La ex asesora del ex presidente Alberto Fernández, Cecilia Nicolini, se presentó hoy ante el juez federal Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py.
La Justicia federal investiga posibles desvíos y abuso de autoridad en la compra de vacunas COVID-19 durante la pandemia, una causa en la que Cecilia Nicolini fue indagada hoy. Los delitos que se analizan incluyen el incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de los implicados en las negociaciones. Nicolini tuvo un rol central en la estrategia de vacunación, con contacto directo con los proveedores de las dosis.
La ex asesora del ex presidente Alberto Fernández se presentó ante el juez federal Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py. Allí, la actual diputada del Parlasur optó por entregar un escrito, evitando así el interrogatorio directo por parte de la Justicia. En el documento presentado, Nicolini negó haber cometido cualquier tipo de irregularidad relacionada con las contrataciones de las vacunas.
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El fiscal Carlos Stornelli sostiene la existencia de acciones ilegales de relevancia penal dentro de la causa que se investiga. Según el fiscal, estas maniobras estuvieron orientadas a beneficiar a determinados laboratorios y a sus representantes locales. Entre las empresas mencionadas se encuentran AstraZeneca, Sinopharm y el proveedor de la vacuna Sputnik V.
Paralelamente, la Justicia también analiza si los funcionarios públicos involucrados demoraron las negociaciones con el laboratorio Pfizer. Este último había ofrecido dosis de su vacuna en una etapa temprana de la pandemia. El propósito de esta posible dilación habría sido favorecer a otros proveedores de inoculantes.
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La investigación busca determinar la responsabilidad de los distintos actores en la gestión de la compra de las dosis. La entonces funcionaria Cecilia Nicolini fue una figura central en las negociaciones internacionales de la estrategia de vacunación del país. Particularmente, mantuvo un contacto fluido y directo con los responsables del desarrollo de la vacuna Sputnik V.
Previamente, la Justicia ya había tomado declaración a otros actores relevantes en la trama de la compra de vacunas. Entre los indagados se encuentran la ex ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el reconocido infectólogo Pedro Cahn. También fue llamado a declarar el ex subsecretario de Gestión Administrativa, Mauricio Alberto Monsalvo, quien al igual que Nicolini optó por presentar un escrito y negarse a la declaración oral.
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En contraste, la situación judicial del empresario Hugo Sigman, titular de la compañía mAbxience, permanece sin definición concreta. Su declaración indagatoria fue postergada en tres oportunidades distintas, a raíz de recursos presentados por su defensa legal. Por el momento, la Justicia no ha establecido una nueva fecha para que Sigman comparezca.
La causa judicial iniciada investiga a fondo el proceso de adquisición de las vacunas contra el COVID-19 durante el período de emergencia sanitaria. Se busca esclarecer si hubo favoritismos o decisiones que perjudicaron el interés público en la obtención de las dosis. Las presuntas irregularidades se habrían manifestado en la elección de proveedores y en los tiempos de negociación con las farmacéuticas.
Los funcionarios implicados en la investigación judicial están siendo analizados por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Estas imputaciones buscan determinar si hubo un accionar deliberado que desvió el proceso de compra de las vacunas. La causa continúa su curso en los tribunales federales, a la espera de nuevas definiciones.
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