Trompadas, denuncias de fraude electoral y la interna oficialista al límite con 11 militantes en causa penal

Política03/06/2026

La fiscalía avanzó en la identificación de los usuarios que filtraron datos privados del armador político bonaerense. La disputa abandonó el terreno virtual y sumó denuncias por agresiones físicas y fraude electoral.

La fiscal porteña Celsa Ramírez comenzó a tomar declaración indagatoria a once usuarios de la plataforma X en el marco de una causa penal por amenazas, instigación a cometer delitos e incitación pública. El denunciante es el diputado nacional y principal armador político de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, quien acudió a la Justicia tras recibir mensajes intimidatorios en su teléfono celular y sufrir la difusión de información estrictamente personal. El avance del expediente judicial confirma que las diferencias internas dentro del espacio gubernamental abandonaron la habitual confrontación retórica para transformarse en un severo conflicto legal.

El nivel de hostilidad entre los diferentes sectores del oficialismo registra antecedentes de violencia física que marcaron un punto de no retorno durante la última campaña electoral en Rosario. Dirigentes partidarios que presenciaron el episodio confirmaron que una discusión entre el legislador bonaerense y el militante digital Esteban Glavinich concluyó con una agresión de puño por parte del referente territorial. El incidente, motivado por las persistentes críticas del tuitero hacia el armado de listas en la provincia de Buenos Aires, clausuró cualquier instancia de mediación política tradicional entre las facciones.

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La judicialización del espacio sumó un capítulo de extrema gravedad institucional a partir de acusaciones públicas que involucran a los profesionales del derecho que asesoran a las principales figuras del Congreso. El abogado Alejandro Sarubbi Benítez denunció penalmente a Hernán Seivane, asesor letrado de la diputada Lilia Lemoine, por proferir amenazas orientadas a difundir datos sensibles de un menor de edad de su entorno familiar. El letrado calificó al asesor como un "total y completo degenerado" durante una transmisión por streaming, profundizando un cruce que ya incluía reproches mutuos por designaciones en el Tribunal Fiscal de la Nación.

La batalla por el control del aparato partidario en el distrito electoral más grande del país se trasladó formalmente a la Justicia Electoral a través de una presentación efectuada por militantes disidentes. Los denunciantes exigen una auditoría urgente sobre el manejo de los padrones y los mecanismos internos de afiliación de La Libertad Avanza en territorio bonaerense, alegando maniobras discrecionales para bloquear a los sectores opositores al armado de Karina Milei. Desde el entorno del diputado desestimaron de plano la presentación judicial, atribuyéndola de manera exclusiva a una operación de desgaste coordinada por la facción rival.

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La desconfianza mutua escaló hasta el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salpicado por el escándalo informático conocido como el "caso Rufus". Una investigación interna de los propios usuarios libertarios detectó que un enlace de una cuenta anónima dedicada a filtrar críticas contra Santiago Caputo remitía a una dirección vinculada al legislador riojano. Aunque la cuenta fue eliminada de inmediato para contener los daños, la diputada Marcela Pagano impulsó una denuncia penal con el objetivo de determinar si existió una estructura organizada de hostigamiento financiada con recursos públicos.

La réplica política ante la sospecha de espionaje interno la encabezó Daniel Parisini, conductor del streaming oficialista La Misa, quien cuestionó abiertamente la veracidad de las explicaciones oficiales brindadas a la Jefatura de Estado. El influencer digital descartó la hipótesis de una trampa digital y aseguró que el vínculo informático pertenecía de manera inexorable a la estructura del titular de la Cámara baja. El posicionamiento del comunicador significó una fuerte desautorización hacia la palabra del propio mandatario, advirtiendo de forma pública a los funcionarios del Congreso que no deben ocultarle información al Presidente.

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Frente al avance del sector ligado a la Jefatura de Asesores, que cuenta entre sus filas con funcionarios con cargos jerárquicos como Juan Pablo Carreira en la Dirección de Comunicación Digital, el ala ligada a la Secretaría General de la Presidencia activó un mecanismo de contención en la Quinta de Olivos. Los diputados Lemoine y Sergio Figliuolo coordinaron encuentros directos con activistas de redes para disputar el monopolio de la estrategia comunicacional. Las reuniones contaron con la participación de funcionarios del área audiovisual y de contenidos digitales de la Subsecretaría de Prensa, buscando conformar una estructura paralela de difusión.

El relanzamiento del esquema de comunicación digital alternativo sumó el respaldo explícito a figuras de la campaña de 2023 que habían sido desplazadas del núcleo de decisiones gubernamentales en los primeros meses de gestión. El regreso de Iñaki Gutiérrez al entorno residencial de Olivos fue interpretado por los armadores territoriales como un intento de equilibrar el peso específico que ganaron los integrantes de Las Fuerzas del Cielo en las áreas clave del Estado. La pulseada por la centralidad discursiva divide las lealtades de diputados, abogados y streamers que utilizan los recursos estatales para dirimir liderazgos de cara al futuro electoral.