Mientras empresarios de la pesca, el turismo, el comercio y otras actividades económicas vienen reclamando una reducción de la presión impositiva para sostener empleo e inversiones, el Gobierno nacional decidió avanzar con una exención tributaria para las empresas vinculadas al negocio de las criptomonedas.
La medida fue oficializada mediante un decreto que amplió las exenciones del impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido popularmente como impuesto al cheque. El beneficio alcanza principalmente a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrados ante la Comisión Nacional de Valores, además de otros actores del sistema financiero y de pagos digitales.
El cambio elimina una restricción que regía desde 2021 y que obligaba a tributar el impuesto en determinadas operaciones con criptoactivos, aun cuando el contribuyente estuviera alcanzado por regímenes de exención. A partir de ahora, las operaciones de compraventa de monedas digitales quedarán alcanzadas por los mismos beneficios que poseen otros operadores financieros.
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La decisión fue celebrada por empresas del sector y por la Cámara Argentina Fintech, que desde hace años reclamaban la eliminación de lo que consideraban una desventaja competitiva frente a bancos, billeteras virtuales y otros intermediarios regulados.
“El decreto 475/2026 corrige una asimetría impositiva que generaba costos adicionales para los PSAV y limitaba el desarrollo de nuevas soluciones financieras”, sostuvo Maxi Raimondi, CFO de Lemon.
La medida llega en momentos en que distintos sectores productivos mantienen reclamos similares vinculados a la carga tributaria y los costos operativos, aunque sin obtener respuestas concretas. En los últimos meses, empresarios pesqueros denunciaron el impacto de impuestos, cargas laborales y costos portuarios sobre la competitividad de la actividad.
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También referentes del turismo vienen advirtiendo sobre las dificultades para sostener emprendimientos frente a la presión fiscal. Días atrás, la presidenta de la Cámara de Turismo de Esquel, Marta Barrera, afirmó que la carga tributaria resulta “asfixiante” y sostuvo que buena parte de los ingresos de las empresas terminan absorbidos por impuestos y aportes.
El contraste no pasó inadvertido entre distintos actores económicos. Mientras el Gobierno justificó la exención para las criptomonedas como una forma de equiparar condiciones dentro del sistema financiero, sectores vinculados a la producción continúan reclamando medidas similares para actividades que generan empleo directo, exportaciones y movimiento económico en distintas regiones del país.
Desde la administración nacional señalaron que el objetivo del decreto es adecuar la normativa a los cambios tecnológicos y eliminar diferencias de tratamiento entre actividades comparables. Sin embargo, la decisión vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre cuáles son los sectores que reciben alivio fiscal y cuáles continúan esperando respuestas frente al aumento de costos y la presión impositiva.
La exención para las empresas cripto representa una señal clara hacia la economía digital. Al mismo tiempo, reabre interrogantes entre actividades tradicionales que desde hace tiempo reclaman una revisión de la estructura tributaria sin lograr avances similares.
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Sergio Bustos
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