El expediente reúne escuchas, informes financieros, secuestros de armas, municiones y evidencia digital contra una presunta red binacional.
Treinta y cuatro personas quedaron a un paso de enfrentar un juicio oral en Mendoza por una causa que reconstruye el presunto tráfico de armas entre Argentina y Chile. El Ministerio Público Fiscal pidió que los acusados sean juzgados por integrar una organización criminal dedicada al traslado y comercialización de armamento. La investigación también detectó maniobras vinculadas con la venta de drogas en distintos puntos del municipio mendocino de Maipú.
El caso no se limita a la existencia de armas sueltas ni a hechos aislados de tenencia ilegal. La acusación describe una estructura organizada que habría movido armas de fuego, cargadores, municiones y accesorios a través de la frontera. Para los fiscales, esa dinámica permitió sostener una operatoria criminal con roles diferenciados dentro del grupo.
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La solicitud de elevación a juicio oral incluye imputaciones por asociación ilícita, contrabando agravado de armas, acopio de armamento de guerra y tenencia ilegítima de armas. Esos delitos ubican la investigación en un plano federal y transnacional, porque el movimiento del material habría involucrado a Argentina y Chile. La gravedad del expediente también se refleja en la situación procesal de los acusados, que se encuentran con prisión preventiva.
El volumen del material secuestrado expone la dimensión que los investigadores atribuyen a la organización. En los procedimientos se incautaron 36 armas de fuego de distintas marcas y calibres, además de 32 cargadores. También se encontraron más de 2.000 municiones, kits con extensores y varios accesorios vinculados al uso o acondicionamiento del armamento.
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La evidencia reunida no se apoyó en una sola medida de prueba. La causa incorporó intervenciones telefónicas, análisis de dispositivos electrónicos, informes financieros, seguimientos, tareas de campo y cooperación internacional. Según la información judicial, ese conjunto permitió “develar la estructura y organigrama del grupo criminal asociado”, además de identificar la función atribuida a cada imputado.
El cruce entre material bélico, comunicaciones y movimientos financieros fortaleció la hipótesis de una red organizada. Los investigadores no solo apuntaron a determinar quién tenía armas en su poder, sino también cómo circulaban, quiénes intervenían y qué función cumplía cada persona dentro de la operatoria. Ese enfoque permitió sostener el pedido para que el caso pase a una instancia de debate oral.
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La causa también sumó una derivación territorial en Maipú, donde se detectaron maniobras de comercialización de droga. Ese dato amplía el alcance del expediente, porque incorpora una actividad ilícita paralela al tráfico de armas. La acusación, sin embargo, mantiene como eje principal la presunta organización dedicada al movimiento de armamento entre ambos países.
El pedido fiscal fue conocido a través del portal Fiscales. La elevación a juicio oral deberá ser resuelta por la Justicia, que tendrá que analizar si la prueba reunida alcanza para llevar a los imputados al debate. En esa etapa se definiría públicamente el peso de las escuchas, los informes, los secuestros y la cooperación internacional incorporada al expediente.
Fuente: N A
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