Las pymes alertan por una crisis récord y reclaman ayuda urgente a Caputo

La crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas argentinas empieza a mostrar señales cada vez más profundas. A la caída de actividad y el desplome del consumo ahora se suma un fuerte aumento de concursos preventivos, cierres de compañías y pérdida de empleo, en un escenario que distintas cámaras industriales describen como “terminal”.

La advertencia fue realizada por Industriales Pymes Argentinos (IPA), entidad que reveló que las aperturas de concursos preventivos crecieron más de un 130% en el último año solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el sector aseguran que la situación ya supera incluso algunos indicadores registrados durante la pandemia.

El presidente de IPA, Daniel Rosato, reclamó una intervención urgente del Gobierno nacional y apuntó directamente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, para que impulsen medidas de emergencia destinadas a evitar una ola masiva de quiebras.

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“Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de 1.000 pymes, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor”, sostuvo Rosato.

El dirigente remarcó además que las cifras difundidas corresponden únicamente a Capital Federal y advirtió que todavía falta incorporar los datos del resto del país para medir la verdadera magnitud de la crisis.

“Por eso no hay tiempo de debatir ideologías, sólo de salvar a las empresas y a sus trabajadores, que son los perjudicados ante tanta inacción”, afirmó.

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Desde el Departamento de Legales de IPA también trazaron un panorama crítico sobre la situación industrial y judicial que atraviesan las empresas. Germán Pizzano, titular del área, sostuvo que la actividad manufacturera enfrenta un “inminente colapso judicial y productivo”.

Según el informe elaborado por la entidad, entre noviembre de 2023 y principios de 2026 cerraron 24.437 empresas en el país. Ese proceso impactó directamente sobre el empleo: 327.813 trabajadores perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo.

La entidad también alertó sobre un fuerte proceso de desinversión productiva y remarcó que la Argentina registra por primera vez en más de dos décadas una pérdida neta de inversión extranjera directa.

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En paralelo, IPA advirtió que muchas empresas intentan sobrevivir modificando completamente su modelo de negocios. “Se adaptan con destreza darwiniana al modelo de dólar barato y apertura económica, reconvirtiéndose en importadores”, explicó Pizzano.

El deterioro económico ya comenzó a reflejarse con fuerza en los tribunales comerciales. Según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante 2025 se registraron 190 concursos preventivos, frente a 82 registrados en 2023.

La tendencia incluso se aceleró durante el inicio de este año. Solo entre febrero y abril de 2026 ya se abrieron 92 procesos concursales, una cifra que supera los registros anuales completos de varios años posteriores a la pandemia.

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Desde IPA remarcaron además que durante el pico de la crisis sanitaria se habían contabilizado 106 concursos preventivos, muy por debajo de los 190 registrados el año pasado.

El informe también advirtió sobre el impacto que genera la capacidad ociosa dentro del entramado industrial. Según detallaron, actualmente el sector trabaja con una ociosidad del 40,2%, situación que deriva en fábricas semiparalizadas, bienes de uso sin actividad y pérdida de capital productivo.

Sin embargo, desde la entidad sostienen que el daño más grave no es económico sino social. “Más trágica resulta la pérdida de la fuente de trabajo, directa e indirecta”, señaló Pizzano al referirse a las consecuencias que genera el cierre de empresas sobre proveedores, trabajadores y economías regionales.

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Frente a ese escenario, IPA impulsa una ley de emergencia económica para PyMEs y reclama que el Congreso la trate de manera inmediata. La propuesta contempla medidas transitorias destinadas a evitar quiebras y ejecuciones judiciales mientras las empresas intentan recuperar capital de trabajo.

Entre los puntos planteados aparecen la suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias, la extensión de plazos concursales y mayores facilidades para acceder a mecanismos preventivos que permitan sostener actividad y empleo.

“El empresario pyme necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es una legislación de emergencia”, sostuvo Pizzano.

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De todos modos, desde IPA advirtieron que cualquier alivio legal resultará insuficiente si no mejora el contexto económico general. Según plantearon, la recuperación productiva depende también de una mejora del mercado interno, del consumo y del poder adquisitivo.

Mientras tanto, el crecimiento de concursos preventivos y cierres de fábricas empieza a encender alarmas dentro de distintos sectores industriales que advierten sobre un deterioro acelerado del entramado productivo argentino.