Capturaron en un boliche de San Telmo a un prófugo por los ataques a escuelas de Rosario
Policiales10/06/2026
REDACCIÓNEl sospechoso, vinculado a la banda de Los Menores y al doble crimen de Pillín Bracamonte, sumó una causa por resistirse a las trompadas contra la Federal.
El Juzgado Nacional de Rogatorias convalidó las actuaciones que mantienen bajo custodia a uno de los objetivos civiles más costosos del mapa criminal santafesino. El magistrado Alejandro Litvack dictó las primeras medidas para resolver la situación procesal de un hombre imputado formalmente por asociación ilícita, tenencia ilegal de armas de fuego y atentados contra dependencias públicas. Este trámite inicial destrabará el traslado inmediato hacia Rosario, donde la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas reclama su presencia desde junio de 2025 para indagarlo por una serie de atentados violentos.
La detención en la vía pública quebró una rutina de clandestinidad que el sospechoso mantenía activa dentro del territorio porteño. Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina cortaron el paso del evadido justo en la intersección de las calles Perú y Venezuela, en pleno barrio de San Telmo. El reloj marcaba pocos minutos después de las 7 de la mañana cuando el imputado intentó evitar su identificación mediante un violento forcejeo contra la patrulla civil. Los policías aplicaron la fuerza mínima indispensable para reducirlo en la vereda, sumando de esta manera un nuevo cargo penal por atentado y resistencia a la autoridad.
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La localización del prófugo requirió el cruce de datos reservados entre dependencias especializadas locales y federales dedicadas al crimen organizado. Analistas de la Procuraduría de Narcocriminalidad coordinaron tareas tácticas junto a la Secretaría de Inteligencia del Estado y la Central de Inteligencia de Operaciones Especiales de Santa Fe. Este triángulo informático permitió trazar la rutina nocturna del sospechoso, quien se refugiaba en el anonimato de la capital para eludir la imputación de haber baleado establecimientos educativos y una comisaría rosarina. El seguimiento en tiempo real confirmó su presencia exacta dentro de un local bailable de la zona antes de dar la orden de intervenir en las inmediaciones.
El entramado delictivo que sostiene la acusación contra el capturado ventila los vínculos políticos y territoriales de las facciones periféricas de Rosario. La Justicia santafesina asocia de forma directa a A. R. A., alias “Plin”, con una organización delictiva denominada “Los Menores”, la cual mantiene una violenta disputa por el control de los negocios espurios de la barra brava de Rosario Central. Esta línea de investigación cobró un peso institucional mayúsculo debido a que dicha estructura aparece en el radar del doble homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo, ejecutado a fines del año pasado en las cercanías del estadio mundialista.
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Las agencias de investigación criminal manejan un mapa de ramificaciones que posiciona al detenido como un engranaje polivalente para distintas facciones locales. Los informes fiscales también ligan sus movimientos con la banda narco liderada por Francisco Riquelme, una organización con fuerte presencia territorial en los barrios del noroeste de Rosario. La caída del sospechoso en Buenos Aires golpea la estructura logística de una red de narcomenudeo que utiliza el sicariato y las amenazas armadas para consolidar su hegemonía geográfica frente a bandas rivales. Los fiscales rosarinos sospechan que el evadido prestaba servicios de armas y cobertura para ambos clanes criminales indistintamente.
El perfil del acusado justificaba el despliegue extraordinario de recursos públicos empleados para terminar con sus meses de fuga en el asfalto porteño. El Ministerio de Seguridad provincial mantenía una recompensa económica de 25 millones de pesos para cualquier persona que aportara datos certeros sobre su paradero real. Su nombre integraba de forma prioritaria el listado oficial de los diez prófugos más buscados de toda la provincia de Santa Fe por su presunta participación en balaceras organizadas. Las autoridades políticas consideran que su captura representa un golpe simbólico contra las segundas líneas que dinamizan la violencia urbana en el sur santafesino.
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Los ataques contra instituciones públicas que motivaron el pedido de captura original exponen el nivel de audacia de las células criminales de la región. Las balaceras contra escuelas provinciales y edificios policiales buscaban infundir temor social masivo y condicionar las políticas de seguridad del gobierno santafesino. El fiscal Diego Giro recopiló testimonios, peritajes balísticos y registros de cámaras de seguridad que ubican al detenido en la planificación material de estas agresiones directas. El expediente judicial detalla que estas acciones armadas se ejecutaban bajo órdenes directas emanadas desde los penales federales.
La investigación penal que ahora se abre en los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires buscará desenterrar los apoyos locales que permitieron el ocultamiento de este prófugo de alta peligrosidad. Los detectives de la Policía Federal peritan las pertenencias del detenido para determinar qué tipo de documentación falsa utilizaba para moverse en la noche porteña. También intentan rastrear la procedencia de los fondos económicos que financiaban su estadía prolongada en los barrios más caros de la Capital Federal sin actividades laborales lícitas declaradas. Las sospechas apuntan a una red de departamentos de alquiler temporario utilizados como aguantaderos por la delincuencia rosarina.
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El traslado del imputado hacia los tribunales del sur provincial activará un estricto protocolo de seguridad vial para prevenir posibles intentos de rescate o atentados en la autopista. Los gabinetes técnicos del Ministerio de Seguridad coordinan el operativo con fuerzas especiales para blindar el paso de las unidades de traslado de detenidos. El éxito definitivo de esta captura dependerá de la capacidad de los fiscales para traducir el material de inteligencia secuestrado en condenas efectivas dentro de los tribunales de la provincia. La resolución de este trámite interjurisdiccional abre un compás de espera sobre el verdadero impacto que tendrá la baja de este operador en las calles del noroeste rosarino.
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