¿La anulación del jury por fallas de procedimiento salvó de forma definitiva a la jueza Mariel Suárez?
Chubut18/06/2026
REDACCIÓNEl presidente del Superior Tribunal aclaró en #LA17 que la magistrada ya se encuentra en funciones y que el principio de preclusión impide juzgarla dos veces por los mismos hechos.
El proceso disciplinario de mayor impacto institucional en el sistema judicial de Comodoro Rivadavia quedó clausurado sin una resolución sobre la conducta de fondo de la principal involucrada. Un defecto insalvable en la tramitación del tribunal de enjuiciamiento determinó la nulidad absoluta de la destitución que pesaba sobre la jueza de garantías Mariel Suárez. Al haberse quebrado las garantías procesales básicas durante el desarrollo del primer litigio formal, las herramientas de remoción directa quedaron inhabilitadas, forzando la restitución de la magistrada a sus funciones habituales dentro de los tribunales de la zona sur provincial.
La imposibilidad legal de estructurar un nuevo jury de destitución responde a principios constitucionales básicos que resguardan la seguridad jurídica de cualquier ciudadano sometido a un proceso de juzgamiento del Estado. Durante una entrevista mantenida con #LA17, el titular del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Andrés Giacomone, detalló los alcances técnicos del fallo y confirmó la reincorporación de la funcionaria. El magistrado inhabilitó cualquier intento de reapertura del expediente al recordar que no se puede arrastrar a un acusado a dos instancias de juzgamiento independientes por la misma causa.
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La resolución definitiva de la máxima instancia judicial de la provincia se concretó en el transcurso de las últimas semanas, dejando sin efecto las sanciones de separación del cargo que se habían determinado de forma originaria. “Una vez que una causa se resuelve hay un principio que es el de preclusión y nadie podría ser llevado por dos jurys distintos por el mismo hecho”, explicó Andrés Giacomone a través de los micrófonos de #LA17, clausurando la posibilidad de aplicar sanciones por las conductas consideradas poco académicas fuera de la jurisdicción santacruceña.
El tribunal encargado de evaluar originalmente la conducta de la jueza penal estuvo conformado bajo un esquema mixto que integró a diferentes estamentos del poder civil y judicial de la provincia. La comisión examinadora contó con el voto de un ministro del Superior Tribunal de Justicia, dos diputados provinciales en representación de la Legislatura y dos abogados de la matrícula elegidos por sorteo. Los vicios en el desarrollo de las audiencias impidieron que este cuerpo colegiado emitiera una sentencia conforme a derecho, derivando en una nulidad procedimental que dejó firmes los derechos laborales de la magistrada en Comodoro.
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La situación del foro judicial de Comodoro Rivadavia acumula otras tensiones de carácter operativo que obligaron al Superior Tribunal a desplegar auditorías sobre el fuero de Familia de esa circunscripción. Los controles internos se activaron con fuerza tras registrarse el trágico fallecimiento de un menor de edad cuya tenencia legal había sido retirada a su padre para ser transferida a la madre por disposición de los juzgados locales. Esta contingencia fatal expuso fallas en los mecanismos de diagnóstico preventivo, requiriendo una revisión integral del desempeño de los secretarios y asesores intervinientes.
Las medidas administrativas dispuestas por la superintendencia de la judicatura provincial incluyeron la fiscalización inmediata de las dependencias auxiliares de los juzgados de familia de la zona sur. “Se terminó la intervención para analizar”, puntualizó el doctor Andrés Giacomone en el diálogo con #LA17, haciendo referencia a las inspecciones ejecutadas sobre los Equipos Técnicos Interdisciplinarios encargados de evaluar los entornos de vulnerabilidad infantil. La auditoría busca deslindar las responsabilidades civiles y funcionales de los peritos psicólogos y trabajadores sociales que avalaron el traspaso de la guarda del menor.
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El análisis del rendimiento del fuero de familia comodorense se ejecuta de manera paralela a las actuaciones de carácter penal que tramitan de forma independiente en las fiscalías de la circunscripción. Las inspecciones del Superior Tribunal evalúan de manera permanente el manejo general de los expedientes de violencia y tenencia, rastreando los niveles de coordinación con el Ministerio de la Defensa Pública. Las autoridades judiciales reconocen que los resultados de estos informes periódicos son indispensables para corregir las demoras críticas en las medidas de abrigo y exclusión de hogar en contextos de riesgo sociofamiliar.
La vulnerabilidad del sistema de protección de derechos de las infancias en la zona sur involucra de manera directa a las dependencias administrativas dependientes del Poder Ejecutivo de los municipios y de la provincia. Los diagnósticos judiciales sobre la tenencia de menores se sustentan en los informes ambientales previos que elaboran las oficinas locales de atención familiar y los servicios de asistencia social de la comuna. Las mesas de control cruzado intentan unificar los protocolos de alerta temprana para evitar que las internas burocráticas entre los juzgados y las secretarías de desarrollo social dilaten las medidas de protección efectivas.
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