El RIGI le costaría al Estado más de mil millones de dólares por año en beneficios fiscales
Actualidad22/05/2026
Sergio BustosEl Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones volvió a quedar en el centro de la discusión económica por el impacto fiscal que podría generar en los próximos años. Un informe del Centro de Economía Política Argentina estimó que el Estado dejaría de recaudar entre 786 y 1.395 millones de dólares por año cuando los proyectos aprobados ingresen en plena producción.
El cálculo apunta directamente contra uno de los principales argumentos del Gobierno nacional, que sostiene que el RIGI no implica costo fiscal porque habilita inversiones que no existirían sin ese marco especial. Para CEPA, esa explicación queda debilitada por un dato concreto: al menos 7 de los 12 proyectos aprobados ya estaban anunciados públicamente o contaban con estudios avanzados antes de la sanción de la Ley de Bases.
Hasta el 11 de mayo de 2026, el Estado aprobó doce proyectos bajo el régimen, con inversiones comprometidas por unos 26.680 millones de dólares. El paquete incluye iniciativas en hidrocarburos, minería, energías renovables, siderurgia e infraestructura portuaria, aunque el peso más fuerte aparece concentrado en desarrollos vinculados a Vaca Muerta.
OTRAS NOTICIAS
Según el escenario base elaborado por CEPA, el costo fiscal anual llegaría a 1.069 millones de dólares entre 2030 y 2033, cuando la mayoría de las inversiones alcance su etapa de plena operación. El componente más relevante surge del Impuesto a las Ganancias, porque el RIGI fija una alícuota del 25% para los Vehículos de Proyecto Único, frente al 35% del régimen general.
Esa diferencia de diez puntos porcentuales implicaría una renuncia fiscal de unos 545 millones de dólares anuales. A ese monto se suman derechos de exportación resignados, estimados en 107 millones de dólares por año, con impacto principalmente en proyectos de litio y plata.
En la Patagonia, el impacto del régimen se observa especialmente en dos proyectos de alto volumen. El primero es el Oleoducto Vaca Muerta Sur, impulsado por un consorcio integrado por YPF, PAE, Vista, Pampa, Shell, Chevron y Pluspetrol. La obra prevé una inversión de 2.900 millones de dólares y exportaciones potenciales por más de 16.600 millones de dólares anuales.
OTRAS NOTICIAS
El segundo proyecto central es la planta de licuefacción de GNL de Southern Energy, integrada por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Se trata de la inversión más grande aprobada dentro del RIGI, con 15.156 millones de dólares comprometidos y una primera etapa basada en dos buques flotantes de licuefacción.
Durante la fase de construcción, prevista entre 2025 y 2028, el costo fiscal visible sería menor que en plena producción. CEPA lo ubicó entre 300 y 560 millones de dólares por año, principalmente por aranceles sobre bienes de capital importados y por el IVA pre-operativo que el Estado cancela mediante Certificados de Crédito Fiscal.
El informe también remarcó el rol dominante de YPF dentro del régimen. La compañía aparece con participación directa o protagónica en proyectos que concentran el 68,5% del monto total aprobado, equivalente a 18.267 millones de dólares sobre los 26.679 millones comprometidos.
OTRAS NOTICIAS
La discusión podría profundizarse con el denominado “SuperRIGI”, que contempla una nueva reducción de la alícuota de Ganancias del 25% al 15%. De aplicarse ese esquema, la diferencia con el régimen general pasaría a ser de veinte puntos porcentuales y ampliaría de manera considerable la pérdida de recaudación estimada.
Para CEPA, el mayor impacto fiscal se concentrará entre 2029 y 2033, cuando los proyectos empiecen a operar a plena escala. En ese momento, la combinación entre menores alícuotas, beneficios aduaneros y devolución de créditos fiscales podría volver mucho más costosa la apuesta oficial por atraer grandes inversiones.
Te puede interesar
