La disputa territorial suma una ley riojana, una respuesta sanjuanina y posibles acciones ante la Corte por áreas de alto valor económico.
El mapa entre La Rioja y San Juan volvió a tensarse por una franja territorial donde conviven turismo internacional, minería de alta montaña y viejos límites fijados durante un gobierno de facto. La discusión dejó de ser una diferencia histórica archivada entre provincias y pasó a ocupar un lugar central por el peso económico de zonas cercanas al Valle de la Luna, Gualcamayo y áreas vinculadas al Proyecto Vicuña. La próxima etapa podría trasladar el conflicto a la Corte Suprema y al Congreso de la Nación.
La Cámara de Diputados de La Rioja aprobó una ley que declara la nulidad de la Ley Nacional N.º 18.004, sancionada en 1968 durante el gobierno de Juan Carlos Onganía. Para las autoridades riojanas, esa delimitación resultó unilateral y perjudicial para su territorio. La norma también crea una comisión especial para estudiar, seguir y delimitar la frontera interprovincial en discusión.
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El planteo riojano apunta a una discusión jurídica con impacto directo sobre recursos. La nueva legislación instruye a la Fiscalía de Estado de La Rioja a iniciar acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El pedido inmediato será obtener medidas cautelares que impidan actividades o explotación de recursos en las zonas cuestionadas hasta que exista una definición sobre el fondo del conflicto.
San Juan respondió con una postura de rechazo frente a la validez de la ley aprobada por La Rioja. El Poder Ejecutivo sanjuanino sostuvo que los límites provinciales se encuentran consolidados legalmente y que una provincia no puede modificar fronteras por medio de una norma local. La administración de San Juan remarcó que cualquier alteración territorial requiere intervención y aprobación del Congreso Nacional, de acuerdo con la Constitución Argentina.
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El choque institucional tiene un punto sensible: ambas provincias colocan el conflicto en planos distintos. La Rioja busca revisar una delimitación que considera viciada por su origen y por la falta de participación del Congreso. San Juan, en cambio, defiende la vigencia de los límites actuales y prepara una estrategia jurídica para conservar el control de las áreas cuestionadas.
La zona bajo disputa se extiende desde el Cerro El Potro hasta la región del Valle de la Luna. Ese corredor tiene valor estratégico porque conecta territorios de alto interés turístico y minero. La discusión no se limita a una línea sobre un mapa, ya que involucra administración, explotación de recursos, regalías, inversiones y presencia estatal en áreas de montaña.
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El reclamo riojano comprende sectores cercanos al Parque Provincial Ischigualasto, administrado por San Juan y reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Ese territorio recibe turismo internacional y funciona como uno de los grandes atractivos de la provincia cuyana. Cualquier discusión sobre su área de influencia abre un capítulo sensible para la gestión turística, la promoción internacional y la organización de servicios asociados.
La minería aparece como el otro factor de fondo. La traza pretendida por La Rioja alcanza a los yacimientos de Gualcamayo y a zonas vinculadas al Proyecto Vicuña, con emprendimientos de cobre y oro en la cordillera. Allí se ubican inversiones multimillonarias que San Juan considera parte de su estrategia productiva y que La Rioja observa como un territorio con derechos históricos pendientes de revisión.
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El gobierno sanjuanino convocó a distintos sectores políticos locales para coordinar una defensa común. La respuesta formal se encaminará hacia las instancias judiciales que correspondan, con el objetivo de sostener la administración de las áreas cuestionadas. En paralelo, la discusión política podría escalar al Congreso si alguna de las partes empuja una revisión legislativa del límite interprovincial.
El reclamo de La Rioja también busca frenar cualquier avance sobre recursos mientras se resuelve la controversia. Las medidas cautelares que pretende solicitar ante la Corte apuntan a impedir actividades en las zonas discutidas hasta que exista una decisión definitiva. Ese punto resulta central porque puede afectar proyectos, permisos, circulación, inversiones y planificación territorial.
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El conflicto expone una tensión clásica del federalismo argentino: dos provincias discuten soberanía territorial sobre áreas que concentran valor económico. La Rioja invoca una delimitación nacida en dictadura y San Juan sostiene que el límite está consolidado. Entre ambos argumentos aparecen recursos turísticos y mineros que aumentan el costo político de cualquier concesión.
La resolución final no dependerá solo de declaraciones provinciales. Al tratarse de un diferendo entre dos Estados, el cierre deberá surgir de acuerdos políticos en el Congreso de la Nación o de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Hasta entonces, la frontera discutida seguirá operando como una disputa abierta sobre territorio, recursos y poder provincial.
Fuente: NA.
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