La Justicia investiga si hubo intervención humana en el incendio que afectó monte nativo, especies protegidas y una zona estratégica de Cafayate.
El incendio forestal que golpea a Cafayate ya dejó de ser solo una emergencia ambiental y entró de lleno en el terreno judicial. La fiscal penal Sandra Rojas lleva adelante una investigación para determinar cómo empezó el fuego en una finca perteneciente a la firma El Monte S.A. La causa se abrió después de la denuncia presentada por la intendenta Rita Guevara, quien pidió esclarecer el origen de las llamas y establecer eventuales responsabilidades. La magnitud del daño, la reiteración de focos en el mismo lugar y los testimonios vecinales colocaron la sospecha de intervención humana en el centro del expediente.
La denuncia municipal fue presentada el 9 de junio, dos días después del inicio del primer foco registrado en la propiedad. Guevara señaló ante la fiscalía local que el incendio provocó graves daños al ecosistema y puso en riesgo la integridad de los bomberos que trabajaron en la zona. También recordó que durante mayo ya se había producido un episodio similar en la misma finca, un antecedente que elevó la preocupación institucional. Ese dato no permite afirmar todavía una intencionalidad, pero sí justifica que la investigación no descarte ninguna hipótesis. La fiscalía deberá reconstruir si el fuego respondió a condiciones accidentales o a una acción concreta.
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El avance del incendio dejó una superficie afectada que supera las 200 hectáreas, con impacto sobre bosque nativo y especies protegidas. Entre los ejemplares mencionados aparece el algarrobo, declarado de especial interés ecológico por su valor dentro del ambiente local. En una zona seca, expuesta a viento y con vegetación sensible, cada foco puede expandirse con rapidez y dificultar el trabajo de combate. Por eso, el daño no se mide solo en hectáreas quemadas. También alcanza al suelo, a la biodiversidad, a la capacidad de recuperación del monte y a la seguridad de quienes intervienen en la emergencia.
La investigación incorporó testimonios de vecinos que dijeron haber visto personas desconocidas merodeando por sectores cercanos al aeródromo y al parque de paneles solares. Esa información forma parte del material que deberá analizar la fiscal Rojas dentro de la causa. La mayoría de los vecinos, según la información disponible, considera que hubo intervención humana en el origen de las llamas. La fiscalía, sin embargo, mantiene abiertas distintas líneas de análisis para evitar conclusiones prematuras. En este tipo de expedientes, la prueba técnica, los testimonios y los relevamientos en terreno resultan determinantes.
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El Concejo Deliberante de Cafayate declaró la emergencia ambiental por un plazo de 18 meses. La medida apunta a concentrar recursos para el combate del fuego, la reparación de las áreas dañadas y las tareas de mitigación que vendrán después. La ordenanza reconoce la afectación de importantes superficies de bosque nativo y el riesgo que representa la pérdida de vegetación protegida. Además, permite ordenar una respuesta institucional durante un período más largo que el de la emergencia inmediata. El fuego puede ser contenido en días, pero la recuperación ambiental suele necesitar mucho más tiempo.
La situación también obligó al Gobierno provincial a emitir un alerta nacional para reforzar el operativo de combate. Bomberos, Defensa Civil y equipos especializados trabajaron en una zona compleja, con condiciones que dificultan la extinción total de los focos. La presencia de raíces subterráneas y vegetación seca puede mantener puntos calientes durante varios días, aun cuando las llamas visibles disminuyan. Ese tipo de incendio exige vigilancia sostenida, recorridas y enfriamiento permanente. La prioridad operativa es evitar reinicios que vuelvan a comprometer zonas cercanas a la ciudad.
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Cafayate tiene una sensibilidad particular frente a este tipo de eventos. La localidad se ubica en el corazón de los Valles Calchaquíes, una región reconocida por su atractivo turístico y por su producción de vinos de altura. El fuego, entonces, afecta mucho más que un sector rural aislado. Puede dañar paisajes, caminos, actividades productivas, circuitos turísticos y la percepción de seguridad ambiental del destino. La región vive de una relación estrecha entre naturaleza, producción vitivinícola y visitantes, por lo que cada pérdida de monte también golpea una parte de su identidad territorial.
La finca señalada en la denuncia pertenece a El Monte S.A., firma sobre cuya propiedad se originó el foco investigado. La causa deberá establecer qué ocurrió en ese predio, si existieron acciones previas, descuidos, circulación de personas o factores externos que expliquen el inicio del fuego. La reiteración de episodios en la misma propiedad durante un lapso breve representa uno de los elementos que más inquieta al municipio. Aun así, la responsabilidad penal requiere pruebas concretas y no solo presunciones. La investigación deberá unir indicios, pericias y declaraciones antes de arribar a una conclusión.
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El incendio deja a Cafayate frente a dos urgencias simultáneas: apagar por completo los focos y saber quién o qué originó el daño. La emergencia ambiental da un marco para asistir la reparación, pero la causa judicial será la que determine si hubo responsables detrás del avance del fuego. El límite pendiente está en transformar la sospecha social en evidencia o descartarla con respaldo técnico. Hasta entonces, la ciudad seguirá mirando una zona quemada que concentra pérdidas ambientales, riesgo operativo y una pregunta central para el futuro: si el fuego fue evitable, alguien deberá responder por sus consecuencias.
Fuente: NA.
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