El organismo aprobó un desembolso para la Argentina, pero dejó observaciones severas sobre corrupción, declaraciones juradas e independencia judicial.
El desembolso de US$ 1.050 millones llegó acompañado por un mensaje incómodo para el Gobierno de Javier Milei. En su revisión técnica, el Fondo Monetario Internacional dejó cuestionamientos duros sobre la prevención de la corrupción, la transparencia patrimonial de los funcionarios y la capacidad institucional para controlar conflictos de intereses dentro del Estado.
La observación adquiere peso político porque aparece dentro del documento que habilitó nuevos fondos para la Argentina, aun cuando el país volvió a incumplir la meta de reservas del Banco Central. La aprobación financiera, por lo tanto, convivió con advertencias explícitas sobre áreas sensibles de la administración pública y del funcionamiento judicial.
El organismo incluyó la lucha contra la corrupción entre los “desafíos pendientes” del país. Allí citó el desempeño argentino en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025, donde obtuvo apenas 36 puntos sobre 100 según Transparencia Internacional. También mencionó referencias vinculadas al clima de inversión de Estados Unidos y otros indicadores que muestran la persistencia del problema.
El tramo más severo del informe aparece en el apartado dedicado a gobernanza y anticorrupción. Allí, el Fondo sostuvo que “es necesario fortalecer los marcos anticorrupción de prevención, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por una verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual”. La frase apunta directamente al modo en que se controlan los bienes declarados por los funcionarios.
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La crítica coincide con una decisión reciente del Ejecutivo. El plazo para presentar declaraciones juradas, que vencía el 30 de mayo, fue prorrogado hasta el 31 de julio. Esa extensión otorgó dos meses adicionales para completar la documentación ante la Oficina Anticorrupción, en un momento donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, todavía no había presentado su balance patrimonial.
El caso de Adorni quedó atravesado por la controversia pública sobre inmuebles que fueron detectados y que no figuraban en presentaciones anteriores. Dentro de ese clima, la advertencia del FMI reforzó la atención sobre los mecanismos de control patrimonial y la oportunidad de las presentaciones oficiales. La revisión no se limitó a una cuestión administrativa, sino que la vinculó con estándares de transparencia institucional.
El organismo también señaló problemas en materia de conflictos de intereses. En el reporte técnico afirmó que “las normas sobre conflictos de intereses siguen limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación”. Esa definición ubica la preocupación en la calidad de las reglas, pero también en la posibilidad real de hacerlas cumplir.
La mirada del Fondo alcanzó además al sistema judicial. El documento remarcó que “la percepción de una independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación”, con referencias a demoras en causas de alto perfil y a una rendición de cuentas limitada para altos funcionarios. En ese punto, el informe pidió fortalecer la independencia de la fiscalía y la transparencia judicial.
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El tono representa una diferencia respecto de evaluaciones anteriores. En 2022, bajo otro contexto político, el FMI había destacado esfuerzos para mejorar gobernanza, integridad financiera y marcos de transparencia. Esta vez, en cambio, el organismo formuló reparos más directos sobre áreas específicas del funcionamiento institucional argentino.
La revisión también incorporó advertencias sobre el sistema financiero. El Fondo señaló que continúan los esfuerzos para monitorear riesgos derivados del deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo. Además, observó la creciente dependencia bancaria del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión.
Otro punto bajo seguimiento es el crecimiento de las instituciones financieras no bancarias y de la actividad fintech. El organismo indicó que se busca fortalecer la supervisión para garantizar reglas más equilibradas y monitorear un sector donde los préstamos en mora son muy elevados. Esa preocupación coincide con datos del Banco Central que ubicaron la morosidad de los hogares en 11,5% en marzo, con un salto superior a ocho puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025.
El informe deja al Gobierno con una exigencia doble en los próximos meses. Por un lado, deberá sostener el programa económico bajo la mirada del FMI pese al incumplimiento de reservas. Por otro, quedará expuesto a nuevas evaluaciones sobre transparencia, declaraciones juradas, conflictos de intereses y controles institucionales, áreas que el organismo ya ubicó entre los puntos débiles del país.
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