La reforma porteña permite detenciones, sube multas, amplía controles en eventos masivos y apunta contra organizaciones que cobren por estacionar.
Quienes cobren por cuidar autos de manera ilegal en la Ciudad de Buenos Aires podrán enfrentar detenciones de hasta 60 días bajo el nuevo régimen aprobado por la Legislatura porteña. La reforma del Código Contravencional alcanza a cuidacoches, limpiavidrios, organizadores de esas prácticas y entidades que faciliten el cobro irregular en la vía pública. El cambio desplaza el esquema centrado casi exclusivamente en multas y habilita una respuesta más dura frente a situaciones de presión o intimidación.
La Ley 6961 amplía las facultades de control del Gobierno porteño y de la Policía de la Ciudad. La norma permitirá detener a quienes se apropien del espacio público y extorsionen a vecinos durante eventos masivos o en calles de circulación habitual. La sanción fue aprobada con 36 votos afirmativos y surgió de un acuerdo con legisladores de distintas fuerzas políticas.
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El nuevo esquema diferencia entre infractores ocasionales y personas que organizan o promueven el cobro ilegal. Para quienes cuiden autos sin autorización en cualquier calle, la detención irá de 10 a 30 días. En casos vinculados con eventos masivos, organización previa o bandas, las penas subirán de 20 a 50 días, mientras que jefes, coordinadores o promotores podrán recibir hasta 60 días.
Las sanciones se duplicarán cuando exista violencia, acoso, intimidación, persistencia o aprovechamiento de la vulnerabilidad del conductor. También se considerará agravante la desigualdad de género cuando la conducta se ejerza sobre personas en una posición de mayor exposición. El objetivo declarado es intervenir antes de que el cobro informal se convierta en una imposición para estacionar.
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El alcance territorial será más amplio durante espectáculos, partidos, recitales y cualquier evento realizado en la Ciudad. La prohibición regirá hasta 50 cuadras a la redonda del lugar y se aplicará desde seis horas antes del inicio hasta tres horas después de la finalización. Ese margen busca cubrir los momentos en los que suelen concentrarse maniobras de cobro por estacionamiento en zonas de alta circulación.
La reforma también apunta contra clubes, instituciones u organizadores que tengan participación directa o indirecta en la actividad ilegal. Si se comprueba esa vinculación, el Gobierno porteño podrá duplicar las multas y llevarlas de 10.000 a 20.000 UF, equivalentes a montos aproximados de 10 a 20 millones de pesos. Las clausuras preventivas podrán extenderse hasta 90 días, frente al máximo anterior de 30.
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Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se registraron 13.149 contravenciones vinculadas con estas prácticas. Para el Gobierno porteño, ese volumen mostró que las sanciones económicas no alcanzaban para desalentar la repetición de la conducta. Jorge Macri resumió esa crítica al afirmar: “¿Cuánto le importa una multa a un trapito? Se le ríen en la cara a la Policía”.
El jefe de Gobierno celebró la aprobación con un mensaje de fuerte tono político en sus redes sociales. “Si sos trapito, te meto preso. Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien. Ley y orden”, escribió. Luego reforzó la misma línea en un video con imágenes de cuidacoches y testimonios de personas afectadas.
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Macri buscó diferenciar su gestión de administraciones anteriores, a las que cuestionó por sostener un esquema basado en multas. “Dejaron que esta mafia se apropiara de las calles. Dejaron que una banda de extorsionadores decidiera dónde podías estacionar. Ya no hay más advertencia. ¿Sos trapito? Te meto preso”, expresó en la secuencia audiovisual difundida después de la votación. Con esa frase, el Ejecutivo porteño presentó la norma como parte de una política de “tolerancia cero”.
El texto aprobado sostiene que el fenómeno dejó de ser un mero ofrecimiento informal en muchas zonas de la Ciudad. Según el diagnóstico incorporado en la reforma, la conducta puede incluir presión directa sobre conductores que pagan para evitar conflictos o represalias. Esa lectura fundamenta la ampliación de penas, controles y herramientas de intervención en la vía pública.
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El régimen también incluye una instancia de asistencia para quienes sean detenidos. El juez interviniente deberá informar a los infractores sobre programas a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat o del organismo competente. Sin embargo, quienes lideren o promuevan la actividad podrán quedar excluidos de programas estatales por dos años, como forma de desalentar la reincidencia.
La aplicación de la ley quedará concentrada en la capacidad de controlar calles, zonas de eventos y sectores donde el cobro ilegal suele repetirse. La norma aumenta las consecuencias para quienes exploten esa práctica y extiende la responsabilidad a organizaciones que la faciliten. El límite inmediato estará en probar cada conducta, identificar roles dentro de la actividad y sostener operativos que no dependan solo de momentos de alta exposición pública.
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