Concesionaria pagará más de $47 millones por no entregar un auto adjudicado
Policiales26/05/2026
REDACCIÓNLa Cámara de Comodoro confirmó reintegros, daño moral y multa civil tras cuatro años de reclamo por un Fiat Argo adjudicado que nunca llegó al cliente.
Más de $47 millones deberá pagar la administradora FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados junto con la concesionaria El Tenaz Automotores S.A. por un plan de ahorro que terminó sin la entrega del vehículo adjudicado. La condena fue dictada por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y quedó integrada por reintegro de cuotas, daño punitivo, daño moral y devolución de cargos administrativos. El fallo responsabilizó a las empresas por incumplimientos vinculados con la falta de información, la demora en la entrega y la conducta posterior frente al reclamo del consumidor.
El caso comenzó con un plan de ahorro de 84 cuotas suscripto originalmente en marzo de 2016 para un Fiat Palio. En octubre de 2020, el cliente adquirió por cesión los derechos de ese contrato, que ya tenía 55 cuotas pagas. Apenas un mes después, el plan resultó adjudicado por sorteo y el ahorrista pidió avanzar con la entrega del vehículo.
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El cliente solicitó formalmente el auto el 27 de octubre de 2020 y eligió cambiar el modelo por una versión superior, un Fiat Argo HGT. También abonó de inmediato $188.742,12 por derecho de adjudicación y diferencia de valor. El plazo máximo de entrega era de 120 días corridos, con vencimiento en abril de 2021, pero el vehículo nunca fue entregado.
Durante el proceso, FCA S.A. intentó justificar la falta de cumplimiento con el argumento de “fuerza mayor” por las restricciones a las importaciones. Sin embargo, la investigación judicial incorporó informes de la Inspección General de Justicia que mostraron otro aspecto del caso. La empresa conocía esas dificultades antes de las adjudicaciones y no informó ese riesgo a los ahorristas de manera oportuna.
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La primera sentencia ya había cuestionado el mecanismo utilizado por la administradora. Según el fallo, FCA implementó un sistema de aviso de demoras recién cuando el suscriptor ya estaba adjudicado. Esa conducta dejó al consumidor sin una decisión informada y lo mantuvo “cautivo” dentro del plan, hasta que decidió rescindir el contrato en septiembre de 2021.
El reclamo llegó a la Justicia después del fracaso de la instancia administrativa en Defensa del Consumidor. En febrero de 2022, el ahorrista judicializó el caso y, en abril de 2024, el Juzgado Civil y Comercial N°1 dictó la primera condena. En diciembre de 2024, la Cámara no solo confirmó esa decisión, sino que también agravó las consecuencias económicas para las empresas demandadas.
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El componente más alto de la condena fue el reintegro de las cuotas pagas. La liquidación definitiva fijó $41.872.535,53 por la devolución de 66 cuotas, calculadas al valor actualizado de la alícuota vigente a enero de 2025, que era de $334.264,37. El criterio buscó evitar que la inflación licuara el ahorro acumulado por el cliente durante años.
A esa cifra se sumaron $4.000.000 en concepto de daño punitivo. La Cámara elevó la multa civil al considerar “desaprensiva” y “abusiva” la conducta de las demandadas. También reconoció $1.000.000 por daño moral, vinculado con las angustias, molestias y la prolongación innecesaria del reclamo, con intereses desde la rescisión de 2021.
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El fallo incluyó además el reintegro de los cargos administrativos abonados al momento de la adjudicación frustrada. Ese rubro quedó vinculado con los $188.742,12 que el cliente pagó cuando solicitó el cambio de modelo y esperaba recibir el vehículo. Para la Justicia, esos desembolsos integraron el perjuicio económico generado por una operación que no se concretó por responsabilidad empresarial.
Incluso después de la sentencia firme, el expediente registró nuevas objeciones judiciales a la conducta de FCA S.A. Durante 2025, la empresa intentó liquidar la deuda con un valor de cuota de $120.177,07, muy inferior al reconocido por ella misma en una carta documento de enero de ese año. El tribunal advirtió esa contradicción y ratificó que debía aplicarse la alícuota de $334.264,37.
La jueza Natalia Venter aprobó en octubre de 2025 la liquidación definitiva por $41.872.535,53 solo por el reintegro de las cuotas. Esa decisión fue ratificada en abril de 2026 por la Cámara, que cuestionó la “litigiosidad innecesaria” promovida por la automotriz mediante valores contradictorios. El caso deja como consecuencia central que administradoras y concesionarias oficiales responden solidariamente cuando el incumplimiento del plan de ahorro resulta imputable a las empresas.
Fuente y foto: Jus noticias
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