La denuncia por presunta intimidación en Indio Cuá seguirá en Comodoro Py
Actualidad19/06/2026
REDACCIÓNLa Cámara Federal porteña resolvió que la investigación continúe en la Ciudad de Buenos Aires y no sea enviada por ahora a Campana.
La denuncia por presunta intimidación a vecinos del club privado Indio Cuá seguirá tramitando, al menos por ahora, en los tribunales federales de Comodoro Py. La Cámara Federal porteña resolvió que la investigación no sea enviada al juzgado federal de Campana, pese a que el barrio privado está ubicado en Exaltación de la Cruz. La decisión mantiene el expediente dentro del fuero donde se presentó originalmente la denuncia y ordena avanzar con medidas preliminares antes de definir una eventual competencia territorial.
El caso está vinculado con el expediente que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su esposa, Bettina Angeletti, por presunto enriquecimiento ilícito. En esa investigación aparece bajo análisis la casa que la familia tiene en el country Indio Cuá, donde se realizaron refacciones que, según declaró el contratista Matías Tabar, costaron 245 mil dólares en efectivo. La fiscalía busca reconstruir aspectos patrimoniales de esas obras y por eso pidió registros de ingresos y egresos al lote 380 del funcionario.
La nueva denuncia fue presentada por la diputada Marcela Pagano y apunta a determinar si existió un operativo de Gendarmería Nacional en la entrada del barrio con una finalidad distinta a la seguridad. Según la presentación, luego de que el caso tomó estado público, se habría dispuesto un “despliegue permanente de efectivos” sin un acto administrativo fundado ni una evaluación técnica de riesgo. La legisladora también pidió investigar si hubo mensajes intimidatorios dirigidos a vecinos a través del grupo de WhatsApp del complejo.
La presentación judicial solicita revisar posibles responsabilidades de Adorni, de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y de integrantes de Gendarmería Nacional, entre otros posibles involucrados. El eje de la denuncia es determinar si la presencia de la fuerza federal tuvo respaldo legal o si pudo haber sido utilizada para condicionar a vecinos del barrio. Por ahora, esas afirmaciones forman parte de una denuncia y deberán ser verificadas en la investigación.
El primer juzgado que recibió el planteo se declaró incompetente y decidió remitir el expediente a Campana. Esa resolución generó un conflicto de competencia, porque la fiscalía entendió que todavía no había elementos suficientes para desprenderse de la causa. El punto central era si correspondía investigar el caso en el lugar donde se encuentra el barrio privado o mantenerlo en Comodoro Py hasta reunir información básica sobre los hechos denunciados.
OTRAS NOTICIAS:
La Cámara Federal porteña intervino para resolver esa discusión y el juez del Tribunal de Apelaciones Eduardo Farahconsideró que el envío del expediente a Campana había sido prematuro. El magistrado sostuvo que la decisión se tomó cuando la causa estaba en una etapa inicial y todavía no se había dado intervención al Ministerio Público Fiscal. “Ese temperamento fue adoptado cuando en la causa sólo obraba la denuncia y ni siquiera se había dado intervención al Ministerio Público Fiscal”, señaló en su resolución.
Farah remarcó que aún falta determinar aspectos esenciales de la denuncia. Entre ellos, si la consigna de Gendarmería “existió o existe aún, quién la ordenó y en base a qué circunstancias y aplicando qué normas”. Para el camarista, sin esa información mínima no es posible establecer con seguridad qué juzgado debe intervenir, porque todavía no están individualizados los hechos ni las circunstancias concretas en las que habrían ocurrido.
El fallo también recordó la doctrina de la Corte Suprema sobre conflictos de competencia. Según ese criterio, antes de definir qué tribunal debe intervenir, debe existir una investigación suficiente que permita precisar los hechos, el modo, el lugar y las posibles calificaciones legales. Por eso, la Cámara entendió que el expediente debe permanecer en el juzgado federal 3 de Comodoro Py, a cargo de Daniel Rafecas, mientras se realizan las primeras medidas.
La resolución no implica una definición sobre el fondo de la denuncia ni sobre la existencia de delitos. Lo que resolvió la Cámara es una cuestión procesal: dónde debe avanzar la investigación en esta etapa inicial. La causa deberá ahora reunir información sobre la supuesta presencia de Gendarmería, el eventual origen de la orden, la normativa invocada y los mensajes atribuidos al funcionario o a su entorno.
OTRAS NOTICIAS:
El expediente se suma a otros frentes judiciales vinculados con la familia Adorni. Además de la investigación patrimonial sobre el jefe de Gabinete y su esposa, en otro juzgado se tramita una denuncia contra Francisco Adorni, hermano del funcionario, por presunta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas. En ese caso, el fiscal Guillermo Marijuán pidió citarlo a declaración indagatoria, mientras la causa quedó bajo la órbita del mismo magistrado en carácter de subrogante.
La decisión de mantener la denuncia en Comodoro Py deja abierta una nueva línea de investigación alrededor del caso Indio Cuá. La fiscalía deberá establecer si hubo una custodia federal, si esa presencia tuvo respaldo administrativo y si existieron conductas de intimidación hacia vecinos del barrio. Hasta que esos puntos sean aclarados, el expediente continuará en la Justicia federal porteña y no será derivado al juzgado de Campana.
Te puede interesar
