La pelea por el control del SOMU suma otro capítulo y amenaza con llegar a la Corte Suprema

A más de seis meses del conflicto institucional que atraviesa el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), un sector opositor decidió redoblar la presión en los tribunales. La presentación realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo incorpora una reserva del caso federal y anticipa que la disputa podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El planteo fue impulsado por el secretario de la Seccional San Fernando, Guillermo Martín Centurión, quien presentó un escrito de 68 fojas en el expediente que analiza la situación electoral del sindicato. El dirigente reclamó que se rechace cualquier nueva extensión de los mandatos vencidos en diciembre de 2025 si no está acompañada por un cronograma electoral inmediato, público y con fechas definidas.

La presentación sostiene que una medida excepcional no puede transformarse en una herramienta para prolongar la permanencia de autoridades cuyos mandatos ya finalizaron. En ese marco, advierte que cualquier decisión que habilite una nueva prórroga sin garantías democráticas vulneraría derechos constitucionales y convencionales vinculados a la actividad sindical.

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"Para el supuesto de que se rechace la presentación, se convalide una nueva prórroga indefinida, se omita declarar la nulidad e ineficacia de los actos posteriores a la suspensión o se omita ordenar medidas eficaces de normalización electoral, dejo planteada la reserva del caso federal", expresa uno de los tramos centrales del escrito presentado ante la Justicia laboral.

La estrategia judicial también se apoya en denuncias sobre el funcionamiento interno de la Seccional San Fernando. Centurión e Ingrid Monge, subsecretaria Nacional de Relaciones Laborales y candidata de la Lista Granate 41, sostienen que existe una situación de discriminación sistemática hacia los afiliados de esa jurisdicción por parte de la conducción nacional encabezada por Raúl Omar Durdos.

Según detallaron, las dificultades abarcan desde la falta de fondos y presupuesto para el funcionamiento de la seccional hasta problemas vinculados con prestaciones de la obra social. También cuestionan la exclusión de representantes locales de las negociaciones paritarias y la centralización de beneficios sociales fuera de su ámbito territorial.

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El escrito incorpora además un pedido específico para que la Justicia examine la situación electoral del actual secretario general. Los denunciantes consideran que debe realizarse un control exhaustivo de legalidad sobre la candidatura de Durdos y plantean que existiría una aplicación desigual de las normas disciplinarias y estatutarias dentro de la organización sindical.

Desde la seccional sostienen que determinadas restricciones fueron utilizadas para desplazar a dirigentes opositores mientras no se aplicaron con el mismo criterio a integrantes de la conducción nacional. Esa supuesta diferencia de tratamiento aparece como uno de los argumentos centrales de la impugnación presentada.

Como parte de los reclamos, también solicitaron la nulidad o ineficacia jurídica de las actuaciones desarrolladas tras la suspensión judicial del proceso electoral. A la vez, propusieron la designación de una veeduría externa o de un delegado electoral neutral que supervise la transparencia de los comicios y la depuración del padrón de afiliados.

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La denominada reserva del caso federal constituye una herramienta procesal que permite acudir a la Corte Suprema si consideran que una resolución vulnera garantías constitucionales. En este caso, los dirigentes sostienen que están comprometidos principios vinculados con la libertad sindical, la democracia interna, la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho de los afiliados a elegir y ser elegidos.

Con esta nueva presentación, el conflicto suma una instancia que podría extender aún más la disputa judicial. Mientras la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo analiza los planteos pendientes, desde la Seccional San Fernando ya anticiparon que recurrirán al máximo tribunal del país si se habilita la continuidad de las actuales autoridades sin una definición electoral que, a su criterio, garantice reglas transparentes y participación democrática.