Piden 14 años de cárcel para un exjefe de la Sociedad Rural por financiar el narcotráfico
Policiales20/06/2026
REDACCIÓNEl fiscal federal José Ignacio Candioti solicitó el decomiso de una estancia de 1.200 hectáreas en Entre Ríos. El acusado está aislado en un pabellón de máxima seguridad.
El alojamiento bajo condiciones extremas de vigilancia en un pabellón para internos de alto riesgo del Servicio Penitenciario Federal modificó por completo las rutinas del principal imputado en la causa. Las restricciones carcelarias definitivas se implementaron de forma inmediata tras detectarse indicios serios sobre la planificación de acciones violentas fuera de los muros de la prisión. Las agencias de seguridad interceptaron información que vinculaba al detenido con un presunto plan para atentar contra la integridad física de un juez, un fiscal federal y un ministro provincial.
La situación del productor agropecuario entrerriano, Leonardo Roberto Airaldi, sumó un fuerte revés patrimonial en las últimas horas del debate que se sustancia en los tribunales federales. Las acusaciones unificadas del Ministerio Público incluyeron un requerimiento formal para que el Estado tome posesión definitiva de la estancia denominada "El Mirador". Se trata de un establecimiento rural que cuenta con una superficie aproximada de 1.200 hectáreas de extensión en la provincia litoraleña.
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Las inspecciones de las fuerzas de seguridad determinaron que la geografía de ese campo de producción funcionaba presuntamente como una base de operaciones logísticas clandestinas para el Cono Sur. Las hipótesis de los investigadores sostienen que el predio de generosas dimensiones facilitaba el descenso regular de aeronaves de pequeño porte involucradas en el traslado internacional de cargamentos ilegales. Las maniobras de tráfico transnacional se ejecutaron de forma continuada durante un período que abarcó los años 2019 y 2024 de manera ininterrumpida.
La estrategia corporativa para sostener la estructura delictiva se valía de la solvencia financiera que el sospechoso obtenía mediante sus empresas comerciales formales en el ámbito agrario. El dictamen acusatorio remarcó la paradoja de utilizar la capacidad económica generada por vías lícitas para capitalizar de forma paralela el despliegue de una red delictiva. Los peritos contables analizaron las declaraciones impositivas del ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante para trazar el flujo de dinero invertido en las sustancias.
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Los agravantes evaluados por los representantes del Poder Judicial para mensurar la magnitud de la pena pretendida contemplan el empleo de métodos violentos para dirimir los conflictos internos de la banda. El procesamiento unificó dos expedientes criminales complejos que ventilaban las ramificaciones de la red en las geografías urbanas de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Las intervenciones telefónicas permitieron constatar que las operaciones de acopio y distribución fina se concentraban en las localidades de Paraná y Diamante.
Las defensas técnicas de los imputados mantuvieron una postura de rechazo absoluto frente a las evidencias recolectadas por las brigadas de drogas peligrosas de las fuerzas federales. Los asesores legales del productor rural cuestionaron la validez de los allanamientos y la interpretación de los balances comerciales que sirvieron de base para la acusación. La representación de los acusados pretende que el tribunal desestime los cargos de financiamiento al argumentar la falta de pruebas directas en los campos de cultivo.
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La confección del alegato de clausura requirió de un trabajo de articulación técnica entre la fiscalía general de la región y los especialistas de la PROCUNAR. Los funcionarios judiciales unificaron los criterios de ponderación de la prueba al considerar al dirigente agropecuario como el cerebro y aportante de capitales de la organización. El pedido de pena privativa de la libertad formulado por el fiscal general José Ignacio Candioti fijó la pretensión de castigo en el límite de los catorce años de reclusión efectiva.
La multiplicidad de sustancias estupefacientes incautadas en los operativos y la sofisticación de los recursos de transporte aéreo alejan al expediente de los casos ordinarios de comercialización al menudeo. Los investigadores judiciales insistieron en que la logística aplicada requería de aceitados contactos internacionales para coordinar las hojas de ruta de los pilotos sin activar los radares oficiales. La causa ingresó en su etapa de deliberación interna tras la clausura de las exposiciones verbales de las partes en pugna.
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La resolución definitiva del caso quedó supeditada a los plazos procesales obligatorios que manejan los integrantes del Tribunal Oral Federal de Paraná. Los magistrados que presiden el debate oral y público comunicaron a las partes que el dictado de la sentencia con el veredicto final se concretará el próximo 13 de agosto. Hasta que se cumplimente esa fecha del calendario judicial, el procesado continuará bajo el régimen de aislamiento estricto en la unidad penitenciaria federal para neutralizar cualquier intento de interferencia externa.
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