Quien dañe bienes públicos podría perder beneficios educativos y sociales en Chile
Actualidad01/06/2026
REDACCIÓNEl Gobierno chileno impulsa una iniciativa que vincula determinadas conductas en espacios públicos con sanciones que alcanzarían beneficios estatales y registros específicos.
Un estudiante con acceso a educación gratuita, un beneficiario de programas sociales o una persona alcanzada por subsidios habitacionales podrían enfrentar consecuencias adicionales si participan en determinados hechos considerados dañinos para el espacio público. Esa es una de las novedades incluidas en un proyecto que el presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso.
La propuesta gira alrededor de la creación de un Registro Nacional de Vándalos, una herramienta que buscará identificar a quienes cometan ciertos delitos vinculados con ataques a bienes públicos, servicios esenciales o agentes del Estado. La iniciativa todavía debe recorrer el trámite legislativo, pero ya anticipa un cambio en la forma en que el Gobierno pretende abordar estas conductas.
La discusión no se limita a cuestiones penales. El proyecto incorpora también consecuencias administrativas para quienes integren ese registro, entre ellas la pérdida de beneficios otorgados por el Estado. Dentro de ese grupo aparecen la gratuidad en la educación superior, la Pensión Garantizada Universal (PGU) y distintos subsidios habitacionales.
Durante su discurso, Kast justificó la medida con una visión más amplia sobre la convivencia urbana. "Tenemos que proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio histórico y cultural y deterioran la infraestructura pública", afirmó ante los legisladores.
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El registro incluiría situaciones muy diversas. Entre ellas figuran agresiones contra integrantes de Carabineros, ataques a personal sanitario, interrupciones del transporte público, hechos vinculados al tráfico de drogas y daños contra monumentos nacionales. El Gobierno sostiene que estas acciones afectan directamente el funcionamiento cotidiano de las ciudades y requieren respuestas específicas.
Uno de los ejemplos mencionados por el mandatario fue la quema de un colectivo durante manifestaciones en Santiago. A partir de ese episodio, remarcó que "esto de que no hay responsables se va a terminar", al explicar el espíritu de la iniciativa que enviará al Congreso.
El proyecto incorpora además una categoría diferenciada bajo el nombre de incivilidades, destinada a conductas que actualmente no son consideradas delitos. La intención oficial es ampliar el alcance de las sanciones hacia comportamientos que, según el Ejecutivo, contribuyen al deterioro progresivo de los espacios compartidos.
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Dentro de ese grupo aparecen acciones como la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública, los rayados sobre propiedades públicas o privadas y los daños contra equipamiento comunitario. Aunque las sanciones previstas serían menores que las aplicadas a delitos, el Gobierno considera necesario establecer mecanismos específicos para su castigo.
La pérdida de beneficios sociales constituye uno de los aspectos más sensibles de la propuesta. Kast defendió esa posibilidad durante su exposición y planteó una relación directa entre el acceso a determinadas prestaciones estatales y el respeto por los bienes colectivos. "Nadie que destruye lo público merece tener gratuidad en la educación. Es incompatible una buena educación con la destrucción de los bienes públicos", sostuvo.
El anuncio formó parte de una agenda más amplia vinculada a la seguridad. El Ejecutivo chileno también adelantó planes para intervenir cincuenta barrios considerados críticos, crear siete Fuerzas de Tarea orientadas al combate del crimen organizado y promover cambios legales destinados a ampliar herramientas policiales y endurecer sanciones penales. La próxima etapa quedará en manos del Congreso, donde el proyecto buscará reunir los apoyos necesarios para convertirse en ley.
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