El Estado acumula una cifra récord de demandas y nadie puede calcular cuánto costarán

Mientras la discusión pública gira en torno al gasto, el déficit o el ajuste, otra amenaza menos visible sigue creciendo dentro de la estructura estatal. Se trata de una gigantesca masa de litigios que enfrenta la administración nacional y cuya magnitud plantea un problema tan complejo como incierto: nadie puede precisar cuánto dinero deberá desembolsarse para resolverla.

Los registros oficiales muestran que actualmente existen 339.085 demandas activas contra la administración central, una cifra que excluye organismos como la Anses, ARCA y los litigios internacionales. Si se incorporaran esos expedientes, el volumen sería todavía mayor. Solo la Anses registraba más de 294.000 causas en trámite hasta septiembre del año pasado.

La preocupación no pasa únicamente por la cantidad de expedientes. El aspecto más delicado surge al intentar determinar cuál será el costo final para las cuentas públicas. Más de 183.000 causas carecen de una valuación económica definida, por lo que ni siquiera los organismos encargados de defender judicialmente al Estado cuentan con una estimación consolidada sobre la eventual obligación de pago.

OTRAS NOTICIAS

Nueva asociación civil para defender el uso del espacio público en playas y áreas naturales

La incertidumbre se profundiza porque los juicios con montos identificados aparecen expresados en distintas monedas y con actualizaciones sujetas a criterios judiciales. Existen reclamos registrados en pesos, dólares, euros, libras esterlinas e incluso yenes. A eso se suman intereses, honorarios y mecanismos de actualización que pueden modificar radicalmente cualquier cálculo previo.

Detrás de esa enorme litigiosidad aparecen conflictos que se repiten durante años. Los reclamos por diferencias salariales concentran 145.360 expedientes, equivalentes a más del 40% del total. También figuran demandas por riesgos del trabajo, multas, daños y perjuicios, pensiones, ejecuciones fiscales y distintos reclamos administrativos que se reproducen de manera masiva dentro del propio aparato estatal.

Las fuerzas de seguridad constituyen uno de los focos más sensibles. Gendarmes, policías y personal retirado mantienen cientos de demandas relacionadas con suplementos salariales, adicionales, actualizaciones de haberes y cuestiones previsionales. Muchos de esos conflictos se arrastran desde hace décadas y atraviesan administraciones de distintos signos políticos.

OTRAS NOTICIAS

Quién era Gaspi, el youtuber creador de contenidos que desafió los límites del streaming

Un exintegrante de la Policía Federal explicó parte del origen de esas controversias. “Los distintos gobiernos han intentado solucionar los déficits salariales abonando pagos no remunerativos. Son prácticamente en negro”, sostuvo. Según relató, esa modalidad terminó generando reclamos judiciales que llegaron hasta la Corte Suprema con fallos favorables para integrantes de las fuerzas.

El sistema de salud también alimenta el crecimiento de expedientes. Entre los casos relevados aparecen numerosos amparos vinculados con tratamientos complejos y medicamentos de altísimo costo. Las demandas buscan garantizar coberturas que muchas veces involucran terapias para enfermedades graves y generan fuertes tensiones presupuestarias para los organismos responsables.

Otro dato llamativo es que una parte de los litigios enfrenta a organismos públicos entre sí. Entre las causas registradas figura una demanda de la provincia de Chubut contra el Estado nacional por más de $10.500 millones, además de otros reclamos millonarios vinculados con entes estatales y empresas públicas. Estos casos permiten dimensionar el impacto económico que puede esconderse detrás de expedientes todavía abiertos.

OTRAS NOTICIAS

Quirno usó la elección colombiana para golpear a Petro por su crítica a Milei

La Procuración del Tesoro sigue de cerca esta situación porque debe intervenir en los litigios de mayor relevancia institucional y económica. Su titular, Sebastián Amerio, señaló que “mientras coordinamos la defensa jurídica del Estado en toda la Administración Pública Nacional y atendemos los distintos frentes internacionales, la Procuración del Tesoro también asume la representación directa en los litigios más complejos y relevantes para el país”.

Los especialistas advierten que el fenómeno no responde a una sola gestión. Según los datos oficiales analizados, casi ocho de cada diez causas activas ya existían antes de diciembre de 2023, lo que refleja un problema estructural que se mantiene a través de distintos gobiernos. La litigiosidad, lejos de disminuir, continúa alimentándose de conflictos laborales, previsionales, sanitarios y administrativos que se repiten de manera sistemática.

Para quienes siguen el tema desde hace años, el verdadero desafío no pasa únicamente por ganar o perder juicios. El interrogante central es cuánto dinero representan realmente esos expedientes que permanecen abiertos durante años y cuyo valor final todavía resulta imposible de calcular. Mientras tanto, los reclamos siguen ingresando a los tribunales y la factura potencial continúa creciendo dentro de las cuentas del Estado argentino.