Schoklender negó desvíos en Sueños Compartidos pero apuntó a Aníbal Fernández
Policiales27/05/2026
REDACCIÓNEl exapoderado defendió el programa de viviendas sociales ante el Tribunal Oral Federal N°5 y rechazó las acusaciones por fraude al Estado.
Sergio Schoklender volvió a declarar ante el Tribunal Oral Federal N°5 y rechazó haber desviado fondos públicos del programa Sueños Compartidos, investigado por presunto fraude al Estado. El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo defendió el proyecto de viviendas sociales y buscó despegarse de la acusación fiscal. Su exposición también abrió un frente político, porque apuntó contra el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández.
La frase más fuerte de su ampliación indagatoria quedó centrada en la defensa del programa. Schoklender afirmó: “Jamás se desvió un centavo, no se pagaron retornos ni sobreprecios a proveedores y fue el proyecto más honesto del país”. Esa declaración contrastó con la hipótesis de la fiscalía, que lo señala como uno de los máximos responsables de una maniobra de fraude contra la administración pública.
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El juicio oral investiga el destino de fondos estatales destinados a la construcción de viviendas sociales. Según la acusación, esos recursos habrían sido triangulados de forma ilegítima a través de distintas estructuras vinculadas al programa. Schoklender, en cambio, sostuvo que no existió enriquecimiento personal ni desvío de capitales.
Durante su declaración, el exapoderado aseguró que su situación económica se deterioró después de asumir la dirección de la entidad. También afirmó que usó recursos propios para sostener la estructura logística del plan habitacional. En ese punto, declaró: “La cantidad de dinero y de recursos personales que fui poniendo para sostener la estructura era descomunal”.
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Schoklender vinculó esa explicación con la compra de aeronaves que, según dijo, se utilizaron para sostener el funcionamiento del proyecto. “Hasta dos aviones puse y los compré con fondos propios”, sostuvo ante el tribunal. También afirmó que tenía un estudio jurídico importante, varias empresas y emprendimientos comerciales antes de dedicarse al programa.
El acusado describió a Sueños Compartidos como una iniciativa que consideraba valiosa y en la que decidió involucrar gran parte de sus recursos. “Me dediqué a un montón de emprendimientos tecnológicos y comerciales y casi todo lo puse al servicio de este proyecto porque creía en él”, manifestó. Esa línea defensiva buscó instalar que el programa no funcionó como una vía de enriquecimiento, sino como una estructura que demandó aportes personales.
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Otro tramo de la declaración se desplazó hacia el financiamiento de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Schoklender sostuvo que las ganancias lícitas del programa eran una de las principales fuentes de ingresos de la organización. También mencionó aportes económicos enviados por el expresidente venezolano Hugo Chávez y señaló irónicamente que parte de ese dinero “se perdió en el camino”.
El costado político de su exposición apareció cuando apuntó contra Aníbal Fernández y contra el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Según Schoklender, existió una estructura de denuncias contra dirigentes del PRO que habría sido financiada desde el Estado. En su relato, Barcesat habría convencido a Hebe de Bonafini de coordinar una estrategia judicial contra la oposición de ese momento.
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La acusación de Schoklender incluyó una descripción sobre el presunto mecanismo de financiamiento. Afirmó que Aníbal Fernández otorgaba un subsidio fijo estatal canalizado a través de un centro de investigación académica instalado dentro de la Universidad Popular de las Madres. También sostuvo que ese dinero iba directamente a Barcesat y que su función “real” era hacer “nuevas denuncias contra algún funcionario del PRO”.
La declaración dejó dos planos abiertos dentro del debate oral. Por un lado, Schoklender negó la maniobra económica que le atribuye la fiscalía y defendió la ejecución del plan habitacional. Por otro, introdujo acusaciones políticas contra exfuncionarios y actores vinculados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
El tribunal deberá valorar sus dichos dentro de una causa que investiga el manejo de fondos públicos para viviendas sociales. La fiscalía mantiene la hipótesis de fraude a la administración pública y desvío de recursos estatales. El punto pendiente será determinar si la ampliación indagatoria modifica el peso de la acusación o si queda como parte de la estrategia defensiva del exapoderado.
Fuente: N A
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