El gobernador bonaerense dijo que si el jefe de Gabinete fuera peronista estaría preso e ironizó sobre el pendrive usado para justificar criptomonedas.
Axel Kicillof se metió de lleno en la polémica por el caso Manuel Adorni y planteó que existe una doble vara política y judicial para medir a los funcionarios del Gobierno nacional. El gobernador de la provincia de Buenos Aires respondió una consulta de la prensa y trazó una comparación directa con el tratamiento que, según su mirada, recibe el peronismo ante causas judiciales. En ese marco, lanzó una frase que buscó sintetizar su crítica: “si Adorni fuera peronista estaría preso”.
La declaración de Kicillof llegó en medio de los cuestionamientos al jefe de Gabinete por la explicación de su patrimonio y por el reconocimiento de activos vinculados a criptomonedas. El caso viene generando presión desde distintos sectores opositores y también incomodidad dentro del propio oficialismo. Para el gobernador bonaerense, el episodio expone un contraste entre la dureza aplicada contra dirigentes peronistas y el respaldo político que mantiene Adorni desde la Casa Rosada.
El mandatario provincial vinculó su respuesta con la situación de Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. La comparación no fue casual, porque el peronismo viene instalando la idea de una persecución judicial contra su principal referente. Kicillof usó el caso Adorni para reforzar esa lectura y para cuestionar el modo en que se evalúa la conducta de un funcionario de alto rango del Gobierno nacional.
La ironía también ocupó un lugar central en su respuesta. Ante los periodistas, y después de que le pidieran que hablara “con respeto”, Kicillof respondió entre risas: “Yo estoy buscando un pendrive para los recursos de la provincia”. La frase apuntó directamente a la explicación que Adorni dio sobre una parte de su fortuna en Bitcoin, presuntamente almacenada en una billetera fría o dispositivo físico fuera del sistema financiero tradicional.
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El comentario del gobernador buscó transformar una explicación técnica en un cuestionamiento político. La referencia al pendrive se convirtió en uno de los puntos más comentados del caso porque remite a la forma en que el jefe de Gabinete justificó fondos equivalentes a cientos de miles de dólares. Para la oposición, esa explicación no alcanza para despejar dudas sobre el origen, la declaración y la trazabilidad de ese patrimonio.
La controversia también incluye pedidos para que la Unidad de Información Financiera investigue al funcionario nacional por posible lavado de dinero. Ese reclamo elevó la discusión desde el terreno de la declaración jurada hacia un plano judicial más amplio. En ese contexto, la frase de Kicillof no solo buscó marcar una posición partidaria, sino también presionar sobre la necesidad de controles institucionales.
Adorni ocupa uno de los cargos más relevantes del Poder Ejecutivo y debe responder ante el Congreso por la marcha del Gobierno. Por eso, las dudas sobre su patrimonio tienen una dimensión institucional que excede su situación personal. La discusión gira en torno a la transparencia de un funcionario que integra la primera línea de la administración nacional y que representa políticamente a un gobierno que construyó parte de su discurso sobre la honestidad y el rechazo a los privilegios.
Kicillof eligió poner el foco en esa contradicción. Según su planteo, la misma conducta que podría derivar en una respuesta penal o política severa contra un dirigente peronista aparece atenuada cuando involucra a un funcionario libertario. Esa es la idea de fondo detrás de su frase sobre Adorni y la cárcel: denunciar que el estándar no sería el mismo para todos los espacios políticos.
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El caso ya había generado críticas de otros sectores de la oposición y también del PRO, que le pidió a Javier Mileidejar de defender al jefe de Gabinete. La presión política creció porque Adorni no es un funcionario secundario, sino una figura central del Gobierno. Su continuidad, por lo tanto, quedó asociada a la decisión del Presidente de sostenerlo o de tomar distancia frente al avance de los cuestionamientos.
La intervención de Kicillof suma un nuevo capítulo a una crisis que combina patrimonio, criptomonedas, acusaciones cruzadas y disputa institucional. El gobernador bonaerense no se limitó a pedir explicaciones, sino que usó el caso para cuestionar la arquitectura política y judicial que, según el peronismo, opera con criterios distintos según el origen partidario del acusado. Esa lectura convierte al expediente Adorni en un nuevo terreno de confrontación entre el oficialismo libertario y el peronismo.
El episodio también muestra cómo una explicación patrimonial puede transformarse rápidamente en un símbolo político. El pendrive, las criptomonedas y la comparación con Cristina Kirchner quedaron integrados en una misma escena pública. Para Kicillof, el caso sirve para señalar lo que considera una vara desigual; para el Gobierno, en cambio, el desafío es evitar que la polémica erosione su discurso de transparencia.
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Sergio Bustos
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