Calculan que Argentina tendrá un faltante en dólares cercano a USD 9.000 millones para 2027

El banco estima una brecha en dólares para 2027 y advierte que el Gobierno necesita disciplina fiscal, manejo de deuda y regreso al crédito.

El plan financiero del Gobierno llegará a 2027 con una presión concreta: J.P. Morgan calcula una brecha en dólares cercana a USD 9.000 millones si se mantiene una renovación total de la deuda en pesos. El número aparece en un informe del banco de inversión y coloca el calendario electoral frente a una exigencia de financiamiento externo. La administración de Javier Milei conserva como respaldo el superávit fiscal, pero ese dato no elimina la necesidad de conseguir divisas. El problema central queda en la escala de vencimientos en moneda extranjera, los compromisos del Banco Central y la capacidad de volver al crédito internacional sin pagar tasas demasiado altas.

El informe distingue entre el equilibrio de corto plazo y el salto que aparece en 2027. Para el tramo que resta de 2026, J.P. Morgan considera manejables las necesidades de financiamiento, aun con un escenario donde solo se renueve el 80% de la deuda en pesos. Esa lectura se apoya en ingresos por emisiones domésticas en dólares, préstamos externos respaldados por organismos multilaterales y fondos previstos por privatizaciones. La dificultad aparece cuando el análisis cruza el año electoral siguiente con pagos más elevados en moneda dura. Allí el margen se vuelve más estrecho, porque el Gobierno necesita reservas, colocaciones y manejo de pasivos al mismo tiempo.

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El dato más sensible está expresado como porcentaje del producto. Los requerimientos de divisas del sector público para 2027 llegan al 3,7% del PBI, según el banco. La cifra sube al 5,3% del PBI si se agrega el servicio de deuda del Banco Central, donde entran los Bopreal y los repos con bancos internacionales. En términos absolutos, la brecha rondaría los USD 9.000 millones si esos repos no se renuevan. Si el Banco Central consigue refinanciar esos compromisos, el faltante bajaría a cerca de USD 4.000 millones, un número menor pero todavía relevante para una economía que intenta recomponer reservas.

La estrategia oficial apunta a llegar antes que el calendario financiero. J.P. Morgan señala que las autoridades trabajan de manera proactiva para prefinanciar las necesidades de 2027, con la idea de reducir exposición a la volatilidad electoral. El banco contempla en sus proyecciones una colocación adicional de USD 2.500 millones en Bonares durante el segundo semestre, por encima de USD 4.000 millones ya comprometidos para 2026. Ese esquema busca acumular recursos antes de que el mercado condicione más caro el acceso a fondos. El objetivo no consiste solo en pagar vencimientos, sino en mostrar capacidad de planificación frente a inversores que observan reservas, riesgo país y consistencia fiscal.

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El informe usa el concepto de “antifragilidad” para describir esa búsqueda de protección financiera. El punto no pasa por resistir la volatilidad cuando llegue, sino por reducir su impacto antes de que aparezca con fuerza. El banco advierte que “la escala de las obligaciones en moneda extranjera en 2027 y más allá subraya la necesidad de complementar la acumulación de reservas con opciones de financiamiento diversificadas”. Esa frase marca el núcleo del diagnóstico: el superávit ayuda, pero no alcanza como única fuente de confianza. El Gobierno necesita combinar reservas, deuda, organismos, operaciones de mercado y administración fina de vencimientos.

La consistencia del programa aparece asociada a tres condiciones que J.P. Morgan enumera con precisión. El informe menciona “la disciplina fiscal sostenida, la gestión activa de pasivos y una revinculación gradual con los mercados internacionales” como pilares para ordenar el frente financiero. La disciplina fiscal permite sostener credibilidad frente a acreedores, pero la gestión de pasivos define cuánto se paga, cuándo y con qué instrumentos. La revinculación con mercados internacionales, en cambio, abre la pregunta por el costo del financiamiento. Si el Gobierno acepta los rendimientos vigentes, podría emitir deuda; si no, deberá profundizar fuentes alternativas.

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El costado fiscal ofrece, por ahora, la parte más sólida del análisis. J.P. Morgan sostiene que “el compromiso de la administración Milei con el equilibrio fiscal permanece intacto”, pese a la caída de ingresos registrada durante el año. En mayo, el superávit primario superó las estimaciones del banco y alcanzó USD 1.400 millones, con un acumulado anual de 0,8% del PBI. El resultado global, que incluye intereses, también quedó en terreno positivo con 0,2% del PBI. Para todo 2026, el banco proyecta un presupuesto equilibrado y un superávit primario de 1,5% del PBI, suficiente para cubrir pagos de intereses.

Ese equilibrio fiscal convive con una estructura de gasto más baja y con nuevas tensiones sociales. El gasto primario se ubica 29% por debajo del promedio de 2017-2019, con caídas fuertes en subsidios económicos y en inversión pública. El informe proyecta una mejora de ingresos por ventas de activos estatales y recuperación de actividad durante el segundo semestre. Ese aumento quedaría compensado en parte por mayor gasto social, incluidas transferencias para financiamiento universitario. La señal para el mercado es clara: el Gobierno puede sostener el ancla fiscal, pero necesita demostrar que ese ajuste no deriva en nuevas presiones políticas ni en pérdida de financiamiento.

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El calendario de 2027 también presiona por el lado de la deuda en pesos. Las amortizaciones en moneda local previstas para ese año ascienden a 110.000 millones de pesos, equivalentes a unos USD 60.600 millones al tipo de cambio proyectado en el informe. Las fuentes previstas incluyen depósitos del Tesoro en el Banco Central y nuevas colocaciones de deuda. La brecha en pesos se estima en 34.347 millones, equivalente al 3,3% del PBI. Aunque el foco más sensible está en los dólares, el frente local también exige renovación, confianza de inversores y tasas compatibles con el programa económico.

El límite operativo queda en la capacidad del Gobierno para transformar el orden fiscal en financiamiento disponible antes de que los vencimientos lleguen al centro del calendario. J.P. Morgan no discute solo si la Argentina puede pagar, sino cómo llega a 2027 con reservas, crédito y credibilidad suficientes. La brecha de USD 9.000 millones funciona como advertencia sobre la escala de fondos que el programa necesita conseguir. Si el Banco Central renueva repos, si el Tesoro coloca deuda y si los mercados aceptan una vuelta gradual, el faltante puede achicarse. Si alguna de esas piezas falla, el año electoral puede convertir el frente financiero en la prueba más exigente para el plan económico de Milei.

Fuente: Infobae.