El fiscal del caso Agostina Vega culpó a la denuncia por demorar la captura

Raúl Garzón enfrentó los pedidos de destitución y aseguró que la presentación inicial desvió el rastreo hacia un amigo de la adolescente. Defendió los tiempos del operativo.

La instrucción del femicidio que conmueve a la provincia mediterránea derivó en un duro cruce de atribuciones en el seno del Poder Judicial respecto a la eficacia de los protocolos de búsqueda de personas menores de edad. El fiscal de instrucción a cargo de la causa penal, Raúl Garzón, rompió el silencio institucional para ensayar un pormenorizado descargo técnico ante las impugnaciones de los familiares y las agrupaciones civiles. El funcionario argumentó que la estructura judicial reaccionó de acuerdo con los datos específicos aportados por los requirentes en el acta de apertura del expediente.

Las principales críticas ciudadanas apuntan a las jornadas de parálisis previas a la orden de requisa sobre la vivienda ocupada por Claudio Barrelier, quien actualmente permanece privado de su libertad como presunto autor material del crimen. El director de la pesquisa penal desestimó los cuestionamientos referidos a una supuesta inacción y justificó la falta de medidas restrictivas inmediatas sobre el entorno cercano. El funcionario judicial buscó eximirse de la responsabilidad operativa al manifestar de forma tajante: “A mí nunca me dijeron investigue este crimen y acá está este cadáver, a mí me dijeron busque a una niña que está desaparecida”.

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La defensa institucional del magistrado cordobés incluyó una validación del derecho de la comunidad a peticionar su apartamiento del cargo mediante los carriles normativos correspondientes. Garzón minimizó el impacto de las movilizaciones callejeras y derivó la resolución de su continuidad al tribunal de disciplina de la magistratura local. El funcionario ratificó su disposición a someterse a la evaluación técnica del jury de enjuiciamiento, cuyo cuerpo de jurados deberá determinar si existieron negligencias administrativas o dilaciones injustificadas en el dictado de las resoluciones de urgencia.

El cronograma detallado por los investigadores judiciales sitúa el ingreso formal de la alerta en las terminales del Ministerio Público Fiscal a las 8:30 de la mañana. Según la versión gubernamental, la totalidad de los recursos de la Policía de Córdoba, el despacho de emergencias 911 y la División de Protección de las Personas ya se encontraban operativos antes de cumplirse las dos horas de asentado el trámite. Las directivas de la fiscalía priorizaron la difusión masiva de la fotografía de la adolescente y el relevamiento de las terminales de transporte donde presumiblemente podría haberse dirigido.

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La línea primaria de investigación criminal descartó de forma preliminar la vinculación de Claudio Barrelier debido a su rol de allegado familiar, al tratarse del amigo de la madre de la víctima. Las declaraciones testimoniales volcadas por la familia civil orientaron la búsqueda hacia un supuesto encuentro pautado entre la menor y un joven de su misma franja etaria. El fiscal recurrió a una analogía doméstica para explicar la imposibilidad de ordenar detenciones discrecionales en el inicio del proceso, señalando que la denuncia inicial omitió calificar al sospechoso como un individuo peligroso o bajo sospecha inminente.

El avance de las pericias tecnológicas sobre las cámaras de seguridad residenciales modificó de forma drástica el rumbo de la causa a las 48 horas de iniciadas las actuaciones en el territorio. La visualización directa de las grabaciones del domicilio del imputado aportó los indicios necesarios para dictar la orden de captura inmediata del sospechoso por parte de las autoridades de la fiscalía. Raúl Garzón argumentó que el desarrollo de la prueba científica permitió desandar el camino criminal, afirmando ante los micrófonos de Cadena3 que “en este caso el tiempo que pasó fue la verdad que se nos acercó”.

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El magistrado dedicó un tramo considerable de su intervención pública a fustigar la conducta de los medios de comunicación masiva por la difusión anticipada de los detalles del hallazgo de los restos de la adolescente. Las filtraciones informáticas provocaron que los progenitores y abuelos de la víctima se notificaran del desenlace fatal a través de la televisión antes de recibir el parte oficial de la justicia. La fiscalía consideró que la utilización de drones en el perímetro de rastrillaje violó los criterios elementales de contención médica y psicológica que demandaba el entorno familiar en ese momento de extrema vulnerabilidad.

Las derivaciones institucionales del femicidio alcanzaron también al plano de la discusión política provincial debido a las sospechas sobre supuestas presiones para encubrir fallas en los sistemas de alerta temprana. El representante del Ministerio Público descartó de manera enfática la existencia de injerencias partidarias en el dictado de las resoluciones de la causa. El funcionario ratificó su independencia de criterio para conducir el proceso judicial, comprometiéndose a mantener el cuidado y la protección de la memoria de la menor de 14 años durante las etapas procesales subsiguientes.

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El frente judicial sumará un nuevo capítulo de investigación interna destinado a auditar el funcionamiento de los juzgados de familia antes del desenlace de la tragedia en la capital cordobesa. El fiscal confirmó que asumirá de forma personal la conducción de la pesquisa orientada a revisar los expedientes archivados por denuncias previas de violencia de género que pesaban sobre Claudio Barrelier. La revisión de estos antecedentes buscará determinar si los organismos del Estado ignoraron las alertas de peligrosidad que rodeaban las conductas cotidianas del único detenido.