Jaldo anticipó el veto a una polémica ley tucumana para borrar contenidos digitales

El proyecto tucumano habilita a jueces penales a ordenar bajas en seis horas, sin réplica previa, y desató críticas por libertad de expresión.

Una ley todavía sin tratamiento en el recinto alcanzó para instalar en Tucumán una disputa directa entre protección del honor, libertad de expresión y poder judicial sobre contenidos digitales. El proyecto impulsado por Gerónimo Vargas Aignasse propone una vía rápida para ordenar la baja, eliminación o desindexación de publicaciones consideradas calumniosas o injuriantes. La iniciativa ya tiene dictamen favorable, pero quedó rodeada por críticas opositoras y por una señal política fuerte del propio gobernador Osvaldo Jaldo. Si el texto llega al Ejecutivo en las condiciones actuales, el mandatario provincial anticipó que irá al veto. La discusión dejó de girar solo sobre redes sociales y pasó a tocar prensa digital, garantías constitucionales y control judicial de contenidos.

El mecanismo planteado busca crear una medida cautelar específica para casos de violencia digital. El texto habilita una “tutela judicial inmediata destinada a disponer la cesación urgente del daño provocado por publicaciones digitales que constituyan en forma manifiesta, inequívoca y acreditada calumnias o injurias”. Esa fórmula concentra el núcleo de la propuesta: una intervención veloz antes de que la difusión del contenido continúe. La decisión quedaría en manos de un juez penal provincial, que debería resolver en un plazo máximo de seis horas. El punto más cuestionado es que esa definición llegaría sin una réplica previa del autor de la publicación o del medio involucrado.

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El alcance del proyecto también explica la intensidad del rechazo. La herramienta no se limita a posteos individuales, sino que incluye un universo amplio de circulación pública en internet. La redacción alcanza a “contenidos difundidos en redes sociales, plataformas digitales, portales web, diarios digitales, servicios de mensajería de difusión masiva y cualquier medio tecnológico de comunicación pública en línea”. Esa amplitud coloca a medios, usuarios particulares y plataformas dentro del mismo procedimiento urgente. Para sus críticos, el riesgo no está solo en perseguir calumnias reales, sino en habilitar pedidos veloces contra opiniones, investigaciones o publicaciones incómodas.

Jaldo tomó distancia del proyecto pese a que el autor integra el bloque oficialista provincial. El gobernador aclaró que se trata de un texto individual dentro de la Legislatura y buscó despegar al Poder Ejecutivo de la iniciativa. “Es una iniciativa que está muy lejos de plasmarse, si así lo deciden los legisladores en el recinto”, sostuvo. Después dejó una advertencia explícita sobre el futuro del proyecto si no recibe modificaciones. “Si se llegara a aprobar, no hay duda que en el Poder Ejecutivo -que tengo el honor de conducir y habrá que estudiarlo como sale en definitiva-, tal cual está, va camino al veto. Esa es mi posición”, afirmó.

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La Libertad Avanza Tucumán salió a cuestionar la propuesta con un comunicado que la ubicó en un plano institucional. El partido expresó “profunda preocupación” y se declaró en estado de alerta ante el avance del texto. “Recordamos que en la República Argentina los poderes del Estado son independientes”, señaló el documento, antes de advertir que una persona afectada por una publicación ya cuenta con herramientas legales para acudir a la Justicia. La fuerza libertaria sostuvo que condicionar el accionar judicial desde una ley con ese diseño constituye “un hecho de enorme gravedad institucional”. La crítica se concentró en la posibilidad de que el procedimiento derive en censura previa o en restricciones al debate público.

El comunicado opositor también puso el acento en el derecho a expresarse sin mecanismos de presión anticipada. “La libertad de expresión es un valor fundamental de toda sociedad democrática y republicana”, remarcó La Libertad Avanza. Luego agregó que cualquier intento de restringirla, limitarla o crear mecanismos de censura representa “un avance preocupante contra derechos y garantías esenciales de los ciudadanos”. La postura fue replicada por dirigentes nacionales y provinciales, entre ellos Lisandro Catalán y Soledad Molinuevo. La diputada sostuvo que la iniciativa “viola garantías constitucionales y habilita abusos arbitrarios”, y cerró con una frase categórica: “La libertad de expresión no se negocia”.

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Las objeciones también llegaron desde otros sectores opositores de la provincia. Walter Berarducci, legislador de Compromiso Tucumán, sostuvo que la iniciativa colocaría al juez penal en un rol ajeno a su función. Para él, si el proyecto se aprueba, el magistrado pasaría a decidir “qué contenido puede circular y cuál debe eliminarse”. Berarducci definió ese esquema como una función extraña a la jurisdicción penal y advirtió que el mecanismo solo busca censurar contenidos sin debate previo. Su crítica cerró con una defensa del debate público: “La democracia se defiende con más opinión pública, más debate y no con más silencio”.

El dictamen incorporó cambios respecto de la versión inicial, aunque conservó la estructura del procedimiento rápido. La modificación más relevante fue excluir del acceso a esta medida a funcionarios públicos y personas elegidas por voto popular, hasta el rango de director en los tres poderes del Estado. Esa corrección respondió a cuestionamientos que señalaban un posible uso de la herramienta para proteger a dirigentes de críticas periodísticas o ciudadanas. También se eliminó el artículo que fijaba una vigencia inicial de diez días para la cautelar, aunque se mantuvo el proceso sumarísimo. Además, el texto incorporó un “candado normativo” para que los jueces rechacen pedidos cuando exista duda razonable sobre si el contenido denunciado es opinión, crítica o información de interés público.

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Vargas Aignasse defendió la iniciativa y rechazó que el objetivo sea blindar a la política. En redes sociales sostuvo que quien diga “que es para proteger políticos, está faltando a la verdad”. El legislador afirmó que “la ley protege a los ciudadanos comunes frente a las calumnias, injurias y campañas de difamación que hoy se viralizan en minutos y pueden destruir reputaciones, familias y hasta poner en riesgo la salud mental de las personas”. También negó que se trate de censura y definió el proyecto como un límite frente al hostigamiento digital. “No es censura. Es poner un límite a la mentira deliberada y al hostigamiento digital”, escribió.

El expediente todavía no ingresó al orden del día y su tratamiento no aparece previsto de manera inmediata. Desde el entorno del vicegobernador Miguel Acevedo dejaron trascender que no acompañarán ningún proyecto que limite la libertad de prensa ni el ejercicio periodístico. El propio Vargas Aignasse reconoció: “El proyecto todavía no está en el orden del día y no está previsto que se trate. Ha generado mucho ruido”. También insistió en que “se deja afuera de utilizar esta medida cautelar urgente a quien tenga un cargo público” y que busca regular conflictos entre particulares. La próxima definición quedará en la Legislatura: corregir el texto, congelarlo o aprobar una norma que Jaldo ya avisó que puede vetar.

Fuente: Infobae.