Un mensaje de "ofrendas" coincide con pagos millonarios de la Agencia de Discapacidad
Policiales25/05/2026
REDACCIÓNLa Justicia detectó que los desembolsos oficiales calcaban las listas informales de contratistas que manejaba un operador externo. El peaje técnico era del 20%.
El 24 de julio de 2025, la estructura de la Agencia Nacional de Discapacidad liberó de forma simultánea dieciséis certificados de pago destinados a empresas contratistas del sector sanitario. Los desembolsos oficiales sumaron con precisión matemática la cifra de $2.021 millones, calcando el listado que un alto funcionario le envió de manera informal a un operador externo pocas horas antes. Los investigadores judiciales analizan esta sincronización exacta como la prueba más contundente de un mecanismo coordinado de retornos ilegales.
La documentación bajo custodia de los tribunales federales expone una contabilidad paralela donde los cobros ilegales se calculaban con un porcentaje rígido del 20% sobre cada factura estatal emitida. En las planillas incautadas figuran registros explícitos como “Miguel $6.600.000” y “Guadalupe $1.650.000” con la anotación de haber sido “Cobrado el 30/6”. Estas cifras parciales coinciden exactamente con la quinta parte del dinero total que la firma proveedora debía recibir por sus prestaciones al organismo público.
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"Durante muchos años se hizo el esfuerzo se subsidiar vuelos pero los aviones iban y volvían vacíos"El fiscal Franco Picardi concentra sus principales medidas de prueba sobre la figura de Miguel Ángel Calvete, sindicado en el expediente como el articulador de las maniobras sin poseer un nombramiento formal en el Estado. Las empresas que pretendían acceder a las licitaciones estatales debían convalidar la intermediación de este gestor para garantizar el flujo de los pagos gubernamentales. La acusación formal sostiene que este operador privado “habría articulado adjudicaciones ilegales y se habría beneficiado de retornos derivados de las contrataciones”.
Los chats recuperados por los peritos tecnológicos detallan la soltura con la que se manejaban los funcionarios de la cúpula del organismo de salud. El exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, utilizaba canales alternativos para coordinar la distribución de los dividendos recaudados durante las jornadas de facturación. Los investigadores hallaron un texto explícito donde el exfuncionario le notificaba a Calvete la recaudación acumulada bajo el concepto de “Sus ofrendas de esta semana”, adjuntando la nómina de diez empresas proveedoras beneficiadas.
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Los requerimientos de información pública tramitados por el diario La Nación permitieron cruzar los datos de las comunicaciones privadas con los movimientos de las cuentas bancarias oficiales de la ANDIS. Las transferencias bancarias se ejecutaron el mismo día de los mensajes privados, confirmando que las planillas informales funcionaban como una orden de pago efectiva para la tesorería del ente. Esta triangulación documental aportada por la Agencia Noticias Argentinas transformó los indicios preliminares en un organigrama delictivo con roles corporativos definidos.
La mecánica de extorsión institucionalizada obligaba a las compañías del rubro de la salud a ceder una parte de sus ganancias legítimas para no quedar marginadas de los contratos estatales. Los intermediarios externos operaban como una aduana privada que regulaba el acceso al presupuesto público mediante el cobro de la quinta parte de los montos totales adjudicados. El sistema de reparto funcionaba con un esquema de fechas asociadas y beneficiarios registrados con nombres de pila para eludir los controles patrimoniales ordinarios.
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La sensibilidad social del organismo afectado multiplica el impacto de la maniobra delictiva debido a la naturaleza de los fondos desviados hacia el circuito informal. La Agencia Nacional de Discapacidad administra de forma exclusiva los programas de asistencia directa y los insumos médicos esenciales para las personas con vulnerabilidad física en todo el territorio nacional. Los desvíos millonarios investigados restaron recursos genuinos a un sector de la población que depende de la transparencia de las compras estatales para sostener sus tratamientos.
El avance de la causa de corrupción provocó un llamado masivo a prestar declaración indagatoria para una treintena de sospechosos vinculados a la administración pública. El Ministerio Público Fiscal notificó la citación formal de 29 personas involucradas en el entramado corrupto, extendiendo las responsabilidades penales hacia los escalafones jerárquicos más altos de la institución. Las imputaciones penales alcanzan de forma directa al funcionario Diego Spagnuolo, señalando una complicidad estructural entre los administradores formales y los cobradores privados.
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La etapa definitiva del proceso penal demandará un complejo peritaje sobre los contratos históricos para comprobar si las planillas informales constituyen una evidencia irrefutable de corrupción sistémica. Los tribunales de Comodoro Py deberán determinar con precisión técnica la trazabilidad final del dinero en efectivo que salía de las empresas contratistas. El éxito del juicio oral quedará condicionado a la capacidad de los peritos de demostrar que el dinero de los retornos terminó efectivamente en manos de la cadena de funcionarios imputados.
Fuente: NA.
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