Caso $LIBRA: buscan sacar de la causa a los inversores que empujan la investigación

La continuidad de la investigación judicial por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA podría atravesar un punto de inflexión si prospera un pedido presentado por uno de los principales involucrados en el caso. Mauricio Novelli, señalado como uno de los operadores que participó del lanzamiento del token, solicitó que los inversores que impulsan la causa sean apartados del expediente penal.

La presentación fue realizada ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi mediante un escrito de 46 páginas en el que la defensa sostiene que, después de más de quince meses de investigación, no existe evidencia suficiente para afirmar que hubo una estafa. Según el planteo, quienes compraron el activo digital asumieron voluntariamente los riesgos propios de una inversión altamente especulativa.

La estrategia judicial apunta directamente contra cinco inversores que actualmente actúan como querellantes en el expediente: Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo. Este último se presentó ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados como representante de más de 200 personas que aseguran haber sufrido pérdidas tras el derrumbe del token.

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Si la Justicia acepta el planteo de Novelli, esos inversores perderían la posibilidad de solicitar medidas de prueba, reclamar nuevas citaciones o intervenir activamente en el rumbo de la investigación. Se trata de una herramienta procesal que hasta ahora les permitió participar de manera directa en una causa que también involucra al presidente Javier Milei y a otros actores vinculados al lanzamiento de la criptomoneda.

La defensa sostiene que la hipótesis de una maniobra fraudulenta nunca logró consolidarse durante la instrucción. En el escrito presentado por el abogado Daniel Rubinovich se afirma que la causa "se ha convertido en un intento vano de transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria, sin identificar una falsedad concreta, un error típico o una víctima afectada patrimonialmente mediante engaño".

Uno de los puntos centrales del planteo es la defensa del accionar de Javier Milei cuando difundió en la red social X información vinculada a $LIBRA. Según la presentación, el mensaje del mandatario tuvo un contenido político y no constituyó una recomendación de inversión ni incluyó promesas de ganancias para quienes decidieran adquirir el activo digital.

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"Los querellantes no explican qué representación patrimonial falsa habría generado en ellos, ni cómo habría determinado su conducta ulterior", sostuvo Rubinovich. Además agregó que "una cuestión es que una publicación determinada genere atención pública o impacto político. Y otra completamente distinta es que constituya una maniobra engañosa jurídicamente apta para provocar una disposición patrimonial típica".

La causa intenta determinar si detrás del lanzamiento de $LIBRA existió un esquema conocido en el mundo de las criptomonedas como "rug pull", una operatoria mediante la cual se impulsa artificialmente el valor de un activo para luego provocar su desplome y retirar fondos antes que el resto de los inversores. Las estimaciones incorporadas al expediente indican que unas 74.000 personas compraron el token y que nueve billeteras vinculadas a sus creadores retiraron alrededor de 286 millones de dólares.

Novelli rechaza esa hipótesis. Su defensa sostiene que los impulsores del proyecto siempre fueron personas identificables, que la iniciativa continuó operativa después del lanzamiento y que incluso se impulsaron mecanismos posteriores vinculados al token, entre ellos un fideicomiso destinado a canalizar fondos relacionados con el proyecto.

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Otro de los argumentos utilizados por la defensa apunta al perfil de los propios denunciantes. Según el escrito, varios de los querellantes tenían experiencia previa en operaciones con criptomonedas y plataformas de alta volatilidad. Para Novelli, ese conocimiento previo vuelve menos creíble la posibilidad de que hayan sido inducidos a error mediante una supuesta maniobra engañosa.

La discusión ahora quedará en manos del juez Martínez de Giorgi y del fiscal federal Eduardo Taiano. Lo que se resuelva no sólo definirá la situación procesal de los querellantes sino también el futuro de una investigación que desde su inicio generó repercusiones políticas, económicas y judiciales. Si el planteo prospera, los inversores perderán una de las principales herramientas con las que hasta ahora buscaron impulsar el avance de la causa.