Cinco acusados seguirán presos por una usurpación frustrada en Comodoro Rivadavia
Policiales28/05/2026
REDACCIÓNLa revisión judicial mantuvo la medida por 15 días pese al planteo de la defensa. La Fiscalía sostuvo riesgos de fuga y falta de arraigo local.
La prisión preventiva de Jonathan Miranda, Mateo Salvatierrez, Germán Sandunay, Ricardo Rodríguez y Nahuel Escudero seguirá vigente por 15 días en el marco de una causa por presunta usurpación. La decisión fue tomada por el tribunal revisor que intervino después del planteo de la defensa particular. El caso quedó encuadrado bajo la figura de usurpación en grado de tentativa, por lo que el eje de la discusión judicial pasó por la necesidad de mantenerlos detenidos durante la investigación.
La audiencia de revisión se desarrolló por videoconferencia y estuvo centrada en la validez de la cautelar dictada previamente por la jueza Mariel Arcuri. La defensa, encabezada por Paulo Neira, pidió que esa decisión fuera revocada. El planteo buscó reemplazar el encierro por una medida menos gravosa, con controles diarios en una comisaría de Caleta Olivia.
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El argumento defensivo se apoyó en dos puntos principales que apuntaron a reducir la necesidad de la prisión preventiva. Neira sostuvo que el hecho investigado no llegó a consumarse y remarcó que el delito atribuido contempla una pena máxima de tres años de prisión. También señaló que ninguno de los imputados registra antecedentes penales, dato que utilizó para cuestionar la proporcionalidad de la cautelar.
La Fiscalía sostuvo una lectura opuesta y defendió la resolución original como una decisión fundada. El fiscal Facundo Oribones advirtió sobre riesgos procesales vinculados a una posible fuga y al entorpecimiento de la investigación. Para el Ministerio Público Fiscal, esas circunstancias justificaban mantener a los cinco acusados privados de la libertad durante el plazo fijado.
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Uno de los elementos más relevantes del debate fue el arraigo de los imputados en Comodoro Rivadavia. Oribones indicó que todos son foráneos y que no cuentan con domicilio en la ciudad donde se investiga el hecho. Según esa exposición, cuatro de ellos residen en Caleta Olivia, mientras que Miranda tiene domicilio en El Bolsón.
Ese punto conectó la situación personal de los acusados con la evaluación del riesgo procesal. La Fiscalía no solo cuestionó la falta de residencia local, sino también la posibilidad de que esa circunstancia dificultara el avance de la causa. En ese marco, Oribones afirmó durante la audiencia: “Han venido a cometer el hecho por el cual se los ha imputado”.
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La defensa intentó instalar una alternativa de control que evitara la continuidad de la detención. La propuesta subsidiaria consistía en imponer la obligación de presentarse diariamente ante una dependencia policial de Caleta Olivia. Sin embargo, el tribunal entendió que esa medida no resultaba suficiente frente a los riesgos invocados por la acusación.
La revisión quedó en manos de los jueces Jorge Ennis y Martín O’Connor, quienes analizaron la resolución dictada en primera instancia. Ambos resolvieron confirmar la prisión preventiva al considerar que la decisión previa fue “ajustada a derecho y razonable”. Con esa definición, la cautelar mantuvo su vigencia sin modificaciones.
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