El Gobierno apunta a las apuestas online y prepara penas de cárcel para operadores ilegales

El avance de las apuestas online dejó de ser un fenómeno marginal en Argentina y ya ocupa un lugar central en la agenda política y sanitaria. El Gobierno nacional decidió intervenir con un proyecto de ley que propone restricciones más severas para las plataformas digitales, nuevas obligaciones para bancos y empresas tecnológicas, además de penas de prisión para quienes operen sitios ilegales.

La preocupación oficial no se limita al volumen económico que mueve el negocio. El foco aparece puesto en el crecimiento del juego entre adolescentes y jóvenes, impulsado por el uso cotidiano de celulares, billeteras virtuales y redes sociales. En distintos ámbitos educativos comenzaron a detectarse casos de endeudamiento y problemas vinculados a la ansiedad derivados de las apuestas online.

El mercado de apuestas digitales ya supera los 1.500 millones de dólares anuales en Argentina y mantiene niveles de crecimiento muy altos, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, gran parte de las operaciones continúa realizándose en plataformas no autorizadas, un escenario que dificulta los controles estatales y complica la trazabilidad del dinero.

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La iniciativa fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y tendrá como uno de sus ejes centrales la protección de menores de edad. El proyecto propone reforzar los mecanismos de validación de identidad para impedir el acceso de chicos y adolescentes a plataformas de apuestas, además de endurecer las condiciones para operar en el país.

El texto también apunta directamente contra la publicidad del sector. La intención oficial es restringir promociones en redes sociales, medios de comunicación y eventos deportivos, especialmente aquellas campañas que vinculen el juego con el éxito económico, social o personal. Las limitaciones alcanzarían a empresas publicitarias, influencers, medios y cualquier persona involucrada en la difusión de plataformas no autorizadas.

Entre las medidas más fuertes aparecen modificaciones al Código Penal. El proyecto prevé penas de entre tres y seis años de prisión para quienes exploten sistemas de captación de apuestas sin autorización oficial. Además, podrían recibir condenas quienes brinden servicios, infraestructura o herramientas a operadores ilegales.

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El Gobierno también busca involucrar a distintos organismos públicos en el control del sistema. El ENACOM tendría facultades para bloquear contenidos y publicidad vinculada a plataformas no autorizadas, mientras que el Banco Central deberá impedir transferencias desde cuentas de menores hacia sitios de apuestas online.

La Comisión Nacional de Valores también quedaría alcanzada por las nuevas obligaciones. Según el proyecto, deberá actuar contra proveedores de servicios virtuales que faciliten operaciones con plataformas ilegales. En paralelo, NIC Argentina podrá suspender o dar de baja dominios denunciados por funcionar fuera del marco regulatorio.

La propuesta incorpora además campañas de prevención, producción de estadísticas y acciones de concientización coordinadas entre Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires. El Sedronar tendría un rol central en el desarrollo de políticas públicas vinculadas a consumos problemáticos y ludopatía.

En el Gobierno sostienen que el problema dejó de ser únicamente económico o regulatorio. La expansión del juego digital entre menores, sumada a la falta de controles unificados y la proliferación de operadores informales, empujó el tema hacia el terreno de la salud pública y la protección de grupos vulnerables.