El Gobierno mantendrá facultades extraordinarias para reformar el mercado, administrar subsidios y atender las limitaciones de la red de transporte.
El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia en los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal. La medida quedó establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 585/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. El régimen vigente vencía el 9 de julio de 2026.
La decisión no incluye por sí misma un nuevo aumento de tarifas ni establece cuadros de precios para los usuarios. Su efecto principal es mantener las facultades regulatorias y operativas de la Secretaría de Energía durante la transición. El organismo podrá continuar interviniendo en contratos, precios estacionales, subsidios, combustibles, infraestructura y funcionamiento del sistema eléctrico.
La emergencia fue declarada originalmente en diciembre de 2023 y prorrogada en distintas oportunidades. Ahora, el Ejecutivo decidió equiparar su vencimiento con el régimen aplicado al transporte y la distribución de gas natural, que ya había sido extendido hasta fines de 2027. El Gobierno argumentó que ambos sistemas funcionan de manera interdependiente.
Una parte considerable de la electricidad argentina se produce en centrales térmicas que utilizan gas. Por ese motivo, cualquier restricción en la producción, contratación o capacidad de transporte del combustible puede afectar el despacho eléctrico. También puede obligar a utilizar gasoil o fueloil, alternativas generalmente más costosas.
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El decreto señala que durante 2024, 2025 y 2026 se adoptaron medidas para mejorar la cadena de pagos, modificar los precios estacionales y reducir subsidios generalizados. También se introdujeron nuevas reglas para contratos, combustibles y remuneración de la generación. Sin embargo, el Ejecutivo reconoció que esas modificaciones todavía se encuentran en etapa de implementación.
La continuidad de la emergencia permitirá profundizar la normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La Secretaría de Energía busca ampliar la contratación directa entre generadores, distribuidores y grandes usuarios, además de reducir progresivamente la intervención de Cammesa en la compra centralizada de combustibles. El período de adecuación regulatoria previsto para el mercado se extiende hasta julio de 2027.
Otro argumento está relacionado con la situación financiera del sector. El decreto indica que la cobrabilidad de las operaciones administradas por Cammesa pasó de aproximadamente el 48% en diciembre de 2023 a niveles cercanos al 97%. Pese a esa recuperación, el Gobierno consideró que el resultado todavía necesita seguimiento para evitar nuevos atrasos en los pagos.
La administración de los subsidios energéticos focalizados también continuará dentro del régimen excepcional. Energía mantendrá tareas vinculadas con la identificación de beneficiarios, las bonificaciones y la actualización de los precios estacionales. En mayo de 2026, el precio abonado por usuarios residenciales subsidiados cubría aproximadamente el 24% del costo de referencia señalado por el Ejecutivo.
El Gobierno también fundamentó la prórroga en las condiciones técnicas del sistema. Durante el máximo de demanda registrado en febrero de 2025, el margen de potencia disponible fue de apenas 4,4%, porcentaje considerado insuficiente para responder con comodidad ante fallas o eventos climáticos extremos. El parque generador, además, mantiene equipos antiguos y presenta distintas ineficiencias operativas.
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Las redes de transporte aparecen como otro punto sensible. Según el decreto, las principales estaciones transformadoras registran niveles de utilización superiores al 90%, mientras más del 60% de las fallas en distribución ocurre en alimentadores con más de 25 años. Durante 2025 solamente se incorporaron 154 kilómetros de líneas y 1.580 MVA de capacidad de transformación.
Entre las obras mencionadas figura la línea de 500 kilovoltios entre Puerto Madryn, Choele Choel y Bahía Blanca. El proyecto busca mejorar la conexión entre la Patagonia y el sistema troncal, transportar nueva generación y reducir restricciones regionales. Los aspectos regulatorios necesarios para licitar y ejecutar la infraestructura todavía se encuentran en preparación.
El Ejecutivo sostuvo que este tipo de obras requiere años de estructuración, financiamiento, adjudicación, construcción y puesta en servicio. Mientras esos proyectos no estén operativos, Energía podrá aplicar mecanismos transitorios para administrar nodos saturados, coordinar el despacho y sostener reservas. La prórroga busca evitar una interrupción de esas herramientas durante el proceso.
El DNU deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que puede pronunciarse sobre su validez. Mientras permanezca vigente, la Secretaría de Energía conservará amplias facultades para completar la reforma del mercado eléctrico. La extensión hasta 2027 confirma que, para el propio Gobierno, las mejoras registradas todavía no alcanzan para considerar superada la emergencia.
Fuente RN
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