Once agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba irán a juicio por golpear a dos internas
Policiales19/06/2026
REDACCIÓNLa Fiscalía acusa a once agentes penitenciarias por vejaciones, lesiones, omisión de deberes y falsedad ideológica contra dos detenidas.
Dos internas del Establecimiento Penitenciario N°3 de Bouwer quedaron en el centro de una causa que ahora irá a juicio contra once agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba. La acusación sostiene que las detenidas sufrieron golpes y malos tratos dentro del penal en noviembre de 2025. La investigación colocó bajo revisión el deber de custodia estatal dentro de una cárcel donde el personal penitenciario tenía la obligación legal de proteger la salud física y mental de las personas alojadas.
La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción del Distrito 11, ex Distrito I Turno 3°, que pidió la citación a juicio de las agentes imputadas con distintos grados de participación. La causa no se limita a una denuncia por agresiones, porque también incluye figuras vinculadas con el comportamiento funcional posterior a los hechos. Esa amplitud de acusaciones indica que la Justicia analizará tanto la violencia denunciada como las presuntas maniobras u omisiones dentro del procedimiento interno.
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Las imputaciones comprenden vejaciones calificadas y lesiones leves calificadas, en concurso ideal, además de omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Ese conjunto de delitos muestra una hipótesis fiscal de violencia institucional dentro de un espacio de encierro. La acusación no describe un conflicto aislado entre personas privadas de libertad, sino una intervención atribuida a agentes estatales con responsabilidad directa sobre la custodia de las internas.
La investigación determinó que las agentes habrían golpeado y maltratado a dos mujeres alojadas en la cárcel de Bouwer. El punto central del expediente es que esas conductas, según la acusación, violaron la obligación de cuidar y garantizar la integridad física y mental de las personas detenidas. En un establecimiento penitenciario, esa obligación no es secundaria: forma parte del núcleo básico de la función pública asignada al personal de seguridad carcelaria.
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La Fiscalía también incorporó la figura de falsedad ideológica, una imputación que amplía el análisis sobre lo ocurrido después de las agresiones denunciadas. Ese delito apunta a posibles irregularidades en documentos o registros vinculados con la actuación funcional. Por eso, el juicio deberá revisar no solo el momento de los golpes y maltratos, sino también la forma en que se documentaron, informaron o intentaron justificar los hechos dentro del penal.
El Ministerio Público Fiscal provincial destacó que la investigación contó con apoyo del propio Servicio Penitenciario de Córdoba. Ese dato resulta relevante porque permitió reconstruir la dinámica de lo ocurrido, identificar a las presuntas responsables y avanzar con medidas sobre la prueba. También se informó el secuestro de elementos sustraídos, un componente que será revisado dentro del debate para establecer su relación con la secuencia investigada.
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La causa involucra a once agentes mujeres, aunque en esta versión se preservan sus identidades por tratarse de una instancia penal que llegará a juicio. El expediente distingue diferentes grados de participación, por lo que el tribunal deberá analizar la conducta atribuida a cada una. Esa diferencia será importante para determinar responsabilidades individuales, más allá de la acusación general formulada sobre el grupo.
La citación a juicio marca el cierre de una etapa de investigación y abre el camino hacia un debate oral. Allí deberán exponerse las pruebas reunidas, las declaraciones, los informes internos y los elementos que sostienen la acusación. La defensa de cada imputada podrá discutir la reconstrucción fiscal, cuestionar la prueba y plantear su versión sobre el rol que cumplió en los hechos investigados.
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El caso también vuelve a poner bajo observación el funcionamiento de los controles dentro de los establecimientos penitenciarios. Las personas privadas de libertad dependen del Estado para su seguridad, atención y resguardo cotidiano. Cuando la acusación recae sobre agentes encargadas de esa custodia, el proceso judicial excede la conducta individual y obliga a revisar cómo se supervisan los procedimientos internos.
La intervención fiscal sostiene que las agresiones ocurrieron en noviembre de 2025 dentro del Establecimiento Penitenciario N°3. Ese dato temporal permitirá ordenar las pruebas y ubicar los hechos dentro de la rutina carcelaria. El tribunal deberá establecer si existieron golpes, malos tratos, lesiones, omisiones funcionales y registros falsos, tal como plantea la acusación.
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La llegada a juicio deja una consecuencia institucional concreta para el Servicio Penitenciario cordobés. Once agentes deberán responder ante la Justicia por hechos que comprometen el trato a personas detenidas y el cumplimiento de deberes públicos. El punto pendiente será determinar en el debate oral si la prueba reunida alcanza para sostener las acusaciones y fijar responsabilidades penales por lo ocurrido en Bouwer.
Fuente: NA.
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