La Iglesia salió al cruce de un proyecto oficial poniendo el foco en quién podrá comprar tierras

La discusión sobre la propiedad de la tierra sumó un nuevo actor en las últimas horas. Mientras el Gobierno impulsa cambios legales para modificar distintos aspectos vinculados al régimen de propiedad privada, organizaciones ligadas a la Iglesia católica expresaron una fuerte preocupación por las consecuencias que podrían derivarse de algunas de las medidas incluidas en el proyecto.

La advertencia no apuntó únicamente a cuestiones jurídicas. El eje de la crítica se concentró en el manejo futuro de territorios considerados estratégicos y en la posibilidad de que desaparezcan restricciones que actualmente limitan determinadas operaciones sobre tierras rurales. Desde ese lugar, las entidades sostienen que la iniciativa podría tener efectos que exceden el mercado inmobiliario.

La postura quedó plasmada en una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales que deberán debatir la propuesta. El documento fue firmado por el Área de Ecología Integral de Pastoral Social, la Entidad Nacional de Defensa del Indígena (Endepa) y Cáritas Argentina, organizaciones que plantearon reparos sobre varios artículos del texto impulsado por el Poder Ejecutivo.

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Entre los aspectos más cuestionados aparece la eliminación de límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras. Según las entidades, el cambio permitiría operaciones sobre superficies vinculadas a reservas de agua y otros recursos naturales que hasta ahora contaban con mayores restricciones.

En la actualidad, la legislación contempla limitaciones para este tipo de adquisiciones en zonas de frontera. La iniciativa oficial modificaría ese esquema y mantendría controles previos únicamente para Estados extranjeros o compañías con participación estatal, equiparando al resto de los inversores internacionales con los nacionales.

Las organizaciones también manifestaron preocupación por los cambios previstos sobre terrenos afectados por incendios. El proyecto introduce modificaciones en la denominada ley del fuego y habilita situaciones que hasta ahora encontraban limitaciones legales. Desde la Iglesia calificaron algunos de esos artículos como "alarmantes" y señalaron que podrían ampliar considerablemente las superficies disponibles para su utilización inmediata después de un siniestro.

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La crítica incorpora además una mirada sobre el papel del Estado en la planificación territorial. Según el documento, la iniciativa reduce herramientas de intervención pública para administrar el uso del suelo, ejecutar obras o resguardar intereses comunitarios frente a emprendimientos privados. Las entidades sostienen que ese escenario podría impactar especialmente sobre sectores con menor capacidad de defensa económica y jurídica.

Para fundamentar su posición, los firmantes recurrieron a textos recientes de la doctrina social de la Iglesia. En ese marco citaron un pasaje de la encíclica Magnifica Humanitas que sostiene: "El principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes".

El documento también recupera conceptos planteados por el papa Francisco en Laudato Si', donde la tierra es definida como "hermana y madre" que "nos sustenta, nos alimenta y nos cobija". Desde esa perspectiva, las organizaciones remarcan que el territorio no puede analizarse únicamente desde su valor económico y destacan su dimensión cultural, social e identitaria.

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Otro de los puntos abordados es el acceso a la vivienda. Las entidades reconocen que miles de familias enfrentan dificultades para alcanzar una solución habitacional y consideran necesario un marco legal que resulte equilibrado para propietarios e inquilinos. Sin embargo, entienden que las herramientas incluidas en el proyecto no ofrecen una respuesta adecuada a esa problemática.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la propuesta busca agilizar operaciones y modernizar procedimientos. Entre otras medidas, plantea la digitalización integral de trámites registrales y la creación de una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para facilitar gestiones remotas en todo el país. El debate recién comienza y ahora quedará en manos del Congreso.