Robó papas fritas en un kiosco de Sarmiento y un juez penal ordenó revisar su salud mental

El magistrado Ariel Quiroga convalidó el arresto domiciliario del sospechoso, pero transfirió el expediente al fuero de Familia ante la gravedad de su cuadro clínico.

La sala número uno de la Oficina Judicial de Sarmiento exhibió un banquillo de los acusados completamente vacío durante el debate por un intento de hurto menor. El sospechoso del hecho delictivo no pudo sentarse frente a las autoridades de turno porque permanecía internado de urgencia en una de las habitaciones de aislamiento del hospital público local. Su ausencia forzada por prescripción médica reconfiguró por completo la agenda de la audiencia de control de detención pautada para el sábado a las 15:00.

La abogada de la defensa pública, Rosa Sánchez, asumió la representación del causante presentando un informe pormenorizado sobre las severas patologías de salud mental que padece su cliente. La defensora técnica detalló los antecedentes clínicos de su asistido ante el estrado para fundamentar la imposibilidad física de su comparecencia en el edificio de tribunales. Bajo este panorama clínico, la profesional solicitó de manera formal la inmediata declaración de incompetencia del fuero ordinario y requirió la intervención directa de un magistrado del fuero de Familia.

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El incidente que desencadenó esta compleja derivación institucional comenzó el viernes 5 de junio a las 00:20 en el interior de un comercio barrial de la zona céntrica. El implicado, identificado por sus iniciales como C.D.C., de 29 años, ingresó al kiosco ubicado sobre la calle Perito Moreno, entre Patagonia y Avenida Ingeniero Coronel. El joven tomó un paquete de papas fritas de las estanterías del local e intentó darse a la fuga velozmente sin abonar el valor del producto alimenticio.

Una empleada del comercio y una vecina que realizaba compras en ese momento advirtieron la maniobra ilegal y reaccionaron cerrándole el paso en la puerta de salida. Las dos mujeres forcejearon con el individuo a escasos metros de la vereda pública logrando retenerlo por la fuerza física hasta el arribo de las patrullas policiales de la cuadrilla urbana. El llamado de alerta ingresó a la central de la comisaría de Sarmiento y motivó el envío inmediato de un móvil patrullero para proceder a la captura del sospechoso.

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Los uniformados trasladaron al aprehendido hacia los calabozos de la dependencia policial e iniciaron el sumario correspondiente bajo las directivas de la fiscalía de turno. La funcionaria del Ministerio Público Fiscal, Tamara Bernardi, encuadró provisoriamente la conducta delictiva bajo la figura penal de hurto en grado de tentativa. La fiscal centró su exposición posterior en convalidar la legalidad de los procedimientos de captura llevados a cabo por las civiles, independientemente de la mínima entidad económica de la mercadería sustraída.

El magistrado a cargo del control, Ariel Quiroga, dictó una resolución favorable para el bloque acusador al decretar que la policía cumplió rigurosamente con los plazos procesales vigentes. El juez de la causa entendió que las pruebas recopiladas por el testimonio de las empleadas justificaban el accionar de los uniformados durante la madrugada del viernes. Sin embargo, la decisión del magistrado reconoció las claras limitaciones operativas de las cárceles ordinarias para dar una contención real a pacientes con padecimientos cognitivos severos.

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La derivación dispuesta por el tribunal ordena remitir copias completas de todas las actuaciones administrativas hacia el Juzgado de Familia de la circunscripción. Los equipos interdisciplinarios de ese fuero civil asumirán el control directo de la situación de encierro clínico para dictaminar si el joven requiere una prolongación del tratamiento hospitalario. La resolución de Quiroga busca coordinar una respuesta estatal que resulte proporcional a la escala del delito cometido y respetuosa de las garantías fundamentales de las personas vulnerables.

Los profesionales de la salud mental de Sarmiento deberán evaluar si el paciente cumple con las condiciones clínicas estrictas que exige la legislación argentina para convalidar un confinamiento involuntario. La Ley Nacional de Salud Mental establece que las internaciones de carácter coactivo deben funcionar de manera excepcional y bajo un estricto control de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Los peritos médicos del nosocomio local informarán de manera periódica los avances del diagnóstico a las autoridades del fuero civil antes de ensayar una derivación definitiva.

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El expediente por el hurto en grado de tentativa mantendrá su curso procesal de forma paralela en los cajones del fuero criminal hasta la estabilización clínica del imputado de 29 años. El caso expone las falencias de las herramientas punitivas ordinarias del Estado cuando los delitos menores esconden problemáticas de desamparo sanitario crónico en el interior de la provincia. La resolución de este conflicto dependerá ahora de los dictámenes médicos que definan la viabilidad de un tratamiento terapéutico de reinserción en lugar de un castigo penal en el calabozo.