Cayeron los 'presta cara': hacían DNI falsos para vaciar tarjetas antes de que lleguen a los dueños
Policiales22/05/2026
REDACCIÓNLa Policía Federal desbarató una red que clonaba identidades e interceptaba plásticos bancarios en el correo. Hay 14 detenidos y millones secuestrados.
Una fábrica clandestina de documentos de identidad funcionaba oculta en el tejido urbano para alimentar estafas millonarias. Los investigadores se encontraron con impresoras de tarjetas plásticas, máquinas estampadoras, plastificadoras y rollos de papel holográfico listos para fraguar credenciales oficiales. Este equipamiento industrial permitía dotar de legalidad aparente a una organización que vulneraba los sistemas de seguridad bancaria tradicional.
El dinero en efectivo acumulado en los escondites de la banda asciende a 11.421.300 pesos y 3.600 dólares billete. Semejante caudal convivía con diez terminales de posnet portátiles y 25 teléfonos celulares utilizados para coordinar las transacciones comerciales en tiempo real. Toda esta estructura financiera permitía que los electrodomésticos adquiridos ilegalmente se transformaran en plata limpia mediante una veloz red de reventa barrial.
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Un furgón de carga ploteado con el logo falso de una conocida empresa de encomiendas servía como fachada perfecta para engañar al personal de las oficinas postales. La banda utilizaba este rodado y otros tres vehículos para interceptar los envíos de las tarjetas de crédito antes de que las víctimas advirtieran la demora en la entrega de su documentación financiera. La maniobra criminal dejaba desprotegidos a los usuarios, quienes descubrían el fraude cuando los plásticos ya registraban consumos altísimos.
La organización criminal contaba con una división de tareas milimétrica ejecutada por ocho hombres y seis mujeres distribuidos en puestos clave. El eslabón inicial de la cadena dependía de los miembros denominados “presta cara”, personas que ponían su rostro real para que fuera impreso en los DNI apócrifos con los datos de las víctimas. Otros integrantes se encargaban exclusivamente del transporte logístico de los productos y de realizar los trámites de compra presenciales en grandes cadenas de comercio.
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La dispersión geográfica de las guaridas obligó a coordinar trece allanamientos en simultáneo que unieron el Conurbano, la Capital Federal y el interior del país. Las comisiones policiales irrumpieron en inmuebles ubicados en CABA, Merlo, Morón, Moreno, San Martín, Tres de Febrero, la localidad de 20 de Junio y la ciudad santiagueña de Beltrán. Este mapa delictivo demuestra que la red poseía una flexibilidad operativa inusual para trasladar documentación adulterada y mercadería a través de diferentes jurisdicciones provinciales.
Las tareas de registro domiciliario sacaron a la luz un arsenal que excede la típica modalidad del fraude informático o documental. Entre las pertenencias de los sospechosos se halló un revólver calibre .22 listo para disparar, abundante cantidad de municiones de diversos calibres y un chaleco antibalas de uso profesional. Estos elementos de coacción física evidencian que los cabecillas de la banda estaban preparados para defender el negocio ilegal mediante el uso de la fuerza armada si la situación territorial lo requería.
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La causa judicial se inició formalmente en el año 2025 bajo la instrucción estricta de las autoridades del fuero penal federal de la zona norte bonaerense. La jueza Alicia Vence, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, lidera el expediente junto a la Secretaría N° 6 comandada por Juan Ignacio Furia. El personal judicial ordenó la inmediata detención de los catorce sospechosos luego de procesar los informes de inteligencia criminal que delataban la maniobra corporativa.
El hallazgo de 172 licencias de conducir completamente en blanco, desprovistas de fotografías y datos filiatorios, encendió las alarmas sobre el alcance de las falsificaciones. Estos plásticos semiprocesados eran el insumo fundamental para crear conductores ficticios aptos para retirar las encomiendas bancarias en los centros de distribución. La División Antifraude de la Policía Federal Argentina analiza ahora si estos documentos vírgenes fueron sustraídos de talleres oficiales o si contaban con un proveedor gráfico clandestino de alta complejidad.
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Las computadoras secuestradas y los cuadernos de anotaciones abren una etapa de análisis técnico que determinará el verdadero impacto patrimonial de la estafa. Los investigadores federales intentan establecer el número total de damnificados que nunca llegaron a recibir sus plásticos crediticios legítimos. La destrucción del circuito logístico frena la sangría de fondos de los bancos emisores, pero la Justicia penal mantiene abierta la búsqueda de posibles entregadores dentro del sistema postal de distribución masiva.
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