Seis años después, la Corte dejó firmes condenas a exministros de Río Negro
Actualidad22/06/2026
Sergio BustosEl máximo tribunal rechazó los últimos recursos de la defensa y confirmó las penas contra exfuncionarios del gobierno de Miguel Saiz por el pago irregular de adicionales salariales con fondos públicos.
Una de las investigaciones más extensas y resonantes vinculadas al manejo de fondos públicos en Río Negro llegó a su instancia definitiva. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas y dejó firmes las condenas contra exfuncionarios provinciales involucrados en la denominada causa de los sobresueldos.
La decisión del máximo tribunal pone fin a un proceso judicial que se extendió durante años y que analizó un mecanismo de pago de adicionales salariales a funcionarios fuera de los procedimientos administrativos habituales del Estado. Con el fallo, quedaron agotadas las instancias ordinarias de revisión y las condenas adquirieron firmeza.
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La causa investigó hechos ocurridos entre 2004 y 2010 durante la gestión del exgobernador Miguel Saiz. Según determinaron los tribunales que intervinieron en el expediente, fondos públicos eran utilizados para distribuir sumas adicionales entre funcionarios provinciales mediante un sistema que operaba por fuera de los controles formales.
La Justicia concluyó que esos pagos no seguían mecanismos transparentes de registración ni criterios objetivos para su asignación. Ese esquema fue considerado irregular y derivó en las condenas de exintegrantes del gabinete provincial y de otros funcionarios con responsabilidades en el manejo de recursos estatales.
Entre las penas más elevadas se encuentran las impuestas a los exministros César Barbeito, quien estuvo al frente de la cartera de Educación, y Francisco González, exministro de Coordinación. Ambos fueron condenados a tres años y seis meses de prisión efectiva.
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La resolución también alcanza al extesorero provincial José Ongaro y a otros cinco exministros que integraron distintas áreas del gobierno rionegrino durante aquel período. Se trata de Omar Contreras, exresponsable de Turismo; Cristina Uría, de Salud; Juan Accatino, de Producción; Alfredo Pega, de Desarrollo Social; y Diego Larreguy, de Gobierno.
En esos casos, las penas fijadas fueron de dos años y seis meses de prisión. Por otra parte, durante el desarrollo del proceso judicial se declaró prescripta la acción penal contra el excontador general Gustavo Picci.
Los recursos extraordinarios que ahora fueron rechazados habían sido presentados en 2020, luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmara las condenas dictadas en instancias anteriores. Desde entonces, el expediente permanecía a la espera de una definición por parte de la Corte Suprema.
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Al analizar los planteos de las defensas, el máximo tribunal resolvió no abrir la instancia extraordinaria. En la resolución sostuvo que los recursos estaban “mal concedidos” y que las presentaciones no cumplían con los requisitos necesarios para habilitar una revisión del caso.
Según expresó la Corte, los planteos “no cumplen con el requisito de fundamentación autónoma ni refutan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia apelada”. Ese criterio derivó en el rechazo definitivo de los recursos y en la confirmación de las condenas.
La decisión cierra judicialmente una causa que durante años ocupó un lugar central en la agenda política y judicial de Río Negro. Con el fallo firme, quedan ratificadas las responsabilidades penales establecidas por los tribunales respecto de uno de los expedientes más relevantes vinculados a la administración de fondos públicos en la provincia.
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