Calculan que los proyectos del RIGI implicarán una pérdida fiscal de casi US$1.900 millones por año
Política02/06/2026
Sergio BustosMientras el Gobierno nacional presenta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una de las principales herramientas para atraer capitales y acelerar la recuperación económica, desde sectores de la oposición advierten sobre el impacto que esos beneficios podrían tener sobre las cuentas públicas.
La discusión volvió a tomar fuerza tras la difusión de un informe elaborado por el diputado nacional Guillermo Michel, exdirector general de Aduanas, quien calculó que los primeros proyectos aprobados bajo el régimen representarían una pérdida de ingresos fiscales equivalente a 0,27 puntos del Producto Bruto Interno.
Según esa estimación, el Estado dejaría de percibir alrededor de US$1.837 millones anuales como consecuencia de las exenciones tributarias previstas para las empresas adheridas al esquema de promoción de inversiones.
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El análisis se realizó sobre los primeros 13 proyectos aprobados, que en conjunto representan inversiones por más de US$27.200 millones. Sin embargo, la cifra podría aumentar debido a que posteriormente fueron autorizadas otras dos iniciativas, elevando el total de proyectos validados a 15.
De acuerdo con los datos difundidos, esas inversiones proyectan la creación de casi 37.000 puestos de trabajo y exportaciones futuras por más de US$21.000 millones. Entre los emprendimientos de mayor envergadura aparecen el proyecto de GNL de Southern Energy, Vaca Muerta Sur liderado por YPF y distintas iniciativas mineras vinculadas al cobre, el litio y la plata.
Michel sostuvo además que el costo fiscal podría crecer significativamente si se incorporan los beneficios previstos en el denominado Super RIGI. Ese esquema contempla una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15% y una disminución de las contribuciones patronales al 10%.
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Según sus cálculos, al incorporar esos incentivos adicionales el gasto tributario total podría alcanzar el equivalente a 1,27 puntos del PBI. Traducido a valores actuales, ello representaría más de US$8.600 millones anuales en recursos que dejarían de ingresar a las arcas públicas.
Desde la consultora Paspartú, que también analizó el régimen, señalaron que el nuevo esquema apunta especialmente a actividades que hoy tienen escaso desarrollo en Argentina o se encuentran en etapas experimentales. Entre ellas mencionaron la industrialización del litio, la fabricación de baterías, el hidrógeno verde, los reactores nucleares modulares, los paneles solares, las turbinas eólicas, la industria aeroespacial y la producción de vehículos eléctricos.
Sin embargo, los especialistas cuestionaron que la iniciativa no incluya herramientas específicas para fortalecer cadenas de proveedores locales ni programas orientados a la investigación y el desarrollo tecnológico. También plantearon dudas sobre la magnitud de los beneficios fiscales otorgados a proyectos que, según sostienen, podrían concretarse incluso sin el respaldo del régimen.
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Las observaciones apuntan especialmente al sector energético. Desde Paspartú consideran que varias inversiones vinculadas a Vaca Muerta ya mostraban altos niveles de rentabilidad antes de la creación del RIGI, por lo que entienden que existe un riesgo de otorgar ventajas fiscales a emprendimientos que igualmente se hubieran desarrollado.
Otro de los cuestionamientos se vincula con la falta de límites para las ampliaciones de los Vehículos de Propósito Único, la figura jurídica utilizada para inscribir proyectos dentro del régimen. Según la consultora, esa situación podría ampliar aún más el alcance de los beneficios fiscales en el futuro.
Desde el Gobierno rechazan esos planteos y sostienen que el análisis debe contemplar un escenario alternativo. La posición oficial es que buena parte de las inversiones no desembarcarían en Argentina sin un esquema de incentivos competitivo frente a otros países, por lo que consideran incorrecto medir el impacto exclusivamente en función de la recaudación que el Estado deja de percibir.
La discusión sobre el costo y los beneficios del RIGI se produce en un contexto marcado por la búsqueda del equilibrio fiscal y por una caída de la recaudación tributaria. En ese escenario, el debate sobre cuánto debe resignar el Estado para atraer inversiones promete seguir ocupando un lugar central en la agenda económica.
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