Total Austral, CAPEX, PCR y Vista Oil & Gas quedaron desvinculadas de una causa que exigía la creación de un fondo millonario de restauración integral. La envergadura del litigio también involucraba los intereses del Estado Nacional y de las administraciones provinciales de Neuquén, Mendoza, La Pampa y Buenos Aires, las cuales intervinieron en el proceso en calidad de terceros interesados.

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Los ministros del tribunal invalidaron la estrategia de la parte demandante, que pretendía delegar en las futuras pericias de la causa la localización exacta de la contaminación y la identificación de las firmas responsables. El derecho ambiental argentino exige delimitar con absoluta claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los episodios lesivos al momento de sentarse frente al estrado. Iniciar un proceso de semejante magnitud institucional basándose en un diagnóstico difuso constituye un defecto de origen insalvable para el normal desarrollo de la actividad jurídica general.

La desestimación del caso deja una fuerte advertencia para las fundaciones comunitarias respecto a la necesidad de agotar las herramientas administrativas previas al inicio de la vía penal o civil. Los jueces recordaron explícitamente que la asociación demandante disponía de facultades legales plenas para exigir información ambiental detallada a los ministerios y dependencias de control estatal tanto de órbitas provinciales como nacionales. La omisión de estos pasos exploratorios previos debilitó el sustento documental de la causa, dejando el reclamo colectivo en el terreno de las suposiciones teóricas abstractas.

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El paso del tiempo operó como un factor de desgaste implacable para una disputa corporativa que superó los veinte años de deambular por los pasillos tribunalicios sin alcanzar una fase de definiciones concretas. Durante este extenso intervalo temporal, el máximo órgano de justicia emitió reiteradas intimaciones exigiendo la presentación de documentos técnicos respaldatorios que demostraran una afectación verosímil de recursos de carácter interjurisdiccional. La persistencia de ASSUPA en sostener generalidades desoídas terminó por agotar la paciencia procesal de los magistrados, quienes optaron por clausurar definitivamente el expediente acumulado.

La distribución de las costas del juicio se determinó por el orden causado, una decisión excepcional fundamentada exclusivamente en la notable complejidad jurídica que revisten los debates de preservación ecológica a gran escala. Esta medida salomónica evitó una quiebra financiera inmediata de la organización no gubernamental, pero ratificó el cese de sus pretensiones de forzar tareas de recomposición ambiental obligatorias en los yacimientos productivos. Las petroleras de la Cuenca Neuquina logran así un blindaje procedimental significativo frente a los embates judiciales masivos que carezcan de certificaciones científicas previas a la interposición del escrito inicial.

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Las tensiones subyacentes respecto a la sustentabilidad del desarrollo energético en el megayacimiento de Vaca Muerta sobreviven al archivo de esta causa histórica. Las agrupaciones vecinales y los defensores de los recursos naturales deberán reconfigurar por completo sus equipos de asesoramiento legal si pretenden revertir la inercia protectora que este fallo derrama sobre el sector empresarial. El nuevo estándar procesal fija un techo sumamente elevado para la fiscalización ciudadana, abriendo el interrogante sobre la capacidad real de las comunidades locales para financiar los costosos peritajes internacionales que la justicia nacional exigirá a partir de este momento.

Fuente: NA.