Comenzó el cumplimiento de las condenas por los sobresueldos en Río Negro
Policiales23/06/2026
Sergio BustosLa causa por los sobresueldos en Río Negro, uno de los expedientes judiciales más extensos y resonantes vinculados a la administración pública provincial, ingresó en una nueva etapa tras la confirmación de las condenas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El avance más visible se produjo en las últimas horas con la detención de dos de los ex funcionarios condenados a penas de prisión efectiva.
César Barbeito, ex ministro de Coordinación durante la gestión de Miguel Saiz, se presentó este lunes en una comisaría de Bariloche luego de regresar al país y quedó formalmente detenido. Días antes había hecho lo mismo el ex secretario general de la Gobernación, Francisco “Ringo” González, quien se presentó en Darwin y actualmente permanece alojado en una dependencia policial de Pomona.
Ambos son los únicos condenados que deberán cumplir prisión efectiva debido a que recibieron penas de tres años y medio de prisión por el delito de peculado. El resto de los ex funcionarios involucrados recibió condenas menores, por lo que se encuentran en condiciones de acceder a la excarcelación mientras se ejecutan las resoluciones judiciales.
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Ahora la atención está puesta en la decisión que deberá adoptar el Servicio Penitenciario Provincial. El organismo deberá resolver si los condenados continúan alojados en dependencias policiales o son trasladados a otros establecimientos destinados al cumplimiento de la pena.
Mientras tanto, las defensas comenzaron a preparar una nueva ofensiva judicial. Los abogados buscan plantear la prescripción de las penas argumentando el tiempo transcurrido desde la sentencia y la demora registrada durante el tratamiento del expediente en la Corte Suprema.
La estrategia no surge de manera aislada. Los defensores observan un antecedente favorable en el caso de Miguel Irigoyen, quien logró que prosperara un planteo similar vinculado a la prescripción de la pena luego de una resolución del máximo tribunal en otra causa de relevancia provincial.
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La confirmación de las condenas también generó repercusiones dentro del Poder Judicial rionegrino. Según trascendió, existieron diferencias respecto de los tiempos y la forma en que debían ejecutarse las órdenes derivadas del fallo de la Corte Suprema.
El viernes pasado, apenas se conoció la decisión judicial, los jueces de Garantías comenzaron a preparar las notificaciones correspondientes para los ex funcionarios condenados. La intención era avanzar con el procedimiento formal y otorgar al sistema penitenciario el tiempo necesario para organizar las condiciones de alojamiento.
Sin embargo, esa dinámica habría generado cuestionamientos internos. Distintas versiones señalan que la jueza del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, impulsora original de la investigación durante su etapa como fiscal, consideró que los tiempos de ejecución no eran los adecuados y promovió una aceleración de las actuaciones.
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Ese movimiento habría provocado malestar entre algunos integrantes del sistema judicial, donde se cuestionó una supuesta intromisión en decisiones operativas que correspondían a otros magistrados. La situación sumó un nuevo capítulo de tensión a una causa que durante años estuvo rodeada de controversias políticas y judiciales.
El expediente terminó con condenas para Francisco González y César Barbeito, además de los ex ministros Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega y Diego Larreguy. También resultó condenado el extesorero general de la provincia, José Ongaro.
La resolución de la Corte Suprema dejó firmes todas las sentencias y cerró una discusión judicial que se extendió durante años. Sin embargo, el proceso todavía no concluyó. La situación de los condenados, los planteos de prescripción y las decisiones que adopte el sistema penitenciario marcarán los próximos pasos de una causa que vuelve a ocupar el centro de la escena política y judicial de Río Negro.
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