Exigen muestras de ADN a familiares para identificar a tres desaparecidos de La Pampa
Policiales21/06/2026
REDACCIÓNEl Equipo Argentino de Antropología Forense procesa restos óseos hallados en predios militares de Córdoba. Buscan establecer el paradero de un médico, un fotógrafo y un metalúrgico.
Los especialistas en identificación biológica necesitan de manera inmediata nuevos perfiles genéticos aportados por los entornos parentales para cotejar los elementos óseos recuperados en los últimos trabajos de excavación terrestre. La recolección de estas muestras resulta indispensable para avanzar en la determinación de las identidades de los ciudadanos civiles que permanecen listados como desaparecidos desde la década de 1970. Las oficinas gubernamentales coordinan acciones logísticas directas para localizar a los parientes consanguíneos de las víctimas, apuntando a suministrar el material genético faltante que permita cruzar los datos moleculares en los laboratorios especializados.
Las tareas de remoción de suelo e investigación de campo se concentran actualmente en un sector específico denominado “Loma del Torito”, un espacio que abarca una superficie de tres hectáreas de extensión. Dicha parcela se encuentra emplazada en el interior de las 14 mil hectáreas que componen la Guarnición Militar de La Calera, un territorio que albergó el funcionamiento del Centro Clandestino de Detención La Perla en la provincia de Córdoba. En ese perímetro delimitado, los arqueólogos detectaron una importante cantidad de restos humanos dispersos y desarticulados, los cuales evidencian el accionar clandestino de las fuerzas represivas antes y durante el último quiebre institucional del país.
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El entrecruzamiento de datos históricos determinó que entre el universo de personas retenidas ilegalmente en esa estructura cordobesa se encuentran tres hombres nacidos en pueblos y ciudades de La Pampa. Uno de los perfiles corresponde a Horacio Álvarez, un médico egresado en Córdoba y militante político nacido en General Pico en 1951, cuyo secuestro violento se ejecutó el 13 de abril de 1976 y de quien existen testimonios directos sobre su permanencia en el mencionado centro ilegal. El segundo caso es el del santarroseño Omar Alejandro Olachea, un reportero gráfico nacido en 1949 que fue interceptado el 21 de mayo de 1976, mientras que la lista se completa con el obrero metalúrgico Severino Alonso, nacido en La Maruja en 1932 y capturado junto a su pareja el 8 de enero de 1976.
El procesamiento técnico de las piezas recuperadas corre por cuenta del Laboratorio de Genética Forense del EAAF, donde se efectúan los análisis antropológicos detallados sobre los fragmentos extraídos de las fosas. Los científicos realizan los cotejos de ácido desoxirribonucleico sobre un primer conjunto de elementos rescatados, cruzando la información con la base de datos de los familiares que buscan respuestas desde hace casi medio siglo. Las pericias laboratoriales se centran en resolver los expedientes de activistas sociales y trabajadores que fueron secuestrados de manera sistemática entre los años 1975 y 1978 en el interior del país.
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La efectividad de los métodos de contraste aplicados por los peritos forenses arrojó resultados significativos durante el transcurso de los primeros meses del presente año. En el transcurso de marzo se logró establecer de forma fehaciente la identidad de 12 víctimas de la represión ilegal, mientras que durante el posterior mes de mayo los análisis confirmaron la filiación de otras 17 personas. Estos avances numéricos representan un paso fundamental en los procesos de verdad que tramita la justicia federal, permitiendo dar cierre administrativo y humano a expedientes que permanecían paralizados por carencia de evidencias físicas comprobables.
La articulación institucional para dar soporte a estas intervenciones científicas motivó un contacto directo entre la subsecretaria de Derechos Humanos pampeana, Paula Grotto, y los equipos técnicos radicados en las áreas de excavación. La funcionaria provincial mantuvo una mesa de trabajo con la antropóloga social Virginia Andrea Urquizu, quien se desempeña formalmente como coordinadora de la Unidad de Casos de la entidad forense. Durante la comunicación, las autoridades formalizaron el interés del Ejecutivo provincial en el seguimiento de la campaña y se pusieron a disposición de los peritos para facilitar cualquier requerimiento operativo dentro de la jurisdicción de origen de los desaparecidos.
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Los trabajos de exploración en la Guarnición Militar de La Calera registran antecedentes metodológicos continuos que se iniciaron de forma pionera durante la década de 1980, modificando sus cuadrantes de búsqueda de acuerdo al surgimiento de nuevos testimonios judiciales. La actual centralización de los esfuerzos en las parcelas de la loma obedece a informes topográficos modernos que señalaron movimientos de tierra anómalos compatibles con entierros clandestinos masivos. El soporte brindado por los familiares resulta el engranaje definitivo para que las excavaciones en las tres hectáreas críticas no queden reducidas a hallazgos óseos anónimos sin correlación familiar.
La administración del Estado pampeano remarcó que el éxito de la campaña de identificaciones de este año, que ya suma un total consolidado de 29 personas devueltas a sus seres queridos, depende de sostener la presencialidad en el territorio. Las áreas gubernamentales específicas asumieron el compromiso de acompañar a los parientes directos de Álvarez, Olachea y Alonso durante las etapas de extracción de material genético, garantizando el traslado y resguardo de las muestras hacia las sedes forenses. Este acompañamiento técnico busca mitigar el desgaste burocrático de los entornos familiares ante requerimientos judiciales de vieja data.
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