Lo que empezó con una visita en la cárcel terminó con la destitución de una jueza

Una grabación tomada dentro de una prisión de Chubut desató uno de los casos más resonantes de la Justicia provincial. La secuencia involucró a una magistrada, un condenado a perpetua y una serie de decisiones que terminaron en un jury de enjuiciamiento.

Mucho antes de que el Superior Tribunal de Justicia anulara recientemente el proceso que la había removido del cargo, el nombre de Mariel Suárez ocupó el centro de la escena judicial por un episodio que generó impacto dentro y fuera de los tribunales. La jueza penal de Comodoro Rivadavia quedó expuesta tras difundirse imágenes registradas en el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew durante una visita a Cristian Omar “Mai” Bustos, un preso condenado por homicidio y otros delitos graves.

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron una serie de gestos que luego se transformaron en el principal elemento de discusión pública. Según los testimonios incorporados al expediente, los registros mostraban abrazos, cercanía física y un presunto beso entre la magistrada y el interno. La difusión de esas imágenes provocó un fuerte cuestionamiento sobre la conducta de la jueza y abrió una investigación institucional.

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Bustos no era un detenido cualquiera para el expediente. Días antes de aquella visita, había sido condenado a prisión perpetua por el homicidio del policía Leandro Roberts. Ese juicio oral había contado con la participación de la propia Suárez, quien votó en disidencia respecto de la pena máxima impuesta al acusado.

La magistrada sostuvo desde el comienzo que su presencia en la cárcel respondía a un interés académico vinculado a la escritura de un libro. También negó que existiera una relación sentimental con el detenido y rechazó las interpretaciones que surgieron a partir de las imágenes difundidas. Incluso llegó a afirmar públicamente que todo el caso se había construido alrededor de un "supuesto beso".

Sin embargo, el avance de la investigación incorporó otros elementos que excedían el contenido del video. Los acusadores sostuvieron que Suárez se había ausentado de su jurisdicción mientras se encontraba de guardia, que no informó adecuadamente sus movimientos y que incumplió procedimientos establecidos para ingresar al establecimiento penitenciario.

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Durante el jury, la discusión dejó de concentrarse exclusivamente en el presunto contacto físico con Bustos. El eje pasó a ser el desempeño funcional de la magistrada y la posible afectación de su imparcialidad en causas vinculadas al condenado. La comisión acusadora argumentó que existían elementos suficientes para concluir que la conducta observada comprometía la confianza pública en el ejercicio de la función judicial.

La defensa rechazó cada una de las acusaciones. Suárez cuestionó la legalidad de las imágenes obtenidas dentro de la cárcel y aseguró que el proceso estaba atravesado por irregularidades. Además sostuvo que nunca utilizó su cargo para obtener beneficios personales y negó haber favorecido a Bustos en las decisiones judiciales que le tocó adoptar.

Finalmente, en noviembre de 2023, el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió por mayoría destituirla. Los votos favorables a la remoción fueron emitidos por Daniel Báez, Mariela Williams y Miguel Ángel Barletta, mientras que Mónica Saso y María Florencia Góngora se pronunciaron por la absolución. La decisión se apoyó en la existencia de mal desempeño y en una serie de conductas consideradas incompatibles con la función judicial.

Aquella resolución pareció cerrar definitivamente uno de los episodios más controvertidos de la Justicia chubutense. Sin embargo, más de un año después, el Superior Tribunal de Justicia concluyó que el proceso presentaba defectos vinculados a la garantía de imparcialidad y declaró la nulidad de todo lo actuado. La decisión no analizó nuevamente los hechos ocurridos en la cárcel ni determinó si existió o no responsabilidad disciplinaria, pero sí modificó por completo el desenlace institucional de un caso que comenzó con una visita penitenciaria y terminó sacudiendo a todo el Poder Judicial provincial.