Chubut adhirió a la Ley Antimafias para perseguir organizaciones criminales

Política21/05/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

La Legislatura aprobó la adhesión a la norma nacional, que incorpora cooperación judicial y penal frente a bandas complejas en la provincia.

Votación en la Legislatura
Votación en la Legislatura

Las organizaciones criminales que operen en Chubut tendrán un nuevo marco legal para ser investigadas y perseguidas por el Estado provincial. La Legislatura aprobó por amplia mayoría la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.786, conocida como Ley Antimafias. La medida fue impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres después de una serie de hechos graves registrados en la provincia.

La sanción busca reforzar las herramientas judiciales y penales frente a estructuras delictivas complejas. El foco está puesto en bandas organizadas, esquemas de violencia territorial y delitos que requieren cooperación entre distintas jurisdicciones. La aprobación legislativa marca un cambio operativo en la forma de abordar el crimen organizado en Chubut.


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El proyecto llegó a la Legislatura dentro de la agenda de seguridad que impulsa el Gobierno provincial. Entre los antecedentes mencionados por el Ejecutivo aparece el homicidio de un testigo clave en una causa por asesinato vinculada a clanes familiares en Comodoro Rivadavia. Ese hecho fue señalado como parte del contexto que aceleró la decisión política de promover la adhesión.

La nueva ley provincial no crea una norma aislada, sino que incorpora a Chubut al régimen nacional ya vigente. Ese punto resulta central porque permite articular mecanismos entre organismos judiciales, fuerzas de seguridad y distintas jurisdicciones. El objetivo es que las investigaciones no queden fragmentadas cuando las organizaciones criminales actúan con ramificaciones, vínculos o despliegue territorial.


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Torres celebró el acompañamiento legislativo y sostuvo que la norma representa un salto en la respuesta estatal. El mandatario afirmó que la Ley Antimafias “es una herramienta fundamental para avanzar contra organizaciones y bandas que durante mucho tiempo sembraron el miedo en nuestra provincia”. La frase ubicó a la seguridad pública como eje principal de la discusión parlamentaria.

El gobernador también planteó que la aprobación envía un mensaje directo a quienes integran estructuras delictivas. En ese sentido, remarcó: “Gracias al compromiso y al acompañamiento de los diputados que respaldaron esta iniciativa, hoy damos un paso importante para que los delincuentes sepan que en Chubut ya no hay impunidad”. La declaración apuntó a presentar la adhesión como una herramienta concreta de persecución penal.


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La ley establece mecanismos de cooperación permanente entre organismos y jurisdicciones. Esa coordinación aparece como una respuesta frente a delitos que no siempre pueden ser abordados desde una sola dependencia o territorio. La adhesión provincial permitirá profundizar el intercambio de información, la articulación judicial y la aplicación de herramientas específicas contra el crimen organizado.

El Ejecutivo también vinculó la norma con una idea de federalismo operativo. La iniciativa plantea una cooperación entre provincias y Nación sin resignar competencias propias. Bajo ese esquema, Chubut busca fortalecer su capacidad de respuesta sin quedar aislada frente a delitos que pueden superar los límites locales.


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Torres insistió en que la sociedad necesita una respuesta estatal más firme ante las organizaciones criminales. El gobernador sostuvo que “la sociedad necesita respuestas concretas y un Estado decidido a enfrentar a quienes creen que pueden estar por encima de la ley”. Esa definición conecta la aprobación de la norma con una demanda pública de seguridad y control institucional.

La ley también fue presentada por el Gobierno como parte de una política de desarticulación de estructuras complejas. No se trata solo de perseguir hechos individuales, sino de investigar redes, roles internos, conexiones y posibles mecanismos de funcionamiento. Ese enfoque modifica la escala de intervención, porque apunta a la organización delictiva y no únicamente al autor material de un delito.

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