El Gobierno buscará una nueva ley universitaria pese al acuerdo con rectores
Política09/06/2026
REDACCIÓNEl CIN prevé aceptar una recomposición salarial, pero mantendrá el reclamo ante la Corte por la aplicación de la norma vigente.
El Gobierno nacional planea insistir con una nueva Ley de Financiamiento Universitario, aun cuando avanza en un acuerdo con los rectores para recomponer salarios y reforzar partidas durante 2026. La Casa Rosada busca que la discusión de fondo quede encuadrada dentro del debate del Presupuesto 2027.
La estrategia oficial parte de un escenario judicial que todavía permanece abierto. El Consejo Interuniversitario Nacional mantiene su reclamo ante la Corte Suprema para que se aplique la ley de financiamiento vigente, mientras el Ejecutivo cuestiona esa norma por considerar que no identifica una fuente específica de recursos.
En Balcarce 50 advierten que un eventual fallo adverso obligaría al Gobierno a cumplir con una ley que, según la administración de Javier Milei, tendría impacto directo sobre el gasto público. Por eso, el oficialismo intenta trasladar la discusión al marco presupuestario general, donde se ordenan ingresos, partidas y prioridades del Estado.
El acuerdo con los rectores, previsto para ser firmado por el CIN, no implicaría el retiro de la demanda judicial. Ese punto es central para las universidades, que sostienen que una recomposición parcial no reemplaza el reclamo por la aplicación plena de la ley aprobada por el Congreso.
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El expediente llegó al máximo tribunal después de que el Gobierno presentara un recurso extraordinario contra la cautelar que había favorecido a las casas de estudio. La resolución de la Corte puede definir el alcance de la obligación del Ejecutivo frente al financiamiento universitario y marcar el rumbo de la negociación política.
La propuesta económica en discusión contempla un incremento de la masa salarial del 24,33%. El esquema incluye una suba del 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026 y otro 3% en octubre sobre los básicos de septiembre.
Según fuentes universitarias, la actualización busca cubrir parte del desfasaje acumulado, la inflación hasta mayo de 2026 y una mejora adicional a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo. El acuerdo también prevé convocar a paritarias docentes y no docentes con una periodicidad que no podrá superar los tres meses calendario.
Ese punto responde a uno de los principales reclamos de los gremios universitarios, que vienen cuestionando la falta de una instancia regular de negociación salarial. Para las universidades, la recomposición de haberes debe ir acompañada por una mesa de seguimiento que permita revisar el impacto de la inflación.
El borrador también incluye una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas desde junio de 2026. A eso se suma un incremento de $50.000 millones para hospitales universitarios durante este año y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano a partir de junio.
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El Ejecutivo busca presentar el entendimiento como una forma de descomprimir el conflicto sin resignar su planteo contra la ley vigente. La posición oficial es que el financiamiento universitario debe discutirse dentro del Presupuesto y no mediante una norma específica que, según el Gobierno, aumente el gasto sin definir recursos concretos.
El antecedente más cercano fue una propuesta alternativa que el oficialismo había trabajado meses atrás. Ese texto planteaba modificar el esquema de financiamiento, incorporar aumentos escalonados, actualizar gastos de funcionamiento y reconocer subas en becas, pero no logró avanzar en el Congreso.
Ahora, la Casa Rosada intentará retomar esa línea durante el tratamiento del Presupuesto 2027. El Gobierno considera que ese debate le permitiría ordenar el costo fiscal de las universidades junto con el resto de las áreas del Estado, en un contexto marcado por el objetivo de sostener el superávit fiscal.
La discusión también llega después de una reestructuración presupuestaria que incluyó recortes en distintas áreas, entre ellas educación, universidades, obras y subsidios. Desde el Ejecutivo enmarcan esas decisiones en el cumplimiento de las metas fiscales y en la necesidad de preservar el resultado financiero del sector público.
El conflicto universitario, sin embargo, seguirá abierto mientras no haya una definición de la Corte y mientras las casas de estudio mantengan su reclamo por la aplicación de la ley vigente. El acuerdo salarial puede aliviar parte de la tensión inmediata, pero no cierra la disputa política, judicial y presupuestaria entre el Gobierno y las universidades.
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