Bolivia reconoció la muerte de un joven manifestante baleado en protestas contra el gobierno
Actualidad26/05/2026
REDACCIÓNEl Ejecutivo había rechazado la versión un día antes. El acta habla de un proyectil de arma de fuego durante el operativo para desbloquear La Paz.
La admisión llegó después de una negativa oficial y puso al Gobierno de Bolivia frente al dato más grave de las protestas. Un manifestante de 24 años murió durante un operativo policial militar vinculado al desbloqueo de La Paz, sede del Gobierno. El fallecimiento había sido negado un día antes, pero luego fue reconocido por el Ejecutivo boliviano.
El punto más sensible del caso surge del acta de defunción, que atribuyó la muerte a un “proyectil de arma de fuego”. Ese dato instaló una contradicción inmediata con la explicación oficial sobre el accionar de las fuerzas. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo que los agentes antidisturbios tenían orden de no usar armas de fuego ni balines de goma.
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La protesta llevaba tres semanas con presión directa sobre la sede del Gobierno. Los bloqueos buscaban forzar la renuncia del presidente y mantenían sitiada a La Paz, según la información difundida por medios internacionales. En ese marco se realizó el operativo policial militar durante el cual ocurrió la muerte del joven.
El reconocimiento oficial no despejó la responsabilidad por el disparo. Gálvez expresó: “Como Gobierno nacional expresamos nuestras condolencias a la familia y a la comunidad; entendemos su dolor”. La frase buscó contener el impacto público de la confirmación, aunque no respondió quién efectuó el disparo que figura en el acta.
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El fallecimiento ocurrió el sábado durante el operativo destinado a liberar los bloqueos en la sede gubernamental. La información disponible indica que el joven participaba de las protestas cuando recibió el impacto. La demora en admitir la muerte agregó un componente político al hecho, porque el Gobierno primero rechazó la versión y después la incorporó a su comunicación oficial.
La explicación del vocero intentó separar la instrucción dada a los agentes del resultado fatal registrado en el operativo. Según Gálvez, las fuerzas antidisturbios no tenían autorización para usar armas de fuego ni balines de goma. Sin embargo, el documento médico mencionado en la crónica señala una muerte provocada por un proyectil, lo que obliga a determinar el origen del disparo.
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El portavoz también dejó abierta la investigación sobre la autoría material. En su declaración afirmó: “Esto ha tenido un causante en específico y, no importa quién haya sido, nadie está por encima de la ley”. Esa definición trasladó el caso al terreno judicial, aunque todavía sin identificar públicamente al responsable.
La muerte del manifestante quedó instalada como un punto de quiebre dentro de una crisis que ya tenía a La Paz bajo presión sostenida. El reclamo contra el presidente había derivado en bloqueos y en una intervención de fuerzas policiales y militares para liberar accesos. El caso ahora suma una investigación por un disparo letal en medio de una operación estatal.
Fuente. N A
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