La autopsia confirmó que al jubilado petrolero lo mataron de un puntazo en la aorta antes de desmembrarlo
Policiales25/05/2026
REDACCIÓNLos informes forenses preliminares revelaron la mecánica del homicidio ocurrido en Río Gallegos, mientras la investigación avanza sobre el uso de las tarjetas bancarias de la víctima.
El Cuerpo Forense del Poder Judicial determinó que una lesión cortante directa en la arteria aorta provocó el shock hipovolémico que terminó con la vida de Aníbal "El Turco" Eduardo Cepeda. El examen tanatológico inicial sobre los restos del jubilado de 72 años desarticuló las primeras versiones del sospechoso al comprobarse que el deceso se produjo por un desangramiento provocado por terceros y no por causas naturales posteriores. Las pericias biológicas sitúan la fecha del asesinato en torno a las últimas jornadas en que el damnificado mantuvo contacto presencial con sus allegados en la capital santacruceña.
Los encargados de la investigación criminal establecieron que el agresor ejecutó una remoción de los órganos internos de la víctima con el propósito de aliviar el peso del torso y facilitar su ocultamiento dentro de bolsas plásticas de consorcio. El análisis de luminol realizado por la Policía de Santa Cruz ratificó que las tareas de descuartizamiento se desarrollaron utilizando la parrilla de uno de los departamentos del complejo habitacional de la calle Moyano. El imputado, Félix Marcelo Curtti, se desprendió del cuerpo arrojando las extremidades y el tronco a una fosa séptica, reteniendo las manos y la pieza cefálica.
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La hipótesis judicial más sólida sostiene que la separación de la cabeza y las manos respondió a un intento deliberado de bloquear la identificación dactilar y fisonómica del damnificado en caso de un hallazgo fortuito del contenedor. Los investigadores evalúan si el faltante de estas extremidades se vincula a una maniobra para sortear los controles biométricos de acceso a las aplicaciones financieras del jubilado. El procesado arrastraba condenas previas por estafas y robos dictadas por los tribunales de la provincia de Buenos Aires durante la década del noventa.
La detención del sospechoso se produjo tras verse acorralado por los rastrillajes viales en las inmediaciones de un albergue de la calle Pellegrini, sitio del cual había sido expulsado por problemas de conducta y morosidad en los pagos. Las pericias tecnológicas sobre el teléfono móvil de la víctima, localizado destruido en un terreno lindero al cementerio local, quedaron a cargo del personal de Apoyo Tecnológico de la fuerza de seguridad. Los registros demuestran que el aparato se mantuvo operativo tras el homicidio para responder mensajes y postergar el pedido de averiguación de paradero.
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Las alertas sobre la desaparición del jubilado petrolero fueron radicadas en la Comisaría Primera por su empleada doméstica, DF, quien desconfió de la redacción de los textos que recibía en su dispositivo móvil desde finales de abril. La víctima residía de manera temporaria en un inmueble amoblado cercano a la Casa de Gobierno y planeaba retornar a la provincia de Mendoza junto a su esposa a principios de mayo. El único patrimonio registrado a su nombre en la localidad correspondía a una camioneta particular que terminó secuestrada por estacionamiento indebido en la vía pública.
Los testimonios recopilados en las salas de juego de la ciudad describen al damnificado como un apostador habitual de ruleta que exteriorizaba una conducta ingenua respecto de la seguridad de sus activos financieros. Clientes del establecimiento recreativo señalaron que el jubilado solía exhibir las pantallas de su banca electrónica ante terceros debido a dificultades operativas para registrar los saldos necesarios para el juego. Los rumores sobre el cobro de una indemnización extraordinaria cercana a los 200 millones de pesos por sus años de actividad en el sector petrolero habrían actuado como el detonante del ataque.
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"Durante muchos años se hizo el esfuerzo se subsidiar vuelos pero los aviones iban y volvían vacíos"Los registros de supervivencia indican que el imputado continuó desarrollando actividades de venta ambulante en el radio céntrico y en el barrio Belgrano durante las semanas posteriores al crimen para financiar sus consumos personales. Las fuentes del caso confirmaron que el detenido buscó resguardo de las inclemencias climáticas pernoctando en una estructura edilicia abandonada de la calle Sarmiento, deshabitada desde 2017 y afectada por un siniestro ígneo en febrero. Las tareas de campo actuales se concentran en el barrio Los Arrabales para localizar prendas de vestir y una mochila utilizadas en la secuencia.
La defensa técnica del acusado se encuentra bajo la responsabilidad del defensor oficial Raúl Guerrero, mientras que la representación de los derechohabientes es ejercida por el abogado penalista Cristian Arel en coordinación con su colega Gabriel Bertorello. El hijo de la víctima, Cristian Cepeda, completó los trámites de entrega del vehículo peritado y retornó a territorio mendocino con las cenizas de su padre. El Juzgado de Instrucción N°1, comandado por Gerardo Giménez, dispone de plazos procesales perentorios para resolver la calificación legal del procesamiento definitivo.
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El equipo querellante formalizó la solicitud de detención de dos personas que resultaron identificadas durante los allanamientos realizados en las propiedades de las calles Cantarutti y Cañadón León. En esos procedimientos las fuerzas policiales secuestraron el Documento Nacional de Identidad y las tarjetas de débito de Cepeda, las cuales registraron movimientos comerciales tras su desaparición física. La incorporación tardía de los testimonios de estos sospechosos al expediente principal mantiene bajo análisis técnico si existió cooperación secundaria en el homicidio o si la participación se limitó al uso fraudulento de los plásticos.
Fuente: La Opinión Austral
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