
Dos jóvenes filmaron cómo mataban a golpes a un coipo en la vía pública
Policiales09/06/2026
REDACCIÓNLa municipalidad de Bahía Blanca se presentará como particular damnificado contra Bautista Bravo e Imanol Santerre para exigir un castigo penal firme.

La municipalidad de Bahía Blanca formalizó su ingreso a los tribunales ordinarios para actuar de manera directa contra los responsables de una matanza animal en las calles de la ciudad. La administración del intendente local resolvió adoptar el rol de particular damnificado dentro de la investigación judicial penal que comenzó a tramitarse de urgencia. Los funcionarios del Ejecutivo argumentaron que este tipo de hechos violentos cometidos en el ejido urbano exigen de forma indefectible una respuesta institucional contundente por parte de las agencias del Estado.
Los acusados por el salvaje ataque material y la posterior difusión pública del episodio son dos jóvenes de 18 años oriundos de la localidad vecina de Coronel Suárez. La pesquisa determinó que Bautista Bravo actuó como el ejecutor directo de los palazos reiterados que terminaron con la vida del espécimen en la vía pública. Por su parte, el otro implicado en el expediente, identificado como Imanol Santerre, asumió la tarea específica de documentar toda la secuencia delictiva utilizando la cámara de su teléfono celular personal.
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El animal atacado pertenecía a una especie conocida popularmente como nutria, aunque técnicamente se trataba de un coipo. El trágico desenlace sumó un componente de frustración para las autoridades ambientales debido a los antecedentes operativos que registraba el mamífero en los días previos. Los especialistas pertenecientes al área de Zoonosis municipal llevaban varias jornadas realizando rastreos en la zona con el propósito explícito de capturarlo de forma segura para concretar su correspondiente rescate.
La recolección del material incriminatorio y la posterior presentación judicial formal corrieron por cuenta de la Fundación Grupo Alianza Animal. Los activistas de esta organización proteccionista compilaron de manera minuciosa las distintas publicaciones, capturas de pantalla y mensajes privados que los usuarios comenzaron a replicar con indignación en el entorno digital. La rápida viralización del archivo audiovisual facilitó la localización exacta del lugar del incidente y aceleró los plazos legales para la imputación de los infractores.
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La titular de la entidad civil protectora, Morena Loncaric, detalló las circunstancias exactas en las que la organización tomó conocimiento directo del salvaje episodio registrado por los propios autores. "Hoy me levanté a la mañana y mandaron en el grupo una chica que había subido este incidente, este acto atroz que hicieron con estos dos pibes y nos había etiquotado para que difundamos", describió la referente comunitaria durante una entrevista concedida a la emisora local La Brújula 24. Su declaración testimonial dejó asentada la ruta inicial que recorrió la evidencia digital antes de transformarse en una presentación formal ratificada en sede judicial.
El bloque de asesores legales de la comuna bahiense fundamentó la decisión de intervenir en la causa basándose en los compromisos de preservación del orden social general. Los voceros de la intendencia enfatizaron que la tolerancia ante actos de crueldad contra la fauna desprotegida daña gravemente la convivencia comunitaria de toda la ciudadanía. El intendente local ordenó poner a disposición de la fiscalía actuante todos los recursos técnicos disponibles de las oficinas de monitoreo para certificar el recorrido previo de los sospechosos.
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La causa penal acumula una serie de agravantes técnicos derivados de las características particulares con las que se ejecutó y expuso la matanza en la calle. El hecho de haber registrado los golpes en un soporte digital para su posterior consumo recreativo expone una premeditación que complica la estrategia defensiva de los imputados. Asimismo, el volumen de interacciones en el ciberespacio aportó una gran cantidad de testigos espontáneos que se presentaron de forma voluntaria para validar el origen geográfico de las cuentas virtuales utilizadas.
La fiscalía de instrucción penal a cargo del caso comenzó a tramitar los peritajes tecnológicos sobre el video original para validar su cadena de custodia ante los tribunales de garantías. Los abogados defensores de los dos suarenses evalúan las primeras medidas procesales frente a una acusación que contempla sanciones directas en el marco de la legislación nacional sobre maltrato animal. El avance de la causa dependerá de la unificación de los reportes de los peritos veterinarios con las actas labradas originalmente por el personal de cuidado animal de la municipalidad.
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El destino inmediato de los jóvenes implicados quedó atado a la celeridad con la que el juzgado interviniente acepte la constitución formal del municipio como querellante activo. Las organizaciones civiles de la ciudad mantienen una vigilia activa y prometen movilizaciones frente a los tribunales ordinarios para evitar que el expediente quede archivado sin consecuencias reales. La Justicia bahiense enfrenta ahora el desafío de fijar un precedente punitivo severo en una causa donde las pruebas documentales fueron aportadas y difundidas por los propios imputados.
Fuente: NA.
















