Menor abusada por su padre, era golpeada con un cable para que no hablara

Policiales25/05/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

El equipo médico del hospital regional evalúa la evolución física de las menores de 11 y 14 años, en tanto un equipo interdisciplinario analiza el entorno socioambiental.

Abusos contra menores (Foto: Freepik)
Abusos contra menores (Foto: Freepik)

El Hospital Regional de Goya funciona actualmente como el espacio de resguardo clínico y psicológico para las dos menores de edad retiradas de su hogar en el paraje rural de Carolina. Los profesionales de la salud controlan de forma permanente la evolución de las pacientes, quienes ingresaron al establecimiento tras un despliegue policial de emergencia derivado de una alerta institucional externa. El Juzgado de Familia de la jurisdicción tomó control directo sobre la situación tutelar para determinar de forma fehaciente con qué familiares convivirán las nenas de manera definitiva.

La orden de prisión preventiva que pesa sobre el progenitor se fundamentó de manera directa en los informes técnicos confeccionados por los peritos forenses del centro de salud. Los exámenes médicos detectaron de forma coincidente la presencia de lesiones compatibles con ataques de índole sexual de larga data en los cuerpos de ambas víctimas. Con estas conclusiones materiales incorporadas al expediente penal, la fiscal María Eugenia Ballará formalizó la imputación del sospechoso ante el Juzgado de Garantías, logrando el cese de su libertad ambulatoria.


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El quiebre del silencio familiar se produjo el pasado martes 12 de mayo en las instalaciones de una escuela agraria de la mencionada comuna correntina. Una docente del establecimiento detectó signos evidentes de maltrato físico crónico en las extremidades de la alumna mayor, resolviendo separarla del grupo de estudio para iniciar una entrevista reservada. En ese espacio privado, la adolescente detalló haber sufrido un severo castigo corporal ejecutado con cables conductores de energía durante la jornada previa en el domicilio que compartía con el imputado.

Las declaraciones iniciales de la estudiante ante el cuerpo de profesores revelaron que las agresiones físicas directas constituían un mecanismo de coerción sistemática aplicado por el acusado dentro de la propiedad familiar. Las golpizas tenían como propósito evitar que trascendieran las vejaciones cometidas contra ella y contra su hermana menor de 11 años durante los momentos en que la vivienda quedaba sin supervisión de otros adultos. El aviso inmediato de la dirección escolar a las autoridades de la Policía de Corrientes dio paso al inicio de las actuaciones judiciales urgentes.


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La línea de investigación criminal que comanda el Ministerio Público Fiscal concentra sus esfuerzos actuales en deslindar las responsabilidades penales de la madre de las nenas en el ámbito doméstico. La mujer prestó testimonio formal ante las autoridades judiciales asegurando no haber tomado conocimiento de la agresión con cables ejecutada contra la mayor de sus hijas. El tribunal supeditó la modificación de la situación procesal de la progenitora al resultado de las próximas medidas de prueba y a la acreditación de su nivel de conocimiento de las dinámicas de sometimiento.

Los equipos vecinales y de asistencia social recibieron la directiva de confeccionar un informe socioambiental exhaustivo sobre las pautas de vida que mantenía el grupo familiar conviviente en la zona rural. La fiscalía sumó en paralelo las declaraciones testimoniales del personal educativo que intervino en la contención inicial y de los médicos de guardia que labraron las actas de ingreso hospitalario. En las próximas jornadas se prevé citar a una alumna del mismo curso de la víctima, quien habría actuado como el nexo que impulsó a la menor a relatar lo ocurrido.


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La estrategia probatoria diseñada para sostener la acusación en el debate oral incorporará de manera prioritaria los registros de las declaraciones de las dos hermanas bajo la modalidad de Cámara Gesell. Este procedimiento busca resguardar la integridad psíquica de las niñas, evitando que sufran instancias de revictimización durante el desarrollo de las etapas preparatorias del juicio. La misma pauta de recolección de testimonios protegidos se aplicará a un hermanastro de las menores, un joven que reside de forma independiente en otra propiedad de la localidad.

Las dependencias gubernamentales del área de minoridad de la provincia evalúan las alternativas habitacionales disponibles para el momento en que los profesionales médicos firmen el alta definitiva de las pacientes. La permanencia de las niñas en el sector de internación general responde a la necesidad de estabilizar los parámetros de salud antes de su inserción en un nuevo ámbito comunitario. Las redes familiares secundarias se encuentran bajo un proceso de auditoría legal para verificar si cuentan con las condiciones de seguridad indispensables para asumir la crianza.

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