Parejas, con empleo formal, piden ayuda al Municipio para pagar el alquiler

Las oficinas de asistencia social locales registran un desborde por la caída de trabajadores de clase media. En paralelo, la intendencia enfrenta el freno total de un plan de viviendas y el desalojo de una ecoaldea.

Los mostradores de las dependencias asistenciales locales registran un cambio drástico en el perfil socioeconómico de los ciudadanos que concurren a tramitar subsidios de emergencia para sostener sus condiciones básicas de vida. El encarecimiento de los arrendamientos y los costos de las prestaciones médicas modificaron los esquemas de demanda, incorporando a núcleos familiares que históricamente cubrían sus obligaciones sin necesidad de aportes del tesoro público. Las autoridades municipales confirmaron el desborde de las partidas locales ante la aparición de hogares donde ambos integrantes de la pareja poseen empleo formal pero sus ingresos quedaron desfasados frente a la inflación.

La precarización de las economías domésticas fue descrita por la conducción de la comuna tras finalizar los actos institucionales desarrollados en la plaza central de la localidad. En diálogo con las frecuencias periodísticas del diario La Arena, el intendente de Toay, Ariel Rojas, detalló las dificultades que experimenta la estructura administrativa para contener el deterioro del entramado laboral urbano. “Los pedidos de ayuda social se van incrementado, se nota muchísimo en la demanda social donde cada vez tenemos más pedidos y acuden a pedir ayuda familias que antes no lo hacían. El deterioro de la clase media se nota cada vez más”, manifestó el jefe comunal, remarcando las consecuencias de la política económica que aplica el presidente Javier Milei.

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El congelamiento de los fondos nacionales destinados a la infraestructura urbana agudizó la crisis del ejido municipal, dejando paralizado el principal desarrollo habitacional planificado para dar cobertura a la demanda de techos en la región. Las cuadrillas debieron abandonar los terrenos asignados para la edificación de un complejo de 270 viviendas tras confirmarse la eliminación definitiva del programa de créditos Procrear por parte del Ejecutivo federal. Las gestiones encabezadas por el gobernador Sergio Ziliotto buscan reactivar el flujo de capitales para revertir el estado de abandono de un predio estratégico que hoy se encuentra transformado en un predio abandonado cubierto de malezas con apenas el 18 por ciento de avance constructivo.

El frente logístico de la comuna se encuentra tensionado de igual manera por la inminente ejecución de una orden de lanzamiento judicial que afectará a un grupo de personas asentadas en tierras de dominio del Estado. La resolución dictada por el Superior Tribunal de Justicia pampeano desestimó las últimas apelaciones constitucionales de la defensa, fijando un plazo perentorio entre los meses de julio y agosto para desalojar los terrenos de la ecoaldea Chakra Raíz. La intendencia ratificó que acatará los plazos técnicos que establezca el juzgado de la causa civil caratulada de forma oficial como “Municipalidad de Toay c/ Morales María Soledad y otros”.

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La inminencia del procedimiento forzoso despertó el rechazo de las organizaciones barriales de la comarca, las cuales salieron a denunciar una persecución sistemática contra las familias que habitan el asentamiento comunitario. Desde la conducción del Desayunador Comunitario de Villa Germinal emitieron un pronunciamiento público donde acusaron al intendente Rojas de mantener un hostigamiento judicial permanente sobre el predio desde el año 2018. Los militantes territoriales defendieron la ocupación de los terrenos al argumentar que la comunidad transformó en un hogar productivo un espacio ocioso que la administración utilizaba previamente como depósito de residuos.

Las entidades de base advirtieron sobre el grado de vulnerabilidad habitacional en el que quedarán los niños y adolescentes que integran la comunidad una vez que las fuerzas policiales ejecuten las directivas del máximo tribunal de la provincia. Las críticas de las agrupaciones civiles apuntan a la inacción de los estamentos de niñez del gobierno pampeano para dar soluciones habitacionales de fondo a los menores afectados por el litigio de tierras. Frente a estos cuestionamientos vecinales, la conducción municipal optó por delegar las responsabilidades operativas en el arbitrio de los magistrados, argumentando que la disposición del terreno excede las facultades del departamento ejecutivo local.

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Las tensiones que rodean la gestión del municipio coinciden con el inicio de los movimientos subterráneos para definir la conducción interna del Partido Justicialista de cara a los próximos turnos de renovación institucional. El intendente de Toay quedó excluido de las deliberaciones y las convocatorias desarrolladas por los referentes de la línea Plural en las instalaciones del club Argentino de Santa Rosa, un evento que aceleró las diferencias del peronismo. Rojas reconoció la existencia de corrientes contrapuestas en los armados de base, manifestando la urgencia de reestructurar las plataformas electorales para recuperar la competitividad perdida ante el oficialismo nacional.

El jefe comunal pampeano ensayó una autocrítica sobre las metodologías tradicionales del peronismo de la región central, sugiriendo la necesidad de abandonar ciertos vicios internos que ya no sintonizan con las demandas reales del electorado joven. “En momentos complejos como los que vivimos, el PJ necesita una reorganización, sobre todo para el proceso electoral que viene y que ya genera los primeros movimientos, con cosas y vientos positivos y otros que no tanto”, analizó el dirigente de Toay. El mandatario contrapuso los errores partidarios con la continuidad de las políticas sanitarias y educativas que el estado de La Pampa sostiene de forma regular en su territorio.

Fuente: Diario La Arena